Los diputados del oficialismo necesitan asesores que sepan cómo elaborar una ley
Miguel Ángel Rivera viernes 9, Dic 2022Clase Política
Miguel Ángel Rivera
La Presidencia de la República tendrá que colocar un anuncio, ya sea en medios tradicionales o en sus ex benditas redes sociales dirigida a Julio Scherer Ibarra para que acepte regresar al cargo de consejero jurídico.
También en previsión de que Scherer Ibarra no acepte deponer sus desacuerdos con el titular de la Fiscalía General de la República, el también abogado Alejandro Gertz Manero, se podría incluir otros anuncios para contratar nuevo personal, lo cual no sería muy difícil, pues para ocupar el cargo sólo se necesita 90 por ciento de honorabilidad y apenas el 10 por ciento de conocimientos.
Otros avisos semejantes podrían ser publicados por las secretarías de Gobernación y de Hacienda. Tal vez, inclusive podrían agregarse avisos para conseguir consejeros que ayuden a los flamantes diputados del oficialismo a aprender a cumplir con su responsabilidad de elaborar leyes.
Esto porque se comprobó que los abogados de esas tres altas instancias del gobierno de la República fallaron al preparar la iniciativa de reforma electoral “B” que con tanto esfuerzo trata de sacar adelante la llamada Cuarta Transformación y que los diputados del oficialismo, integrantes de las bancadas de Morena, PT y PVEM se apresuraron a aprobar, de acuerdo con las instrucciones surgidas “desde arriba”, sin cambiarles ni una coma.
El mandato se cumplió al pie de la letra, en el menor tiempo posible y sin cumplir ninguno de los requisitos que establecen las normas que regulan el trabajo del Poder Legislativo.
La necesidad de contratar abogados con un mínimo de capacidad para elaborar leyes surgió ayer, cuando superado el momento de las prisas por quedar bien con el presidente Andrés Manuel López Obrador, los diputados tuvieron tiempo para ponerse a leer lo que habían aprobado y encontraron que habían cometido errores que obligarán a una revisión profunda, que puede comprender que la minuta sea devuelta a la Cámara de Diputados para que se corrijan los errores.
La incapacidad de los abogados del Ejecutivo federal la puso en evidencia el propio secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, cuando cumplió las funciones de mensajero al llevar la iniciativa al Palacio Legislativo de San Lázaro.
El funcionario dijo que la iniciativa fue elaborada por el Ejecutivo Federal y entregada al presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel.
Interrogado acerca de quién redactó la propuesta de reformas, López Hernández expuso que “la iniciativa la elaboró un grupo de trabajo integrado por la consejería jurídica del Ejecutivo, abogados de la Secretaría de Gobernación, otro de la Secretaría de Hacienda”.
El reconocimiento de errores en la iniciativa vino también de una fuente oficial de la llamada Cuarta Transformación, nada menos que de uno de los diputados que mayor esfuerzo dedicó a cumplir las instrucciones de Palacio Nacional en el sentido de que el “plan B” se aprobara el mismo día en que la oposición bloqueó la reforma constitucional que en la materia deseaba el inquilino de Palacio Nacional. Se trata, nada menos, del coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier Velazco.
El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) reconoció que “se les fue un error” en la redacción de la reforma electoral que se votó este 7 de diciembre, y el cual beneficia a sus aliados del PVEM y el PT.
Queda menos de una semana para
corregir los “errores” de los diputados
“En este ejercicio cometimos un hierro procedimental que nosotros admitimos y que es de reconocer, fue una reserva que agregamos, vamos a asumirlo y anunciar que hay dos renglones que no debieron haber aparecido y que sin embargo, se metieron”, dijo el legislador.
La reserva establece que aquellos partidos que no alcancen el 3% de la votación nacional, no perderán el registro siempre y cuando ganen en 17 estados.
