Suspicacia
¬ Augusto Corro jueves 16, Jun 2011Punto por punto
Augusto Corro
- JHR, ¿otra víctima más?
- Periodista asesinado
- Operativo Conago Uno
Como se planteó desde un principio, Jorge Hank Rhon resultó ser víctima del gobierno federal. Tras nueve días de prisión y casi 13 horas de arraigo, el ex alcalde de Tijuana regresó a su casa, luego de que una juez federal ordenó su liberación con las reservas de ley. También un juez del fuero común local negó la orden de arraigo solicitada por las autoridades federales.
Así terminó una cadena de errores de los gobiernos federal y estatal. La Procuraduría General de la República (PGR) no pudo demostrar que los militares se introdujeron (el sábado 4 de junio) al domicilio del político priísta bajo el principio jurídico de la flagrancia. Es decir, que se daba por un hecho consumado el delito de acopio de armas por parte de Hank Rhon.
Se derrumbó el castillo de naipes en el que estuvo apoyada la ofensiva contra el político, pues, como señalamos ayer, el Ejército actuó imprudentemente, por decir lo menos, en la detención del ex presidente municipal.
El diputado priísta, Alfonso Navarrete Prida, dijo que el caso de JHR representa un mal comienzo para la PGR, porque además del fracaso judicial, existe la suspicacia de que se le utiliza como operadora de asuntos de carácter político.
También señaló que judicializar los asuntos políticos le hacen un gran daño al país. Hizo hincapié en que no se trata de defender a JHR, sino a todo ciudadano que por el solo hecho de ser mal visto por la autoridad pueda ser detenido. Pidió al gobierno federal conducirse con estricto apego a la ley y deje los asuntos electorales en manos de los partidos políticos y de la ciudadanía.
El pésimo manejo del caso por parte del gobierno federal se entendió como terrorismo político, pues se habló que la misma receta que se aplicó a JHR podría extenderse a ex gobernadores priístas que se encuentran en capilla. Esas historias todo mundo las conoce.
El asunto fallido del ex alcalde priísta se suma al “michoacanazo” en el que decenas de funcionarios, entre ellos 12 presidentes municipales, fueron llevados a prisión acusados de sus vínculos con el crimen organizado. Las acusaciones fueron falsas y los presuntos delincuentes alcanzaron su libertad sin problemas mayores.
¿Seguirá en la misma línea el gobierno federal, encabezado por Felipe Calderón Hinojosa? Es posible que sí, no olvidemos que estamos en temporada electoral presidencial adelantada. Las sorpresas seguirán, no lo duden.
REPORTERO, ULTIMADO A TIROS
Otro periodista fue asesinado en Huatabampo, Sonora. El reportero Pablo Ruelas Barraza, de 38 años, al oponerse al secuestro, sus victimarios lo ultimaron a tiros.
El periodista colaboraba en los medios regionales El Diario del Yaqui y el Regional de Sonora.
Los hechos ocurrieron el lunes pasado. Ruelas Barraza cubría temas policiacos. Estaba en la mira de la delincuencia, pues recibió varias amenazas de muerte.
Los datos del crimen fueron proporcionados por la asociación Reporteros Sin Fronteras (RSF).
Las autoridades sonorenses dijeron, inmediatamente, que el comunicador tenía antecedentes penales. RSF contestó que las condenas purgadas por el periodista “no deben servir en ningún caso de pretexto para concluir de prisa la investigación”.
La ONG dijo que Ruelas Barraza no recibió protección, pese a las denuncias por amenazas de muerte recibidas y al acuerdo firmado por autoridades mexicanas en noviembre de 2010, para brindar protección a los comunicadores en riesgo.
La semana pasada, a raíz del Día de la Libertad de Expresión (7 de junio) dijimos que los periodistas se convirtieron en uno de los blancos favoritos del crimen organizado y de las autoridades, pues así lo demuestran las cifras: 30 periodistas asesinados durante el gobierno foxista y 38 en el de Felipe Calderón Hinojosa. Hay que agregar las desapariciones de 13 comunicadores y 21 atentados a instalaciones de diarios y televisoras.
En la mayoría de los casos predomina la impunidad. Es decir, los asesinos se encuentran libres. Esto refleja que las autoridades, en los tres niveles, no tienen el menor interés en resolver los crímenes contra los representantes de los medios de comunicación.
Apenas, el lunes pasado nos referimos, en este espacio, al periodista Antonio López Ortiz, quien fue secuestrado por hombres armados la noche del martes 7 de junio, en pleno centro de Acapulco.
López Ortiz se desempeñaba como jefe de información del diario “Novedades”. Sus familiares realizan marchas para presionar a las autoridades para que realicen las investigaciones del caso con el interés y la celeridad necesarios.
Unos cuantos días antes, el periodista veracruzano, Noel López Olguín, también fue plagiado, asesinado e inhumado clandestinamente. El propio sicario confesó su crimen ante las autoridades.
Se reconfirma, pues, que México es el país más peligroso para ejercer el periodismo. Lo grave del problema es que nadie se preocupa por proteger a los comunicadores de las agresiones de los narcodelincuentes y de las propias autoridades. La impunidad beneficia a los asesinos. Los verdugos de los periodistas andan libres.
SEGURIDAD
Es bueno que los gobiernos dediquen mayor atención al problema de la seguridad en todo el país. Es elogiable, salvo que serán muy pobres los resultados. Para empezar, las policías, en su mayoría deficientes, tienen muchas “consideraciones” con la delincuencia a la que están obligados a combatir: si no la protegen, forman parte de ella.
Nos referimos al operativo Conago Uno, con el cual las entidades federativas trabajarán en conjunto para enfrentar bandas de secuestradores, del robo de vehículos y las que asaltan en carreteras a los pasajeros de autobuses, entre otros delitos.
Los agrupamientos de la policía se encuentran desmantelados en algunas ciudades del norte del país, debido a su vinculación con el crimen organizado. Por ejemplo, como están las cosas en Monterrey, se ignora si la sociedad cuenta con representantes de la ley que la protejan.
¿Cómo se combatirá a la delincuencia con tanta deficiencia en los estados? Ojalá y no se trate únicamente de acciones mediáticas.
