Reforma electoral deja en segundo plano al presupuesto federal 2023
Miguel Ángel Rivera jueves 3, Nov 2022Clase Política
Miguel Ángel Rivera
El controvertido tema de la reforma electoral, no sólo es importante en sí para el gobierno de la llamada Cuarta Transformación, sino que también ha servido como elemento distractor de otro tema fundamental para el país: La aprobación del Presupuesto Federal de Egresos (PEF).
A como van las cosas, el también criticado gasto federal para el año venidero será aprobado a toda carrera, con el sólo respaldo de las bancadas de Morena y de sus rémoras del PT y PVEM.
Esto porque, de acuerdo con la Constitución —y es de suponer que en este caso sí será respetada— establece que el PEF debe ser aprobado, a más tardar, el 15 de noviembre. Esto significa que los diputados federales tienen menos de dos semanas para cumplir con ese trámite.
El proyecto complementario de la Ley de Ingresos ya fue aprobado, tanto por los diputados como por los senadores desde hace también unas dos semanas y desde entonces se anunció que pronto entraría a revisión el plan de gastos.
De entrada, los partidos de oposición criticaron la propuesta del Ejecutivo federal acerca de la forma como se distribuirán los recursos federales, pues consideran negativo regatear recursos a temas fundamentales como seguridad, salud y educación, a cambio de financiar costosas obras de las que no se espera ningún beneficio para las finanzas nacionales. Por el contrario, esos proyectos faraónicos, como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas —ya inaugurada oficialmente desde hace meses, pero sin producir ni un litro de gasolina— cada vez resultan más costosos, lo cual refleja el fenómeno negativo de la inflación, pero básicamente errores en los proyectos originales.
También se critica el enorme gasto en programas sociales, por considerarse que son utilizados para asegurar votos a favor de la llamada Cuarta Transformación, pero ningún político se atreve a censurarlos ni mucho menos a pedir su reducción o desaparición, pues eso significaría perder respaldo popular.
Al margen de esas inconformidades, el proyecto de PEF enfrenta, como todos los años, el tema de la limitación de recursos frente a las crecientes necesidades nacionales. Esto a pesar de que, conforme con el proyecto presentado por el gobierno federal, se dispone para el gasto de una cantidad que parece enorme: 8 billones 299 mil 647 millones de pesos en el 2023, un aumento real de 13 por ciento con respecto a lo aprobado en el ejercicio fiscal anterior. Cabe aclarar que esta cifra corresponde a los usos en nuestro país, un billón representa un millón de millones y no sólo mil millones, como se registra en el sistema anglosajón, particularmente en los Estados Unidos.
El proyecto del gobierno federal propone que las 3 dependencias con mayor aumento sean Turismo (115%), Semarnat (80%) y Bienestar (32%) en términos reales. Por el contrario, las castigadas son las entidades no sectorizadas (-17%), destacó el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO).
Las entidades de control directo (IMSS e ISSSTE) y las empresas estatales (Pemex y CFE) concentran una gran parte del presupuesto federal. El próximo año el IMSS (10%), el ISSSTE (7%) y Pemex (3%) contarán con más recursos, por el contrario, CFE contará con 4% menos recursos que el año pasado.
Orden, para acabar con “moches”
Los estados y municipios, que dependen en gran medida de las transferencias federales, recibirán por concepto de aportaciones un total de 924 mil 332 millones de pesos y para participaciones 1 billón 220 mil 271 millones de pesos. En total, suman 2.1 billones de pesos a las entidades federativas y municipios del país para 2023.
Pero, como siempre, aunque el paquete parece muy rico, al dividirse entre 32 entidades federativas y más de dos mil 400 municipios, las cantidades asignadas resultan siempre por debajo de las expectativas y necesidades de cada demarcación.
