A 8 años de distancia, más dudas que certezas en torno al caso Ayotzinapa
Miguel Ángel Rivera lunes 26, Sep 2022Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Esta noche se cumplirán ocho años de que sucedieron los terribles sucesos que se conocen como caso Ayotzinapa, cuyo aspecto central es la desaparición de 43 estudiantes de la normal rural con sede en esa población de Guerrero.
Como ha sucedido durante seis años posteriores, para hoy está prevista una séptima marcha, cuya demanda central volverá a ser la misma: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
Es una demanda imposible de satisfacer. Inclusive la comisión de la verdad creada por el actual gobierno —que ofreció solucionar el caso, pero no lo ha logrado— ha dado por muertos a los jóvenes.
A lo largo de ocho años de investigaciones lo más que se ha logrado es identificar restos algunos desaparecidos.
Han participado investigadores de toda clase de organismos, desde la Fiscalía General de Guerrero, pasando por la ahora Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hasta un cuerpo especial de expertos designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sin haber logrado dar un fallo aceptable acerca de lo que realmente sucedió en esa noche del 26 al 27 de septiembre, ni siquiera porque extraoficialmente se han recibido reportes del organismo de los Estados Unidos encargado del combate a las drogas, la DEA, que realizó grabaciones de conversaciones telefónicas de narcotraficantes presuntamente involucrados en ese terrible suceso.
Vaya, no se tiene ni siquiera seguridad acerca del por qué más de 120 alumnos —en su mayoría de nuevo ingreso— de Ayotzinapa fueron movilizados casi una semana antes de la protesta principal por la matanza del 2 de octubre de 1968, que se supone era el motivo por cual secuestraban autobuses.
También queda la duda de por qué el destino para secuestrar los autobuses fue la ciudad de Iguala y no la capital de Guerrero, Chilpancingo, en donde hay más corridas de autobuses y de cualquier forma no iban a encontrar resistencia, pues tanto las autoridades como las empresas de transporte han dado instrucciones de no oponer resistencia a las “tomas” de transportes por parte de estudiantes.
El anterior gobierno federal dio por cerrado el caso con la llamada “verdad histórica”, pero los deudos de los desaparecidos no se dieron por satisfechos y su inconformidad fue asumida por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que creó la Comisión de la Verdad, a cargo del luchador de izquierda, ahora subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas.
El “gran mérito” de esta comisión consiste en echar abajo la “verdad histórica”, admitir que se trató de un “crimen de Estado” y encarcelar a los que construyeron esa versión, de manera destacada el ex procurador Jesús Murillo Karam. Además, se ha involucrado a miembros del Ejército por supuestas omisiones y eventual complicidad.
Sin embargo, hasta ahora no se sabe quiénes fueron los culpables de lo que ahora se denomina “desaparición forzada” y muchos de los que confesaron haber participado en el secuestro, asesinato y desaparición de los restos han quedado libres.
¿Todos ellos confesaron bajo tortura? Y, sobre todo, queda la duda central: ¿Quién los mató?
En vez de avanzar, el país va para atrás, advierte Beatriz Paredes
A propósito de dudas: ¿Qué tienen en común Emilio Chuayffet Chemor y Graco Ramírez Garrido Abreu o Rolando Zapata Bello o Rubén Figueroa Alcocer, aparte de haber sido gobernadores en sus respectivos estados?
Se puede decir que, además de lo anotado, todos ellos y otros más respondieron a la invitación de la también ex gobernadora y declarada aspirante presidencial Beatriz Paredes Rangel para consolidar un frente plural que impida la continuidad del gobierno de la llamada cuarta transformación.
No se trata sólo de obstaculizar. Hay razones para justificar la oposición, sonbre todo los incumplimientos del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, quien llegó al poder al convencer a más de 30 millones de mexicanos de ser capaz de solucionar los problemas de nuestra nación.
“El problema de México es que se está cancelando la perspectiva de país y nos están echando décadas atrás, sin la menor viabilidad”, advirtió la ahora senadora Beatriz Paredes Rangel.
