Ley antiinmigrante de Texas
Luis Muñoz viernes 17, Jun 2011Segunda vuelta
Luis Muñoz
Con una votación de 19 a favor y 12 en contra y después de casi ocho horas de debate, el miércoles fue aprobaba por los republicanos en el Senado la iniciativa de ley con la cual la policía de Texas podrá tener mayores facultades para verificar el status migratorio de detenidos.
La iniciativa fue enviada a la Cámara de Representantes, donde se espera que una amplia mayoría republicana también la apruebe.
A pesar de las objeciones y emotivas expresiones de los demócratas que la calificaron como una invitación para acosar a los latinos, no se pudo revertir el curso de la votación.
Es lamentable, descalificable y condenable la aprobación no sólo de ésta sino de otras tantas leyes antiinmigrantes y evidentemente raciales, que han adoptado en diferentes entidades de Estados Unidos como las avaladas en Georgia y Texas, señaló el diputado federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Martín García Avilés.
Como vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos, Migración y Asuntos Indígenas de la Confederación Parlamentaria de las Américas (Copa), el representante popular michoacano aseveró que tal parece que los legisladores de algunos estados de la Unión Americana no han aprendido de la lección que les dejó la anulación de varias de las propuestas de la Ley SB 1070 en Arizona.
García Avilés, quien es además integrante de la Comisión Especial sobre Migración en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, aseveró que con leyes que criminalicen la migración y con muros no se va a detener el flujo de personas y, por el contrario, el fenómeno se va a convertir en un problema interregional cada vez más grave entre México y Estados Unidos.
Desde su punto de vista, la migración es un fenómeno natural que no se ha dado sólo en los últimos años, sino que se tienen registros del mismo desde hace milenios y, por lo tanto, los gobiernos estadunidenses deberían reconocer que sus condiciones geográficas y económicas son atractivas para los migrantes, no sólo de México, sino de varios países del mundo.
Amnistía Internacional (AI), atenta a estos temas, ha insistido en que la aprobación de iniciativas de esta naturaleza lo que hace el Congreso estadunidense es dan su apoyo a futuras violaciones de derechos humanos que cometa su gobierno.
Está el caso, por ejemplo, de la Ley de Comisiones Militares, cuya legislación dejó abiertamente a Estados Unidos del lado incorrecto de la ley internacional y transformó malas políticas
en práctica en malas leyes domésticas.
Tras la aprobación de la iniciativa por parte del Senado norteamericano, muchas fuerzas de seguridad de Texas están en desacuerdo con permitir que sus oficiales interroguen a detenidos sobre su status migratorio, sin importar la razón de la detención, ya sea por infracciones de tránsito o por crímenes graves.
La medida impulsada por el gobernador republicano Rick Perry y legisladores de su partido, prohíbe a las agencias y gobiernos locales de adoptar ese tipo de políticas para sus oficiales y subalternos. Las dependencias que lo hagan recibirán menos subvenciones por parte del Estado.
“Esta iniciativa es un abierto hostigamiento contra los latinos”, dijo el senador Mario Gallegos, demócrata por Houston. “Este proyecto es el más racista, el que afecta más a los latinos y más anti-inmigrante que he visto”.
Los republicanos en el Senado estaban decididos a dar facultades a los policías que muchos en el sistema de justicia han dicho que no quieren o necesitan.
Los críticos, incluyendo comandantes policiales de Austin, El Paso, Fort Worth, Houston y San Antonio, temen que la ley será usada para acosar a los latinos y provocar la desconfianza hacia la policía en las comunidades de inmigrantes.
OTRAS LEYES
La legislatura del estado de Utah aprobó una reforma en la inmigración que comprende una ley al duro estilo de Arizona y un prometedor programa de trabajadores huéspedes para indocumentados.
Los simpatizantes dijeron que el paquete legal de la reforma, recién aprobado, presenta un equilibrio entre el imperio de la ley, las necesidades económicas y un sentido de piedad.
Los detractores, incluidos muchos republicanos conservadores, afirmaron que la reforma es una especie de recompensa indebida para los indocumentados, que además posiblemente alentará una mayor ingreso de inmigrantes sin papeles.
El paquete de la reforma, que incluye una medida para contratar temporalmente a trabajadores mexicanos, sería remitido al gobernador Gary Herbert, que es republicano.
El programa, que para regir necesita una dispensa federal, permitiría a los indocumentados permanecer en el estado como trabajadores huéspedes con sus familias.
La iniciativa sobre la aplicación de ley de inmigración, el Proyecto 497, sigue el ejemplo de la ley de Arizona que criminaliza a los indocumentados, pero contiene diferencias que permitieron tranquilizar a los legisladores preocupados por el estigma negativo que carga la legislación de ese estado vecino.
EL CASO DE GEORGIA
La Cámara de Representantes del estado de Georgia aprobó un proyecto de ley para combatir la llegada de indocumentados que contiene puntos similares a la dura ley de inmigración aprobada en el 2010 en Arizona.
La iniciativa, que impulsó el representante republicano Matt Ramsey, tuvo 113 votos a favor y 56 en contra, en un resultado que marca una clara línea partidista.
Corresponde al gobierno federal garantizar las fronteras de Estados Unidos y deportar a los indocumentados, aunque Georgia puede suprimir los incentivos que los atraen al estado, expresó Ramsey.
“No hay la menor duda, nuestro gobierno federal nos ha fallado y nuestros ciudadanos en Georgia están sufriendo las consecuencias”, expresó Ramsey en la presentación del proyecto de ley en la Cámara de Representantes local.
La iniciativa permite a la policía verificar la condición migratoria de sospechosos de algún delito y sanciona a las personas que transporten o alojen a indocumentados, al igual que la nueva ley de Arizona.
PROGRAMA DE VERIFICACIÓN
Ojalá y lo que pretende el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, con su Programa de Verificación Permanente al Transporte Público lo logre, siempre y cuando los verificadores haya sido “vacunados” contra actos de corrupción como es costumbre.
El objetivo es garantizar el cumplimiento de las normas en todo el sistema, al cual se someterán más de 200 mil automotores.
Ebrard dijo que “van a tener que verificar taxis irregulares, van a tener que verificar los famosos microbuses, van a tener que verificar los vehículos que provienen del Estado de México, que son miles todos los días; así como todo el servicio de taxis, que involucra más de 120 mil vehículos en la ciudad todos los días”, comentó.
El caso es que no tengamos bases irregulares de taxis, que no tengamos circulando vehículos que nadie sabe quién es el dueño ni quién es el chofer, que no tengamos los denominados taxis piratas sin autorización.
Vamos a ver que tan buenos resultados da y cuánto dura.
