Prisión preventiva oficiosa, un infierno para los pobres: presidente de la SCJN
Miguel Ángel Rivera miércoles 7, Sep 2022Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Las contradicciones de las leyes relativas a la prisión preventiva oficiosa (PPO) son tan evidentes y de tal dimensión que ni los ministros de la Suprema Corte de Justicia tienen la capacidad de definir cuál debe ser el camino a seguir, por lo cual la votación definitiva fue pospuesta nuevamente y se definirá hasta mañana, jueves 8.
Esta decisión contradice a quienes ya daban como hecho que el máximo tribunal constitucional aceptaría la aplicación de la mencionada prisión preventiva oficiosa.
Esta suposición parte de la interpretación de los comentarios de los ministros a la ponencia de su compañero Luis María Aguilar, quien propone “inaplicar” el artículo 19 constitucional en lo referente a la citada PPO. Los principales opositores fueron los ministros a los que se supone “inclinados” a favor de la llamada Cuarta Transformación, en particular dos mujeres, Loretta Ortiz Ahlf y Margarita Ríos Farjat, las cuales llegaron al cargo a propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los ministros Mario Pardo Rebolledo y Juan Luis Alcántara Carrancá parecían inclinarse a votar en contra de la ponencia, con lo cual la impugnada prisión preventiva oficiosa quedaría vigente, pues para declarar inconstitucional una ley se requieren ocho votos de los once ministros, cifra que sería imposible de alcanzar si se confirmaran los cuatro votos en contra y peor si otros ministros votaran contra la “inaplicación”.
Señalado también como adepto del actual Ejecutivo Federal, el presidente de la Corte, el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, fue el que ubicó el debate en otro nivel.
En su mensaje, al final de la ronda de comentarios de sus homólogos, el presidente del máximo tribunal del país, fijó dos puntos en los que no hay discusión: Existe una contradicción entre dos artículos constitucionales, el mencionado 19 sobre el cual se estableció la prisión preventiva oficiosa, y el primero, que establece con claridad que “en los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece”.
Segundo, Zaldívar estableció con toda claridad que el debate no tiene como finalidad juzgar la mencionada PPO, sino determinar cuál de los dos aspectos contradictorios es el que deben aplicar los jueces del Poder Judicial.
Además, estableció con toda claridad que la PPO contraviene el principio de inocencia, es decir, que nadie puede ser privado de la libertad si antes no se prueba que cometió un delito.
La prisión preventiva oficiosa condena a un infierno
Todos los ministros sustentaron sus opiniones en citas y comentarios eruditos acerca de los principios del Derecho Constitucional, que, en apariencia, sobre todo para los legos, parecían inatacables. Pero aquí fue donde el presidente de la Suprema Corte rompió el esquema al exponer argumentos humanitarios.
Por principio, estableció con claridad que el debate no tiene como finalidad convertir a los ministros de la Corte en legisladores, sino que se debe definir si la prisión preventiva oficiosa viola los principios constitucionales de defensa de los derechos humanos, protegidos también por acuerdos internacionales que estamos obligados a cumplir.
Es de recordar que en mayo anterior Zaldívar estuvo en la prisión femenil de Santa Marta Acatitla, con lo cual tuvo conocimiento directo de los efectos que tienen en el común de la gente los errores y los aciertos de los jueces al aplicar las leyes.
Fue la primera ocasión en que un presidente de la Suprema Corte en funciones visitaba un reclusorio. Su presencia en Santa Marta fue en respuesta a una carta que recibió firmada por 663 mujeres, muchas de las cuales llevan años recluidas sin haber sido sentenciadas.
Al concluir su visita, el ministro definió la situación como “el drama que viven las mujeres” y, en su cuenta de Twitter escribió:
“Tenemos que iniciar una gran reflexión sobre la prisión preventiva oficiosa porque se destruyen vidas; familias, muchas de estas personas son inocentes y al final saldrán inocentes y son inocentes mientras no haya sentencia que determine lo contrario”.
