El gobierno atenta contra el Juicio de Amparo

¬ Luis Ángel García lunes 10, Oct 2022

Por la Derecha..!

Luis Ángel García

 

Mariano Otero, liberal moderado y gran jurista creador del Juicio de Amparo, fue opositor al militarismo de su época e impulsó un nuevo federalismo; enemigo de imitar el sistema legal americano, elaboró el mecanismo idóneo mediante el cual el gobernado pudiera defenderse de los actos arbitrarios de la autoridad. Hoy moriría de nueva cuenta al ver cómo el actual régimen destruye la figura jurídica del jalisciense y hace todo lo posible por combatir, desde la ilegalidad, el amparo.

En cuatro años, el gobierno federal ha hecho todo lo posible por imponer sus actos de autoridad, a pesar de los amparos interpuestos por los ciudadanos en muchas de las decisiones presidenciales, en clara violación al Estado de Derecho. Las determinaciones judiciales poco importan a la 4T y lleva adelante sus proyectos en franca rebeldía a los amparos interpuestos. Más aún, amenazan a los impartidores de justicia cuando conceden esa garantía a los afectados. La espada de Damocles pende sobre los justicieros, quienes se ven obligados a negarlos o no conceder la suspensión definitiva; en otros casos, sus pares son quienes les enmiendan la plana y van en contra de una primera resolución favorable para los quejosos. Si a pesar de esa presión, los jueces insisten en otorgar la suspensión, de inmediato son amenazados con investigaciones ministeriales o fiscales, además de ser acusados en el Consejo de la Judicatura para que se les sancione.

No sólo se incumplen amparos, el Ministerio Público integra tan mal las carpetas de investigación que violan el debido proceso, lo que ha permitido la liberación de muchos presuntos responsables, pero se culpa a los de toga de ser laxos o corruptos. No es perversidad de los impartidores ni signo de corrupción, es el abuso autoritario de la gestión pública lo que obliga a ir en contra de las medidas del gobierno. A pesar de ello, el Poder Ejecutivo insiste en violentar la ley e incluso llega a la inconstitucionalidad de sus actos.

Pareciera que la 4T no sabe la función jurídica y social que tiene la Carta Marga; en el mundo, las constituciones fueron diseñadas para frenar los abusos del poder político, ponerle límites y dar garantías a los gobernados. Misma función del juicio de amparo, con mayores alcances que el habeas corpus anglosajón.

Tal vez, como lo pensó Mariano Otero, es tiempo de pensar en la renovación del pacto social, redefinir las reglas de la convivencia en comunidad y con moderno federalismo, dar nueva vigencia al Estado de Derecho; escenario en el que no tendría cabida el proyecto político de la 4T, donde se ejerce el poder unipersonal, se aspira al centralismo —paradójicamente visión conservadora—, donde los gobernadores son como gerentes que reciben instrucciones desde palacio nacional, en plena violación a la soberanía estatal, para actuar en función del proyecto presidencial; las entidades federativas y sus Congresos han perdido su autonomía.

Desde el centro, se deciden presupuestos, obras, nombramientos —como es el caso de los titulares de seguridad pública, posición reservada ahora  para navales y militares—, se ordena la persecución de los enemigos políticos, se establece la errónea estrategia de combate al crimen organizado y se instruye qué inversiones privadas están permitidos.

Urge una redefinición en los términos de la verdadera gobernanza, donde el poder civil haga prevalecer el Estado de Derecho, se dé vigencia a la Constitución como freno al poder político y se respete el Juicio de Amparo como instrumento de la sociedad civil para evitar los abusos de ese poder. Estamos en deuda con el liberal de a deveras.