“Fue una reserva que quedó, no la habíamos originalmente propuesto, no quisimos solicitar a la Secretaría de Servicios Administrativos y la Mesa Directiva que se hiciera la corrección, sino asumirlo y anunciarlo, que, por lo que hace específicamente al artículo 15, fracción cuarta, hay dos renglones de este cuarto párrafo que no debieron haber aparecido y que, sin embargo, fueron votados y dijo que pediría al Senado que enmendara la falla.
En ese espacio es donde se requiere la asesoría de constitucionalistas que orienten a los diputados oficialistas acerca de los procedimientos para corregir su error y eso en el menor tiempo posible.
Esto porque tal vez no sea lo más adecuado ni suficiente con que los senadores realicen los cambios, pues las normas que rigen el procedimiento legislativo exigen que, en caso de cambios a una iniciativa por parte de la Cámara revisora —en este caso, el Senado— la minuta debe ser devuelta a la Cámara de origen, para que sus integrantes rectifiquen o ratifiquen los cambios.
Para las prisas que tienen en la llamada Cuarta Transformación por dejar lista la reforma electoral lo antes posible, devolver la iniciativa a San Lázaro implicaría la pérdida de algunos días que pueden resultar vitales, pues el actual periodo de sesiones no se puede prolongar más allá del día 15 de diciembre, es decir, resta menos de una semana.
Los incondicionales presionan en el
Senado para acelerar la reforma electoral
Mientras los “duros” del Senado presionan para apurar los trabajos para aprobar la reforma electoral, el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, ha insistido en la necesidad de revisar con detenimiento las propuestas de cambio que involucran cambios a media docena de leyes y la promulgación de una nueva.
Pero no sólo eso, el propio promotor del llamado “plan B”, el presidente López Obrador, hizo referencia a otro proceso que, contra su deseo, también puede consumir tiempo. En relación con la impugnada reserva, introducida de última hora, para poner a salvo a las rémoras de Morena, el PT y PVEM, el primer mandatario advirtió que podría proponer otra iniciativa para retirar esa cláusula que abre la posibilidad de que los partidos minoritarios puedan mantener el registro nacional, inclusive en caso de no obtener el mínimo constitucional de 3 por ciento.
Esa enmienda no estaba incluida en el “plan B enviado” desde Palacio Nacional. Se agregó luego de negociaciones con los partidos satélites, en particular el PT, que inclusive amenazó con votar en contra.
El texto ahora considerado un error dice: “Al partido político nacional que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro, salvo que haya conservado el registro como partido local, obteniendo al menos el tres por ciento de la votación válida emitida, en al menos la mitad más uno del total de las entidades federativas en donde se haya desarrollado una elección concurrente, esto aplicará para la elección donde se elijan Presidente de la República, senadurías y diputaciones federales, así como en la elección donde sólo se renueve la Cámara de las y los Diputados”.
Es de recordar que, en 2015, el PT perdió su registro al no alcanzar el mínimo de 3 por ciento de votación nacional, pero gracias a que se anularon 27 casillas en un distrito de Aguascalientes, esa elección se tuvo que repetir, y el nuevo resultado les favoreció. En esa ocasión, se dijo extraoficialmente, la ayuda para salvar al PT provino del PRI.
Al respecto, Mier admitió que la nueva facilidad para sus aliados no debió incluirse en la reforma. “La cámara aprobó el plan B, de reformas a seis diferentes leyes. De manera sustantiva a la Ley General de Partidos y en este ejercicio cometimos digamos un yerro procedimental.
En consecuencia, como se dice en términos deportivos, ahora el balón está del lado del Senado y si se cumplen las amenazas de los satélites de Morena, el PT y el PVEM, podría darse un vuelco en el equilibrio de fuerzas.
Esos partidos tienen, sumados, diez senadores que, en caso de votar al lado del bloque opositor, dejarían en minoría a Morena, que tiene sólo 61 de los 128 miembros del Senado.
Ese sería otro problema para Ricardo Monreal o provocar divisiones, sobre todo en el PT, donde algunos de sus senadores son “prestados”.
