“La mafia” en el poder
Freddy Sánchez martes 8, Nov 2022Precios y desprecios
Freddy Sánchez
De políticos que gradualmente comienzan a actuar como delincuentes a una delincuencia que se empeña en dominar la política hasta que las mafias criminales controlan el poder.
Esa suele ser la ruta de la criminalización de la política en aquellos países en los que no se pone remedio a tiempo y se permite que las bandas del crimen organizado continúen influenciando la vida nacional.
Qué tanto, pues, hemos llegado a ese extremo en nuestro país, sería importante saberlo, pero más que eso garantizar que los gobiernos en turno queden a salvo de la penetración de bandas delictivas prestas al abordaje de los cargos de representación popular.
Y justamente por esa razón, es de fundamental importancia que la sociedad pueda con absoluta libertad elegir a sus gobernantes y legisladores, recurriendo a cambiar lo que le inspire desconfianza o insatisfacción en la forma de decidir los asuntos que competen al interés de la mayoría.
Cualquiera que sea entonces la propuesta en materia de reforma electoral en México, es menester impedir que un grupo político, económico o criminal se agencie el derecho exclusivo de nombrar a los encargados en puestos de elección popular, en los tres órdenes de gobierno. Y para evitarlo es indispensable que los órganos electorales no estén en manos de quienes pudieran decidir impunemente en perjuicio de la sociedad.
Qué mejor entonces que ciudadanos sean los que ocupen cargos en las instituciones electorales, debiendo acreditar no sólo conocimiento en la materia y plena honestidad sino antes que nada y por encima de todo que no los mueve un interés ligado a grupos de poder para convertirse en consejeros o magistrados electorales e inclusive futuros ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
De ahí la imperiosa necesidad de que desde la elección de los aspirantes a contender por un cargo en los órganos electorales, se tenga la absoluta certeza de que son personas ajenas a consignas de carácter oficial, privado y mucho menos delictivo.
En ese tenor, se antoja necesario que en vez de seguir pensando en que los propuestos provengan de propuestas hechas en los poderes ejecutivo, legislativo o judicial, sus nombramientos surjan de sugerencias de índole particular, previa definición de perfiles apropiados para aspirar a dichos puestos y precisiones concretas de que se debe evitar en los aspirantes.
Algo parecido a lo que sucede con los funcionarios de casilla que participan en el conteo de los votos, quienes para ser nombrados en el cargo no pueden ser empleados públicos en una jefatura de departamento para arriba o tener mando partidista alguno, además de que en el caso que nos ocupa se podría determinar la prohibición a participar a ex representantes populares, directivos empresariales, sindicales o clericales entre otros interesados con un perfil que suponga su cercanía con algún grupo de poder.
Cierto es que la selección de prospectos con todas esas restricciones, dificultaría encontrar candidatos ideales, pero entre menos cerca puedan estar los aspirantes a cualquier asunto relacionado con la política, los negocios y las cúpulas sociales, menos desconfianza habrá en su desempeño a favor de los ciudadanos.
Por lo que se refiere a las otras propuestas de carácter electoral que se pretenden convertir en nuevas disposiciones legales con la reforma constitucional debida, justo será convalidar la idea de que el cuidado de la democracia en manos imparciales, competentes y honestas debe pagarse al costo que sea necesario.
Cero derroches naturalmente, pero nada de pichicaterías. La defensa de la vida democrática en el país, amerita hacer el gasto que sea menester para poder enviar a su casa o a la cárcel a los incompetentes o corruptos. Y lo primordial: Impedir que llegue y se perpetúe un grupo criminal en el gobierno. O sea, “la mafia” en el poder.
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