Desesperados
¬ Augusto Corro lunes 20, Jun 2011Punto por punto
Augusto Corro
- Movilizaciones de transportistas
- Precios de gasolinas, por las nubes
- Comisión de la Verdad, en Oaxaca
Desesperados, los transportistas efectuaron manifestaciones en diferentes ciudades del país y carreteras, para protestar por los precios en las gasolinas y la inseguridad en los caminos. Se quejaron de que en las condiciones actuales, los costos de los insumos no les permiten obtener utilidades para vivir decorosamente.
Los hombres del volante dijeron que continuarán con sus movilizaciones hasta que las autoridades los escuchen. Demandaron, principalmente, seguridad en las carreteras porque estas se encuentran saturadas de asaltantes, incluidos los policías que se dedican a extorsionarlos.
El mensaje de los conductores fue directo al secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, quien a principios de año manifestó que los aumentos a los combustibles se mantendrán y se aplicarán cada segundo sábado del mes.
En el mundo mágico que viven los panistas y de acuerdo con la visión del funcionario mencionado, las alzas a los precios de las gasolinas no afectarán de manera importante la inflación. Claro, es el punto de pista de un político inexperto en busca de la candidatura presidencial.
Sin embargo, Cordero no es el único responsable de que el valor de los combustibles afecte severamente la economía de los transportistas. No olvidar que el pésimo manejo de Petróleos Mexicanos (Pemex) convirtió a México en un país importador de combustible y a pagar precios de acuerdo a lo establecido en los mercados internacionales. Ya se pueden imaginar cuanto nos cuesta la gasolina que viene de Estados Unidos.
Quienes conocen el tema aseguran que es mejor importar que producir gasolinas en nuestro país. De ahí la demora en la instalación de una nueva refinería en Tula, Hidalgo, donde el gobierno estatal ya tiene los terrenos, pero el dinero para la obra aún no llega, ni llegará. Total: es incosteable la inversión y el mantenimiento de una refinería. De esto se desprende que el gobierno panista difícilmente encontrará una solución al conflicto de los transportistas.
A todo esto, los conductores y dueños de camiones se encuentran empeñados en que las autoridades escuchen sus demandas, con las que buscan mejorar sus condiciones de vida, que no son las de Cordero, quien puede vivir con seis mil pesos mensuales, mismos que le alcanzan para tener su casa, coche y mandar a sus hijos a escuelas particulares, como la bartola aquella de la canción de Chava Flores.
Mientras los transportistas realizan sus protestas, el secretario Cordero continúa en su precampaña rumbo a la candidatura presidencial panista, montado en discursos incongruentes, muy lejos de la realidad, por decir lo menos.
COMISIÓN DE LA VERDAD EN OAXACA
Poco a poco se cierra el círculo contra el ex gobernador oaxaqueño Ulises Ruiz Ortiz (URO) pues tendrá que responder, tarde o temprano, a las innumerables y muy graves irregularidades registradas durante su administración, que van desde el mal manejo de los dineros hasta las acciones represivas contra los maestros y los appistas.
En esto último, a URO lo amenazan tormentas jurídicas, si no es que huracanes: Flavio Sosa, diputado local petista, entregó a la mesa directiva del Congreso estatal una iniciativa de ley, para crear una Comisión de la Verdad encargada de investigar los crímenes políticos cometidos durante el movimiento social de 2006 a 2007.
Es decir, cuando URO se despachaba como dictadorzuelo oaxaqueño. Dicha iniciativa prevé crear un organismo público autónomo, independiente, con personalidad jurídica y patrimonios propios, que operaría durante dos años.
Integrarían la Comisión once miembros -entre ellos quien presida- que serían nombrados por la Cámara de Diputados, a propuesta de la sociedad civil.
La iniciativa multicitada señala la necesidad de desarrollar un proceso de investigación que determine, sin lugar a dudas, quienes fueron los responsables de los crímenes cometidos durante la represión al movimiento social, así como la identificación plena de cuántas y qué personas vieron vulnerados sus derechos.
En la exposición de motivos se explica que “la sociedad y sus instituciones están en la obligación de hacer lo que esté en sus manos para que el pueblo acceda a la justicia”, pues sin esta, “no será posible la reconciliación entre los diversos sectores de la sociedad oaxaqueña”.
Así, en ese sentido, añade que “el primer paso para lograr la justicia es conocer la verdad de lo que sucedió en Oaxaca, en los años 2006 y 2007” en relación con la represión gubernamental al movimiento social de esos años, y esa es la necesidad social que quedaría cubierta con la creación de la Comisión de la Verdad.
También expone “que en la mayoría de los casos, las comisiones de la verdad han sido creadas con el fin de coadyuvar en las investigaciones de situaciones sociales de represión, violencia política o ruptura institucional, pretendiendo ser catalizadores que resuelvan o den cauce al agravio que surgió debido al abuso del poder. El respeto y salvaguarda a los derechos humanos es uno de los indicadores más claros del grado de avance civilizatorio de una sociedad, y en éste, un componente importantísimo son las medidas que la propia sociedad toma para ver quienes han sido vulnerados en sus derechos humanos”.
Gabino Cué debe coadyuvar, en la medida de sus posibilidades, a que la iniciativa se concrete y cumpla sus fines, porque se trata de hacer justicia a una sociedad que fue vejada, humillada y ofendida, por un sátrapa como URO, quien utilizó a la fuerza pública como arma represora, con los resultados que todo mundo conoce.
Se trata de una oportunidad que Gabino Cué tiene que aprovechar para restaurar el tejido social que fue roto durante la guerra sucia, obvio decirlo, llena de acciones represoras. También se debe investigar, a fondo, la política de URO hacia las etnias oaxaqueñas.
Decenas de indígenas fueron asesinados por grupos paramilitares en la región mixteca. Concretamente, la etnia triqui resultó el blanco de los agresores identificados con el gobierno del “virrey” oaxaqueño.
Por cierto, la policía detuvo a Gonzalo Ruiz Cerón, quien fungió como coordinador de Transporte en la administración de URO, por presunto tráfico de 9 mil 207 concesiones de taxis. Vaya transas.
