Dictan jueces más prisión preventiva oficiosa, que justificada, en 29 estados

Delitos como robo, los más procesados

• En 9 de cada 10 casos se aplica esta medida: cifras de México Evalúa

México evalúa registró que en algunas entidades federativas, como Baja California, Jalisco y Guerrero, en 9 de cada 10 casos procesados se aplica la prisión preventiva oficiosa.

Se dictan más prisiones preventivas de manera oficiosa o automática, que de forma justificada en 29 de los 32 estados del país, por lo que esto se traduce en que la mayor parte de las personas que son encarceladas en México sin que aún se les haya probado que cometieron un delito terminan en el reclusorio sin mayor debate en las audiencias, y sin que el juez analice si era posible imponer otra medida.

Además, los delitos por los cuales es encarcelada la mayoría de estas personas son presuntos robos, narcomenudeo o violencia familiar, que no son considerados “graves” en la Constitución, pero en los hechos terminan acaparando las prisiones oficiosas que se aplican todos los días.

Datos de la organización México Evalúa actualizados durante 2021 refieren que en estados como Baja California, Guerrero, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí y Veracruz se alcanzó la cifra más alta de aplicación de esta medida: ahí se aplica en nueve de cada 10 casos, cuando a nivel nacional se impuso a tres de cada cinco personas.

Si bien es cierto que el proyecto que proponía eliminarla de la Constitución no había obtenido la mayoría de ocho votos, también lo es que la mayoría de ministras y ministros ha manifestado que se trata de una figura que viola los derechos humanos de las personas procesadas y que se ha abusado de ella. Datos del Cuarto Informe de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador refieren que desde su llegada a la presidencia casi 29 mil personas más han ingresado a prisión. De ellas, un 58% son personas que han llegado a la cárcel sin juicios ni condenas que prueben que son responsables de algún delito, para llegar a un total de 92 mil 595 presuntos culpables a las cárceles. Pese a ello, el presidente pidió a la SCJN mantener la prisión preventiva oficiosa, entre otras cosas, porque esta se aplica a delitos particularmente lesivos para la sociedad, como el homicidio doloso, el feminicidio y la desaparición forzada.

En contraste, los datos recabados por México Evalúa mediante solicitudes de información tramitadas ante Tribunales Superiores de Justicia de todo el país indican que precisamente en los delitos donde el Estado tiene un deber de protección reforzado -como violación, secuestro o feminicidio- son en los que menos se aplica la prisión automática: en su conjunto, solo en uno de cada 10 casos se dicta. En la misma proporción se aplica para el delito de homicidio.

Otro dato recabado por la organización refiere que, pese a estar prohibido por la Constitución, al cierre de 2021 se tenía registro de 4 mil 904 personas privadas de la libertad sin sentencia pero con más de dos años en la cárcel, lo que “socava por completo el marco legal que la sostiene”.

El artículo 20 de la Constitución establece que la prisión preventiva “en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho a la defensa del imputado”, ni podrá exceder el tiempo que como máximo de pena se fije al delito que se impute, es decir, que no deberá mantenerse en la cárcel a nadie por un tiempo superior al que se pida en su contra como castigo, salvo que haya razones justificadas.

Sobre este asunto, el pasado 9 de febrero la Primera Sala de la SCJN determinó, por mayoría, que la prisión preventiva en México ya no sería inamovible, por lo que, transcurridos los dos años, sin importar el delito por el que se acusa, esta medida debe ser revisada por un juez, quien podrá determinar revertirla y en su caso cambiarla por una medida menos restrictiva como prisión domiciliaria.

Los datos sobre este fenómeno actualizados a 2021 refieren que, del total de presos sin sentencia que ya han excedido los dos años de cárcel, 4 mil 569 son hombres (76.4% bajo la modalidad de prisión automática) y 355 son mujeres (70.4%). Por entidad federativa, los estados que concentran las más altas cifras de personas privadas de libertad desde hace más de 730 días son Baja California, Nuevo León y Puebla.