Feministas piden respeto a su marcha, programada también para el domingo 27
Miguel Ángel Rivera viernes 25, Nov 2022Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Qué más tiene pasar en México para que este gobierno nos proteja, qué más tiene que pasar para que dejen el ego y acepten que no tienen agenda de género. Les fallaron a las mujeres que votaron por ustedes y sus promesas falsas, nos fallaron a todas, acusó la diputada federal Jaqueline Hinojosa Madrigal.
En el marco de la Conmemoración del Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer, la integrante del grupo parlamentario del PRI reclamó que en la discusión del Presupuesto 2023, el grupo mayoritario no apoyó a las mujeres y no les dio más recursos para programas.
Esto no es nuevo, el gobierno de la llamada Cuarta Transformación ha tenido uno de sus principales negativos en el trato con las mujeres. Desde el inicio del sexenio surgieron desacuerdos entre las autoridades y las organizaciones feministas.
Para infortunio del gobierno impulsado por Morena y sus aliados, las protestas feministas no se reducen a un problema local, sino que han trascendido a otras regiones del mundo.
Por ejemplo, el 10 de marzo de 2020, el influyente diario estadunidense The New York Times reportó:
“Decenas de miles de mujeres desaparecieron de las calles, las oficinas y las aulas en todo México, el lunes como parte de un paro laboral para protestar por la violencia que sufren y para exigir al gobierno que tome medidas.
“La ausencia de las mujeres de los espacios públicos intentaba ser un recordatorio de que cada día, diez mujeres son asesinadas en México y desaparecen para siempre, dijeron las organizadoras.
“Ya no es humanamente posible seguir viviendo en un país donde asesinan a una mujer de la manera más brutal y no haya consecuencia alguna y que haya una cultura que lo sustente y lo permita”, dice la nota al citar a una feminista.
“El paro, así como una marcha que atrajo a decenas de miles de mujeres a las calles el domingo fueron un parteaguas para México, un país que durante mucho tiempo ha sido incapaz de lidiar con el machismo arraigado y la violencia de género”, agrega la nota firmada por Paulina Villegas.
Es cierto que, en lo interno, las protestas femeninas se han magnificado por la haber sido infiltradas por grupos que se autodenominan “anarquistas”, cuyos integrantes aparecen enmascarados y que atacan indiscriminadamente edificios, comercios y monumentos nacionales, al grado que han ocasionado que, ante cada marcha de protesta, se “blinde” prácticamente todo el primer cuadro de la Ciudad de México, en particular Palacio Nacional y otros edificios históricos.
Esas precauciones resultan justificadas, pero hay cuestiones que no se explican. Por ejemplo, no hay razón para que el gobierno federal, no se diga el presidente de la República, sino algún otro funcionario de primer nivel, no busque dialogar y encontrar soluciones junto con los dirigentes de las organizaciones feministas.
Y, del otro lado, en cuanto a acciones disciplinarias, no se explica por qué los vándalos que se escudan en las manifestaciones feministas no han sido llevados a la cárcel a pesar de que han sido aprehendidos in fraganti. Por el contrario, se les deja en libertad de inmediato y casi se les ofrecen disculpas.
En este tema, es de reconocer que el Poder Legislativo, por intemerdio de las Cámaras de Diputados y de Senadores, han intentado contribuir a la solución del problema con reformas legales de avanzada, pero ya se sabe que no basta con promulgar nuevas leyes, sino que se requiere que se apliquen y se hagan cumplir.
Por eso se justifica la protesta de la diputada Hinojosa Madrigal, quien en su discurso destacó:
“La acción colectiva sin precedentes también puso a prueba el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dijo que el movimiento feminista luchaba por una causa legítima, pero, argumentó, como ha hecho antes, que la marcha y el paro estaban siendo promovidos por oponentes políticos que quieren ver que este gobierno fracase, señaló la legisladora, quien, desde la tribuna del Palacio Legislativo de San Lázaro recordó:
“En nuestro país, 11 mujeres son víctimas de feminicidio diariamente, 80 por ciento se siente insegura en sus estados, además de que existe un registro de ocho mil desaparecidas y suman más de 13 mil muertas en lo que va del sexenio. Para ustedes son carpetas de investigación, para nosotras son madres, amigas, compañeras e hijas”.