Por eso, anualmente, gobernadores y alcaldes desfilaban por el Palacio Legislativo de San Lázaro para solicitar ampliaciones a lo asignado. Ahora, la actual conducción de la Cámara de Diputados, bajo el control de Morena, ha tratado de reglamentar esa “peregrinación” y así se estableció que el único conducto para solicitar incrementos es la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal.
De paso, con el intento de ordenar la forma de solicitar ampliaciones de presupuesto tiene el propósito de poner fin a uno de los “fantasmas” creados por la 4T: Los “moches” que supuestamente recibían legisladores que trasmitaban incrementos en las asignaciones para estados o municipios.
“Moches” o no, el dinero no alcanza par cubrir todas las necesidades.
Eso llevó al presidente Andrés Manuel López Obrador a romper otra de sus reiteradas promesas, en campaña o desde el gobierno: no endeudarse.
El presupuesto para 2023 se financiará a través de ingresos petroleros (1.3 billones de pesos) e ingresos no petroleros (5.8 billones de pesos), pero también se estima contratar 1.2 billones de pesos a través de deuda.
Con seguridad, antes de aprobarse el PEF habrá largas polémicas en la Cámara de Diputados, ya sea en comisiones o en el pleno, pero a final de cuentas, como es costumbre en el actual sexenio, los diputados oficialistas impondrán su amplia mayoría y aprobarán, “sin cambiarle ni unma coma” el proyecto que les envió el Ejecutivo.
En este caso, no se requiere mayoría calificada, sólo se necesita la mitad más uno de los diputados.
Reforma para obligar a funcionarios federales
a rendir cuentas ante el Legislativo
Los funcionarios del Ejecutivo federal están obligados, por la Constitución, a rendir cuentas ante las dos Cámaras del Congreso de la Unión, cuando sean requeridos por los legisladores, pero con mucha frecuencia se niegan a acudir y simplemente cancelan o piden posponer su camparecencia para una fecha indefinida.
El caso más reciente y más sonado fue el del secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, que primero pidió a los diputados acudir a las instalaciones de su dependencia y, luego, canceló con pretexto de una carta supuestamente injuriosa de un diputado de Movimiento Ciudadano. Luego, acudió al Senado como acompañante de la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, pero a pesar de los reiterados reproches de los legisladores, permaneció mudo, al igual que el titular de Marina, José Rafael Ojeda Durán.
Para terminar con estas situaciones irregulares, la diputada emecista Jessica Ortega de la Cruz presentó una iniciativa para precisar los términos para el cumplimiento de la obligación de los servidores públicos de la Administración Pública Federal para comparecer y rendir informes de manera verbal y escrita ante la Cámara de Diputados.
El documento, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, turnado a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, precisa que los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina deberán comparecer ante el pleno, cuando menos dos veces al año.
También señala que, en caso de que se excuse o no acuda la persona servidora pública citada ante el Pleno, deberá fundar y motivar su ausencia que estará sujeta a la aprobación o rechazo de la Asamblea y, de ser rechazada, deberá acudir en la fecha y hora conforme al acuerdo propuesto por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) o la Comisión.
La iniciativa también propone que, en caso de que los funcionarios no comparezcan ante el Pleno o la Comisión de la Cámara de Diputados, los grupos parlamentarios con menor representatividad tendrán el derecho irrenunciable a emitir recomendaciones que serán vinculantes, es decir, que serán de cumplimiento obligatorio.
Asimismo, propone que las comparecencias se llevarán a cabo en la fecha y el horario que acuerde el pleno de la cámara respectiva, a propuesta de la Jucopo o de la Comisión y los grupos parlamentarios, así como los legisladores sin grupo parlamentario o independientes tendrán el derecho de proponer o determinar el número de preguntas que se formularán a los comparecientes.
Suena bien la iniciativa, aunque todavía podría ser pulida o complementada, pero cabe advertir que será difícil que se apruebe si no recibe el respaldo de los legislares de la 4T, los cuales hasta ahora han protegido a sus funcionarios, para evitarles tragos amargos ante los cuestionamientos de los legisladores de oposición.
