La 4T atropella derechos de la mujer
Luis Muñoz martes 18, Oct 2022Segunda vuelta
Luis Muñoz
No es la primera vez que el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero pone los “puntos sobre las íes” en algún tema en específico, como ahora lo hace al señalar que las mujeres en México no tienen garantizados sus derechos más elementales y como prueba, dice que ahí están 140 familias Triquis “atropelladas” por el Estado mexicano.
Lamentable situación, que los legisladores debieran atender de inmediato. El abogado del colectivo, José Lara, expone al respecto:
“Los integrantes del Congreso de la Unión y de los congresos de los estados deben ajustar el marco jurídico para que ellas, la mujer como género, tenga las mismas garantías ante las autoridades en el país”.
A propósito de la activista que se encuentra encarcelada en Morelos, el abogado destacó que este gobierno federal, autodenominado como el de la “Cuarta Transformación”, ha atropellado en mayor medida los derechos de la mujer.
Reveló que “es importante el número de mujeres que han solicitado asesoría y compañía de esta organización por diferentes injusticias que las autoridades han ejercido en contra de ellas, sólo por su condición de género”.
Tan sólo en Tierra Blanca Copala, Oaxaca, 140 familias de origen triqui, han sido desplazadas de su tierra para resguardar sus vidas ante el ataque de grupos armados en aquella zona del estado, en su mayoría lideradas por mujeres.
“Por si fuera poco, el Estado mexicano ha descargado su furia en contra de la activista Kenia Inés Hernández Montalván, que desde el mismo atril presidencial se ha considerado que su activismo afecta la autodenominada “4T” y por ello se le mantiene presa en un penal federal en Morelos.
El litigante afirmó que este 2022 es catalogado por diversos colectivos -entre ellos, el CDHZL- como el más violento y represor en contra de las acciones de periodistas y defensores de los derechos humanos, “solo por representar el interés del pueblo mexicano.
Por su parte, el coordinador de comunicación y prensa del Centro “Zeferino Ladrillero”, José Víctor Rodríguez, consideró que el Estado mexicano se ha quedado corto con la política de migración que se aplica a las personas migrantes de centro y Sudamérica. “Tenemos una situación crítica en la política interior en México con respecto a los derechos humanos de las personas en calidad de migrantes, de manera particular la que sufren los menores en calidad de viajeros sin acompañantes, que intentan ingresar a territorio de los Estados Unidos”.
Criticó “la forma como tratan a los menores de edad, en calidad de delincuentes y deportados a sus países de origen; política que contrasta con la de hace una década que privilegiaba las garantías de las personas en calidad de desplazado forzado”.
Frente a estas circunstancias, el Estado mexicano tiene que tomar muy en serio el asunto de los derechos humanos.
Trata, tercer delito más lucrativo
La organización ciudadana internacional A21, que trabaja para luchar contra la trata de personas, incluida la explotación y la trata sexuales, el trabajo esclavo forzado, el trabajo en condiciones de servidumbre, la servidumbre doméstica involuntaria y los niños soldados, denunció que en México actualmente hay 270 mil menores de edad que son víctimas de diversas formas de trata y que a nivel mundial hay 40 millones de esclavos, siendo mujeres y niños el 70% de las víctimas internacionales de este mal, lo que ha generado un negocio global de 150 billones de dólares, cada año.
En conferencia de prensa, previa a la caminata Walk for Freedom (caminar por la libertad) 2022, que se lleva a cabo en 73 países, Angie de Luna, directora general de la organización A21 América Latina, reconoció que en México “apenas se empieza a trabajar de forma coordinada entre gobierno y sociedad civil para concientizar a la población de la gravedad de este problema”.
Dijo además que existe en México “una nube gris que pueden ser como ejemplo los feminicidios o la violencia intrafamiliar, que están originados en la trata de personas y que no se denuncian como tal, por lo que es necesario hacer un esfuerzo por alzar la voz y hablar abiertamente de estos temas”.
Propondrán una ley de recompensa
El diputado del PRI, Jhonatan Colmenares Rentería, anunció que presentará una iniciativa en el Congreso capitalino para crear la ley de recompensa ciudadana mediante la cual, cualquier ciudadano que habite o transite por la Ciudad de México, pueda aportar de manera anónima y segura, fotografías o videos que acrediten la comisión de un delito y a cambio reciba una recompensa.
Colmenares Rentería explicó que la actual situación de inseguridad pública y el evidente rezago en el cumplimiento de las órdenes de aprehensión, trae como consecuencia que muchos delincuentes o presuntos responsables de un delito, sigan en la calle, sin que se pueda proceder penalmente contra ellos.
Por eso, concretar la ley de recompensa ciudadana permitirá que se puedan aportar elementos de prueba fehacientes, que acrediten la comisión de un delito y que dicha información sea recompensada.