El gobierno de las consultas
Guillermina Gómora Ordóñez martes 4, Oct 2022Caleidoscopio
Guillermina Gómora Ordóñez
En una nueva versión de “están conmigo o están contra mí”, el presidente Andrés Manuel López Obrador pone a prueba, una vez más, la “lealtad a ciegas” de los integrantes de su gobierno y a sus fanáticos del proyecto de la Cuarta Transformación: realizará una novena consulta en 2023.
A través de un “ejercicio participativo” organizado por la Secretaría de Gobernación, se preguntará a la ciudadanía sobre la permanencia del Ejército en tareas de seguridad en las calles hasta el 2028. Le cambiaron el nombre porque el artículo 35 de la Constitución establece que los temas de seguridad nacional no pueden someterse a esta figura de voto popular.
Y que no le vengan con el cuento de que “la ley es la ley”. El próximo 10 de octubre iniciará la difusión del ejercicio y terminará el 16 de enero. Hoy, Adán Augusto López, secretario de Gobernación, se reunirá con los gobernadores para invitarlos a que participen en el proceso de consulta y el 6 de octubre se convocará a los presidentes municipales. El encargo de Palacio Nacional para los funcionarios morenistas es que no se les olvide: “El movimiento soy yo…”
Sí, el presidente López Obrador busca medir en 2023, previo a la elección en el Estado de México y rumbo al 2024, el nivel de popularidad entre sus seguidores. Las consultas en la #4T se han convertido en un ejercicio de demagogia electoral. Sus resultados no son vinculantes a ninguna decisión de política pública o legislativa.
Gobernar por consultas es un rasgo en su estilo de gobernar, lo hizo cuando fue jefe de Gobierno en la Ciudad de México y ahora en la Presidencia de la república ejerce la herramienta como termómetro político o como instrumento para presionar cuando ve perdida la batalla y es necesario movilizar a sus seguidores para mostrar el músculo.
Prueba de ello, es que este martes se podría aprobar con modificaciones la reforma que extiende la labor de seguridad pública de las Fuerzas Armadas hasta 2028, de acuerdo con los dichos de Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo en el Senado: “Para satisfacción de senadores y senadoras. Establecer, junto con la ampliación del plazo, mecanismos de control parlamentario, rendición de cuentas, evaluación y supervisión de las tareas de las fuerzas armadas, así como de la Guardia Nacional”.
De modo que, al moverle algo más que una coma a la minuta procedente de San Lázaro, la reforma diseñada en Palacio Nacional y propuesta por una diputada del PRI, regresaría a la Cámara de Diputados para su revisión a fin de presentarla más adelante. Quizá en febrero como lo pronosticó Adán Augusto López. ¿Coincidencia?
No, en política no hay coincidencias. Fracasó la aprobación original de su iniciativa en el Senado y buscarán presentarla de nuevo con “el respaldo de la opinión ciudadana”.
Vaya previsión del hombre de las confianzas presidenciales y una de sus “corcholatas” para sucederlo. López Obrador justificará el ejercicio bajo el argumento de “escuchar al pueblo bueno y sabio”, claro, después de imponer su voluntad, bajo amenazas y expedientes deshonrosos, en el Congreso.
Así las cosas, la próxima consulta, disfrazada de “ejercicio participativo”, será un acto más de simulación del gobierno de la #4T para enmascarar un ejercicio electoral y exaltar la figura presidencial ante un sombrío cierre de sexenio.
La permanencia del Ejército en tareas de seguridad en las calles hasta el 2028, es una decisión tomada, como aquella de cancelar el NAIM en Texcoco.
VERICUENTOS
“El negocio de la militarización en México”
Vaya cifras que dio a conocer la organización México Unido Contra la Delincuencia. Reveló que “en términos reales, el presupuesto pagado por la Sedena ha crecido en un 163% de 2006 a 2021”. En el informe “El negocio de la militarización en México” se advierte un alto nivel de opacidad y riesgo de corrupción en el uso de presupuesto público por parte de instancias militares toda vez que cada peso destinado a los órganos castrenses ha sido un peso menos para las instituciones civiles. El documento destaca que en los últimos 12 años al menos 227 funciones civiles han sido transferidas a las Fuerzas Armadas. Además, después de la reforma para trasladar a la Guardia Nacional a la Sedena, ésta podría tener un presupuesto de hasta 151 mil millones de pesos aprobados. ¡Órale!
Voracidad política
¡Fuera máscaras!, el Congreso de Jalisco canceló la llamada reforma “Sin voto no hay dinero”, aprobada en 2017 e impulsada por Pedro Kumamoto, a fin de distribuir las prerrogativas entre los partidos políticos con base en la votación obtenida. Las fracciones de Movimiento Ciudadano, Morena, PAN, PRI y PVEM aprobaron otra fórmula para repartir el dinero, que consistirá en multiplicar el 65% del valor de la unidad de medida de actualización (UMA) por el padrón electoral, como lo establece la ley general de partidos y no por el número de votos válidos obtenidos como lo contemplaba la difunta reforma. El botín a repartir en 2023 entre siete partidos con registro estatal será de 394 millones de pesos. ¡Políticos vivales!
