Alarma sofisticación de tácticas militares y armamento de cárteles
Seguridad lunes 12, Sep 2022
- Reporte de red global de investigación especializada
Se ha disparado en los últimos años el uso de equipos tácticos, como chalecos antibalas y otros equipos de protección, por parte de los cárteles en México.
Especialistas nacionales e internacionales han advertido desde hace varios años la sofisticación de tácticas, logística y armamento similares a las del Ejército por parte de los cárteles de la droga en México.
Robert J. Bunker y John P. Sullivan, autores del libro “Avances en tácticas ilícitas: notas tácticas de los carteles mexicanos”, analizan cómo se ha producido esta evolución, a solicitud de La fundación InSight Crime. Para Robert J. Bunker, la militarización de los cárteles mexicanos es más visible, porque usan armas de alto alcance que deberían ser exclusivas del Ejército. Ejemplificó que desde su creación, Los Zetas usaron municiones de tipo militar, como las granadas propulsadas por cohetes (GPC) y los lanzagranadas de 40 milímetros, mientras sus sicarios usaron chalecos antibalas y arneses de combate, portan rifles de asalto calibre 50, vehículos blindados de combate improvisados, e incluso artefactos explosivos improvisados.
Señaló que los cárteles han innovado en sus tácticas, desde la creación de alianzas, nuevas prácticas organizacionales e incluso prácticas de marketing en redes sociales, lo que les permite obtener una ventaja sobre sus rivales, acumular poder y control territorial, aumentar las ganancias y mejorar la capacidad de supervivencia.
Sin embargo, consideró que el gobierno y el Ejército mexicanos han podido adaptar sus tácticas con el fin de responder a esa evolución de las organizaciones criminales.
Hace meses, el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, admitió que dentro de la institución, personal se roba equipo táctico que va a parar a integrantes de la delincuencia.
“Hemos detectado elementos que sacan de nuestros pañoles sobre todo uniformes y los venden a la delincuencia organizada, pero afortunadamente nuestra contrainteligencia los ha detectado y los hemos dado de baja, porque pues meterlos a la cárcel es muy difícil por cuestiones jurídicas, pero de que se van de la institución, se van”, señaló, en ese entonces, el secretario.
El uso de equipos tácticos, como chalecos antibalas y otros equipos de protección, por parte de los cárteles se ha disparado en los últimos años, lo que les permite igualar e incluso superar la potencia de fuego de las fuerzas del orden, explicó el Proyecto de Reportaje sobre Crimen Organizado y Corrupción, una red global de investigación especializada.
En “Repertorios del terrorismo en la Guerra Criminal de México”, artículo elaborado por Andreas E. Feldmann y Marc Lopez, profesores de la Universidad Illinois Chicago, resaltaron que la mayoría de los cárteles mexicanos están compuestos por ex militares capacitados en contrainsurgencia, capaz de enfrentar una guerra criminal que “al menos en cuanto al uso de esta táctica, se asemeja a las guerras civiles convencionales”.
Sin embargo, refirió “el país (México) no constituye una guerra civil convencional, ya que los elementos políticos son en gran medida ausente”.
En la argumentación de su iniciativa al Congreso para transferir a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió que continúen las labores del Ejército contra las organizaciones criminales, porque “el riesgo que enfrentamos es sumamente delicado para el Estado mexicano, ya que el crimen organizado en nuestro país se ha convertido en una fuerza ‘cuasi militar’ que usa la violencia en contra de la población y de las instituciones públicas”.
“Son grupos que desbaratan las buenas obras de la sociedad civil, son poderosos y representan intereses arraigados y el peso de una empresa mundial de millones de dólares, pero no son invencibles”, afirmó.
En su iniciativa, el presidente López Obrador pidió la transferencia de la Guardia Nacional al mando militar, pues consideró que con ello busca garantizar la seguridad pública frente a las “profundas afectaciones” del crimen organizado en la vida económica, política y social del país.