También advirtió que “la curva (de la violencia contra las mujeres) no se aplana. Pareciera que desde que nacemos estamos condenadas. El patriarcado mata, el machismo mata, la indiferencia mata”, destacó la legisladora priista, tras señalar que en materia política, silencio es complicidad.
Por cierto, la legisladora priista hizo referencia a la manifestación feminista programada para el venidero domingo 27 del presente mes, día que también seleccionó el presidente Andrés Manuel López Obrador para su manifestación y mitin para contrarrestar los efectos de las concurridas protestas que se realizaron el domingo 13 en más de 50 ciudades de la República en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) y el tribunal federal del ramo (TEPJF).
Al respecto, Hinojosa Madrigal hizo un llamado al primer mandatario y a la jefa de Gobierno, para dejar las puertas abiertas de Palacio Nacional y no vayan a recibir a las manifestantes con vallas, granaderos y gases lacrimógenos, como en los años pasados.
“Que nos cuenten bien, en las calles seremos miles, desde Baja California hasta Yucatán. Estamos en pie de lucha porque vivas nos queremos. No tenemos miedo y no queremos a ni una menos”, remarcó la legisladora.
La Suprema Corte deja vigente la prisión preventiva oficiosa
A pesar de una nueva andanada de críticas —o tal vez por ello— del presidente López Obrador en contra de los jueces federales, la Suprema Corte de Justicia ratificó la vigencia de la Prisión Preventiva Oficiosa, que en opinión de muchos juristas y de organizaciones de la sociedad civil, implica una violación a los derechos fundamentales de los ciudadanos, en particular al principio constitucional de que nadie puede ser privado de su libertad si no ha sido condenado por un tribunal.
En su mañanera, el primer mandatario manifestó que a pesar de no haber “evidentes acuerdos de autoridades estatales”, o de complicidad entre gobiernos estatales con el crimen organizado, “donde tenemos todavía muchos problemas es en el comportamiento de los jueces del Poder Judicial y vamos a seguir haciendo la denuncia, porque siguen los sabadazos, y yo espero que se actúe, que el Poder Judicial tome esto como algo prioritario”.
Previo al informe “Cero Impunidad”, que presenta cada jueves el subsecretario de la Secretaría de Seguridad, Ricardo Mejía, el mandatario sostuvo que es el Poder Judicial donde hay “notoriamente más impunidad” y se pronunció porque desde el interior de éste Poder se genere una reforma legislativa en esta materia.
“Hay menos impunidad, sin duda, pero donde sigue habiendo notoriamente más impunidad, protección, es en el caso del Poder Judicial para liberar a personas que cometen delitos y que al final resultan inocentes y los liberan porque se integró mal la averiguación o por cualquier excusa, cualquier pretexto, que resultan que se vuelven muy, muy legalistas. Es un problema estructural pero hay que atenderlo”.
El jefe del Ejecutivo también señaló que ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo pueden intervenir, por lo que los cambios deben surgir desde el Judicial.
“No es ánimo de estar socavando la credibilidad del Poder Judicial, porque no se puede también generalizar, es en algunos casos, pero sigue presentándose ese problema, y no se inicia ningún proceso de investigación, y la Judicatura es para eso; es el Poder Judicial dentro del Poder Judicial”, indicó el mandatario.
En cuanto a la Prisión Preventiva Oficiosa (PPO), por mayoría de nueve votos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mantuvo vigente esa norma que permite dejar en prisión a personas que no han sido sentenciadas.
La ponencia del ministro Luis María Aguilar, que planteaba que la PPO deje de aplicarse de manera automática al tratarse de delitos graves sólo obtuvo cinco votos a favor, cuando se necesitaban al menos ocho votos para ser aprobada.
Sin embargo, se determinó eliminar la prisión preventiva oficiosa para los delitos de contrabando y defraudación fiscal simple, con nueve votos a favor.
