Para imponer su reforma electoral, la 4T debe romper política de austeridad
Miguel Ángel Rivera lunes 31, Oct 2022Clase Política
Miguel Ángel Rivera
“La idea de elegir por el voto popular a consejeros y magistrados electorales ofrece ventajas como el fortalecimiento de la democracia, una mayor legitimidad de las autoridades electorales, así como posibilidades de mejora e innovación institucional como producto de la competencia política. Sin embargo, esta fórmula democrática también implica costos y riesgos que no deben perderse de vista en el proceso de deliberación legislativa.
“En principio, la organización y celebración de un nuevo proceso electoral federal tendría un costo económico superior a los 8 mil millones de pesos, que va en contra del principio de austeridad que el gobierno busca incorporar con su iniciativa de reforma electoral.
“Por otro lado, la elección popular de las consejerías y magistraturas electorales conlleva riesgos, entre los que destacan, la preservación de cuotas partidistas, la subordinación de las autoridades electorales al gobierno en turno, incertidumbre institucional y condiciones de inestabilidad política y social”.
Los anteriores son los párrafos introductorios del estudio titulado Ventajas, costos y riesgos de la elección popular de las autoridades electorales en México, obra del investigador César Alejandro Giles Navarro para el Instituto de Belisario Domínguez del Senado de la República.
El investigador tiene una sólida formación académica. Giles Navarro es licenciado en sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y maestro en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana (UP), ambos grados obtenidos con mención honorífica. Además, ostenta el título de Especialista en Gobierno de Instituciones expedido por el Centro Universitario Villanueva, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Asimismo, cursó un diplomado en Política Internacional por el Centro de Investigación y Docencia Económica Económicas (CIDE).
En el ámbito profesional, de 2013 a 2014 fue investigador “A” en la Dirección General de Estudios Legislativos: Gobierno y Administración Pública del IBD. Previamente, se desempeñó como asistente de investigación en diversas instituciones, entre ellas: el Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México (Colmex), la Dirección General de Estudios Legislativos: Política y Estado del IBD y en el Centro de Estudios de Opinión Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
En el año 2011 fue ganador del 2do. Lugar del Concurso Nacional de Ensayo “La importancia del Canal del Congreso para la Democracia en México” y en 2021 obtuvo el primer lugar en el concurso de Ensayo de Investigación Legislativa, convocado por el Congreso de Guanajuato, con el trabajo “Lecciones del Covid-19 para México: hacia una nueva legislación para la gestión de emergencias sanitarias”. Es un autor prolífico, pues recientemente, también para el Instituto Belisario Domínguez (IBD), realizó otro estudio acerca de las responsabilidades que adquirió ese órgano legislativo como consecuencia de haber aprobado la reforma constitucional por la cual se amplió el periodo por el cual la Guardia Nacional queda bajo control de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), sobre todo porque los mandos militares deben rendir periódicos informes acerca de las tareas en materia de seguridad pública.
Apunta que la labor del Senado, más allá de censurar o respaldar la actuación del gobierno, debe orientarse a estudiar y afinar la política pública de seguridad, representando a las entidades que integran a la Federación en el reconocimiento de las acciones que están dando resultados y las que no.
Bueno, pero ese es otro asunto. Volvamos al tema inicial, la reforma electoral que pretende imponer la llamada Cuarta Transformación.
El riesgo de que el control de las elecciones
quede nuevamente en poder del gobierno federal
En este estudio, el investigador hace un recuento desde las primeras reformas en la década de los 70 del siglo pasado, para dar paso a la pluralidad política, hasta llegar al punto culminante que quitó definitivamente al gobierno el control sobre los procesos electorales.
Al respecto, advierte que “en un contexto de hegemonía partidista como el que se ha configurado en nuestro país luego de la tercera alternancia del año 2018, la posibilidad de que los consejeros y magistrados elegidos por la ciudadanía pertenezcan al partido en el gobierno es muy alta, lo que convertiría nuevamente a las autoridades electorales en entidades dependientes del Poder Ejecutivo federal.
En esta parte del estudio, el autor destaca que la propuesta del presidente López Obrador de que los consejeros y magistrados electorales sean elegidos por voto popular ofrece ventajas como el fortalecimiento de la democracia, una mayor legitimidad de las autoridades electorales, así como posibilidades de mejora e innovación institucional como producto de la competencia política.
Sin embargo, agrega, “esta fórmula democrática que convierte a los árbitros en jugadores también implica costos y riesgos que no deben perderse de vista en el proceso de deliberación legislativa que estamos por presenciar”.
Allí es donde advierte del alto costo de la elección de los funcionarios electorales y apunta, en segundo lugar, que “la elección popular de las consejerías y magistraturas electorales entraña riesgos importantes como el desempeño parcial y sesgado de las autoridades electorales, la preservación de cuotas partidistas y, especialmente, la subordinación de las autoridades al gobierno en turno.
“Particularmente, en un contexto de clara hegemonía partidista como el que se ha configurado, luego de la tercera alternancia del año 2018, la posibilidad de que los consejeros y magistrados elegidos por la ciudadanía pertenezcan al partido en el gobierno es muy alta, lo que convertiría nuevamente a las autoridades electorales en entidades dependientes del Poder Ejecutivo Federal.
“De avanzar esta propuesta, además, se abriría un camino incierto para otras instituciones del Estado, pues el mismo argumento democrático se podría proponer en el futuro en órganos técnicos como el Banco de México, el Inegi o el Instituto Federal de Telecomunicaciones, poniendo en riesgo la estabilidad económica y política del país”, advirtió el investigador, quien apunta un aspecto hasta ahora poco comentado: El porqué de la urgencia de la llamada Cuarta Transformación de aprobar esa eventual reforma lo antes posible.
Giles Navarro recuerda que, “de acuerdo con el artículo 105 de la Constitución, las leyes electorales federal y locales tienen que promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante los mismos no pueden haber modificaciones legales fundamentales. En vista de esta cláusula y, dado que el siguiente proceso electoral federal comenzará formalmente el 1o de septiembre de 2023, la reforma electoral tendría que quedar aprobada, tanto a nivel constitucional como en su reglamentación correspondiente, a más tardar a finales de mayo de 2023.
“Tomando en cuenta que la iniciativa del Ejecutivo plantea prácticamente un nuevo modelo de gobernanza electoral, además de modificar la conformación del Congreso, se tendría que crear en muy poco tiempo, un vasto y complejo entramado legal que contemple, al menos, una nueva ley de instituciones y procedimientos electorales y reformas a la legislación del sistema de medios de impugnación en materia electoral, de delitos electorales, de partidos políticos, de consulta popular y revocación de mandato, entre otras modificaciones reglamentarias. Hacer todos estos cambios en menos de siete meses podría generar errores e inconsistencias que repercutirían en la calidad y certeza de los siguientes procesos electorales.
En realidad, el plazo es de menos de siete meses, pues en el presente año sólo se puede tomar en cuenta noviembre, ya que diciembre se va entre días feriados y la revisión del presupuesto federal, al que casi todas las corrientes políticas desean modificar y, a principios de año, viene el llamado receso legislativo que comprende todo el mes de enero y la actividad legislativa se reanuda hasta febrero, para un nuevo periodo ordinario de sesiones que teminará el último día de abril.
