El gobierno federal importará diésel especial para Tren Maya

Nacional lunes 12, Dic 2022

 

De la refinería Deer Park

 

• Tramo de Palenque a Chetumal, operará con combustible no contaminante

 

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que para los tramos del Tren Maya que no sean eléctricos, van a contar con un diésel especial no contaminante producido en la refinería Deer Park, localizada en Houston, Texas, lo que a decir del mandatario es una muy buena noticia.

Durante una de sus conferencias mañaneras en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo explicó que este diésel especial es bajo en azufre, de modo que no representa más daños al medio ambiente que un combustible de otro tipo.

“De Palenque hasta Chetumal el Tren va a funcionar con un diésel especial no contaminante, por eso hablo de una buena noticia porque es un diésel que se va a importar de la refinería Deer Park y no solo se va a utilizar para el Tren de bajo contenido de azufre no contaminante, sino ya se tomó la decisión que se va a utilizar en toda la Península y lo tiene que ver con Chiapas y Tabasco”, aseguró.  En ese mismo sentido, agregó que “çde Mérida a Cancún, Tulum, Chetumal, es eléctrico. ¿Qué tramo son? Es el tramo básicamente 3, 4, 5 y 6. Va ser eléctrico y también va a poder funcionar con ese diésel bajo en azufre”.

De tal manera, asegura, se busca que el proyecto sea en la medida de lo posible lo más amigable con el medio ambiente en todo su recorrido de 1,500 km aproximadamente y pasará por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

ONU alerta por impacto del proyecto

De acuerdo con la opinión, de algunos expertos en derechos humanos de Naciones Unidas existe preocupación por el posible impacto negativo que el Tren Maya en los derechos de los pueblos indígenas y en el medio ambiente.

A través de un comunicado firmado por 14 relatores de la ONU y otros expertos, manifestaron el temor a que la obra de mil 500 kilómetros, con una inversión de 20 mil millones de dólares, ponga en peligro los derechos a la tierra y los recursos naturales. Asimismo, aseguran que las personas defensoras de los derechos humanos, que plantean sus preocupaciones sobre los impactos negativos, se enfrentan a amenazas y ataques y a un acceso seguro muy limitado a un tribunal independiente e imparcial.

“Como proyecto dirigido por el Estado, el gobierno mexicano debería tomar medidas adicionales para garantizar el respeto de los derechos humanos y el medio ambiente”, dijeron las y los expertos. Además, el gobierno ha elevado el proyecto a la categoría de proyecto de seguridad nacional, lo que le permite derogar la aplicación de las salvaguardias ambientales y sociales. “Este cambio de estatus del proyecto dirigido por el Estado no permite a México eludir su obligación internacional de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de las personas afectadas por este megaproyecto y de proteger el medio ambiente de acuerdo con las normas internacionales” escriben en el documento.

A eso Fernanda Hopenhaym, presidenta del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos agregó que “Esta decisión no sólo tiene el potencial de permitir que los abusos de los derechos humanos sigan sin ser abordados, sino que también socava el propósito del proyecto de llevar un desarrollo social y económico inclusivo y sostenible a los cinco estados mexicanos involucrados. En este contexto, la creciente participación del ejército en la construcción y gestión del proyecto también suscita gran preocupación”.

Y pidieron al gobierno que garantice la participación significativa de las comunidades afectadas y la transparencia en las evaluaciones de los derechos humanos y del impacto ambiental antes de cualquier decisión futura relacionada con el proyecto, como elementos clave para identificar, prevenir y abordar cualquier otro impacto negativo.

“Debe respetarse el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas y deben evaluarse de forma transparente los impactos acumulativos reales y potenciales de los proyectos, de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos y medioambientales”, dijeron los expertos.