En ese encuentro, Paredes Rangel también advirtió, al referirse a las reformas impulsadas por la actual administración del presidente López Obrador, que existe el riesgo de que “un régimen de populismo autoritario” pudiera desaparecer al Congreso, desmantelar al INE y extender la presencia del Ejército “hasta por 25 años”.
Por ello, señaló, “el nuevo presidente, la nueva presidenta de México, quien conduzca el gobierno, debe tener la capacidad de refundar un Estado democrático, constitucional, incluyente, plural y viable”, agregó.
En lo personal, dijo que presentará una reforma para dar más atribuciones al Congreso de la Unión, con la finalidad de dar mayor utilidad, racionalidad y funcionalidad a las transferencias económicas directas que se hacen por la vía de los programas sociales.
En concreto, de inicio, Paredes llamó a construir un frente opositor (con miras a 2024), “donde estemos todos” para detener lo que describió como “una caída en pendiente que sufre México”.
En el encuentro, realizado en un hotel del sur de la ciudad al que asistieron 18 ex gobernadores del PRI, PAN y PRD, la ex gobernadora de Tlaxcala, también adelantó otras propuestas, entre ellas: un salario universal.
En términos más generales, la senadora, que apenas el martes anterior expresó en sesión de su Cámara su decidida oposición al intento del gobierno de López Obrador de trasladar de manera permanente a la Secretaría de la Defensa el control de la Guardia Nacional, dijo a los otros ex mandatarios que pretende abanderar una propuesta de cambio ”que recoja nuestras raíces, que nos permita existir en el Siglo 21, con condiciones sociales mucho más justas y con perspectiva”.
Señaló que oponerse a la llamada Cuarta Transformación no es sólo una alerta acerca de un peligro en el futuro, sino que se trata de algo que ya está aquí. En términos coloquiales, dijo que no se trata de que “allí viene el coco…ya está aquí”.
Agregó que debemos estar conscientes de que el régimen de López Obrador cada vez llega más lejos con sus iniciativas, ninguna de las cuales corresponde a lo que ofreció durante su extensa campaña electoral.
Los ex gobernadores que respondieron al llamado de Paredes Rangel fueron: Marco Antonio Adame Castillo, de Morelos (PAN); Manuel Ángel Núñez Soto, de Hidalgo; Alejandro Tello Cristerna, de Zacatecas; Arturo Núñez Jiménez, de Tabasco (PRD); Emilio Chuayfett Chemor, del Estado de México; Fernando Ortega Bernés, de Campeche; Pedro Joaquín Coldwell, de Quintana Roo; Héctor Astudillo Flores, de Guerrero; Marco Antonio Mena Rodríguez, de Tlaxcala; Rubén Figueroa Alcocer, de Guerrero; Francisco Olvera Ruiz, de Hidalgo; Arturo Montiel Rojas, del Estado de México; José Ignacio Peralta, de Colima; Arnoldo Ochoa González, de Colima; Miguel Alonso Reyes, de Zacatecas; Joaquín Hendricks, de Quintana Roo; Graco Ramírez Abreu, de Morelos (PRD) y Rolando Zapata Bello, de Yucatán.
Rechazo a la militarización del país
A propósito del rechazo a la militarización del país, mencionado por la senadora Paredes Rangel, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, anunció que durante esta semana continuarán debatiendo la ampliación de tiempo para que las fuerzas armadas continúen en tareas de seguridad pública.
En contra de esa actitud negociadora, durante el fin de semana se realizaron en diversas partes del país manifestaciones en contra de la militarización.
Con el grito de ¡No a la militarización de México! y ¡Queremos seguridad!, miles de personas se manifestaron en las principales avenidas de Veracruz, Querétaro, San Luis Potosí y la Ciudad de México.
En la capital, marcharon sobre Paseo de la Reforma, representantes de varias organizaciones sociales como Alejandra Morán, de la organización de Chalecos México, y el activista Adrián LeBarón, cuya familia fue víctima de un ataque de delincuentes que mataron mujeres y niños.
Ellos dijeron que no están contra el Ejército, sino contra las acciones del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que “ha dejado más de 100 mil muertos”.