Con ese antecedente, Zaldívar expuso ante sus pares parte de sus hallazgos en esa visita: miles de personas están en las prisiones sin haber sido condenadas y, con frecuencia, las sentencias tardan hasta 20 años.
“La mayoría son pobres y en gran parte se trata de mujeres”, destacó el ministro presidente, quien dijo que con esa situación “condenamos a la genta al infierno”, porque “eso son las prisiones mexicanas”.
También se quejó de que los organismos encargados de perseguir los delitos (las procuradurías y fiscalías” abusan del recurso de la prisión preventiva oficiosa. Esto resulta profundamente injusto, además de que no es la única manera de salvaguardar al país, remató el presidente de la Suprema Corte.
Luego de sus palabras se generó una especie de pausa en el debate. Sólo la ministra Loretta Ortiz Ahlf, esposa del fiscal encargado de perseguir los delitos electorales, José Agustín Ortiz Pinchetti, insistió en oponerse a la propuesta de “inaplicar” la prisión preventiva oficiosa.
En cambio, el ministro ponente Luis María Aguilar pareció asumir lo expuesto por el ministro presidente y pidió que no se procediera a votar en se momento, sino que se le diera tiempo de revisar algunos aspectos de su ponencia, para presentarlos en la sesión de mañana, jueves 8, y sólo después proceder a la votación.
Es difícil vaticinar si los comentarios del presidente de la Corte influirán para modificar los criterios de los otros ministros, pero lo que se puede decir es que por el momento se invalidan las conclusiones de los partidarios de la PPO que ya daban por hecho que el tribunal constitucional aceptaría la aplicación, como hasta ahora, de esas normas que autorizan encarcelar a personas bajo la sola sospecha de que incurrieron en un delito.
El bloque de contención demanda evitar “albazos”
para aprobar las reformas a la ley de la Guardia Nacional
También el jueves venidero empezará a despejarse el tema de las reformas a las para autorizar que la Guardia Nacional quede bajo el control total de la Secretaría de la Defensa, iniciativa que fue aprobada a toda carrera en la Cámara de Diputados por Morena y sus rémoras, a pesar de las protestas de la oposición que considera que con esas modificaciones se da la vuelta a la Constitución, en donde se establece que esa corporación debe tener un mando civil.
En consecuencia, se estima que, a final de cuentas, de aprobarse las reformas, el tema tendrá que ser revisado también por la Suprema Corte de Justicia.
Para evitar esas controversias, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, trata de dar constancia de su inclinación a buscar acuerdos con participación de todos los grupos parlamentarios.
Por lo pronto, ayer los partidos de oposición ratificaron su desacuerdo con la militarización de la Guardia Nacional.
El senador del PAN Damián Zepeda Vidales recordó que “es evidente que el trato que se le dio en la Cámara de Diputados (a la iniciativa acerca de la Guardia Nacional) fue por demás irresponsable. El debate y la aprobación por parte de la mayoría de Morena y aliados, en un solo día de análisis, pues es una falta de respeto y una burla para este país, más allá de la postura de cada uno de nosotros sobre si están de acuerdo hoy en militarizar o no al país que, por supuesto, estamos completamente en contra.
“Nosotros exigimos un debate amplio, serio, abierto, profesional en este Senado de la República”, remachó el senador panista.
El guerrerense Manuel Añorve, del PRI, quien anticipó que votará contra la militarización, pidió “respetuosamente” a la Mesa Directiva incorpore a la revisión de la minuta enviada por la Cámara de Diputados a las comisiones de Derechos Humanos y de la Defensa Nacional, pues nada justifica que se les excluya de un tema que les compete.
“Vamos a discutir con altura de miras, vamos a dar argumentos, pero con todo respeto.Yo no estoy de acuerdo en que el turno sólo sea circunscrito a dos comisiones; deben de discutirse los temas con madurez, con puntualidad y, sobre todo, deben de discutirse de cara al pueblo de México”, apuntó el legislador priista.
