El PRI quiere darle “dientes” al Congreso
Roberto Vizcaíno jueves 9, Jun 2011Tras la puerta del poder
Roberto Vizcaíno
- De lo que se trata, indicó el diputado Santiago, es que esta acción se equipare y castigue como el peculado. Por ello, mi iniciativa, agregó, tiene varios capítulos y comprende en sí 3 reformas
El diablo suelto | Trizas
Vía el diputado chiapaneco César Augusto Santiago, la bancada del PRI propuso ayer una reforma constitucional para permitirle al Congreso denunciar y actuar penalmente, incluso contra el secretario de Hacienda y sus subalternos, si usan los recursos del Presupuesto de Egresos en áreas para los que no fueron aprobados.
De lo que se trata, indicó el diputado Santiago, es que esta acción se equipare y castigue como el peculado. Por ello, mi iniciativa, agregó, tiene varios capítulos y comprende en sí 3 reformas:
1.- La constitucional;
2.- Otra a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y
3.- Una más al Código Federal de Procedimientos Penales.
¿Cuál el propósito?
Darle contexto legal a algo que, desde la Secretaría de Hacienda, el Presidente de la República en turno y sus secretarios de Hacienda y subalternos han manejado desde hace años con criterios absolutamente discrecionales, en el borde de la ilegalidad, y que ellos llaman “disponibilidades”, precisó.
Y es que con las disponibilidades le sacan la vuelta al cumplimiento de la ley.
¿Cómo?
– Hacienda dispone libre y discrecionalmente de los subejercicios; de los llamados ahorros presupuestales; de los aumentos en los precios del petróleo que vendemos al exterior; de las multas; de las incautaciones públicas -que se hacen ahora de manera cotidiana-, y con todo esto forma una bolsa multimillonaria, a veces comparable al volumen del presupuesto que se aprueba y discute en la Cámara de Diputados cada año.
– Esta enorme bolsa es aplicada luego por el Presidente de la República vía Hacienda, con una gravísima y delicada discrecionalidad… toma recursos de todo este volumen de disponibilidades, y lo asigna sin darle cuenta a nadie, a las dependencias y entidades que le conviene.
– El volumen de estas asignaciones durante los últimos años, ha sido mayor a los 300 mil millones de pesos. No es una cuestión menor. Es un asunto muy delicado, al que nunca le ponemos mayor atención. Porque en el ejercicio anual de presupuestación, los legisladores atendemos primero lo correspondiente a los nuevos impuestos y luego a cómo nos vamos a repartir el dinero producto de estos impuestos.
– Así se dan casos como el que la Secretaría de Hacienda ha enviado a la Secretaría de la Función Pública 3 mil 500 millones de pesos, sin que Hacienda tenga facultades para dárselos, y la Función Pública para recibirlos… y esta es una práctica habitual de la Secretaría de Hacienda.
– ¿Qué caso tiene que discutamos anualmente el Presupuesto si luego el secretario de Hacienda, sin sujeción a ningún criterio, sin informarle a nadie, entrega ese dinero a quien le viene en gana?
– ¿Entonces qué propongo?
– Si no hay mecanismos de sanción… si la Constitución y las leyes en esta materia, no tienen una sanción, jamás vamos a encontrar el perfeccionamiento de este procedimiento. Por eso propongo, finalmente, una reforma al Código Penal Federal y una reforma al Código Federal de Procedimientos Penales.
– ¿Para qué? Para que el envío, la aplicación de recursos a un fin distinto al que fue decidido por los diputados, se equipare al delito de peculado, y se castigue por igual a quien envíe el recurso, como al que lo reciba.
– Porque disponer discrecionalmente de esa enorme bolsa denominada ahora como asignaciones, es un clásico delito de peculado… aplicara, enviar dineros públicos a un destino distinto del acordado en el Presupuesto de Egresos es peculado.
En síntesis: se trata de parar una práctica ilegal que afecta a todos los rubros y acciones en el país, pues el gobierno federal no ejerce, no aplica el presupuesto como se lo ordenan los diputados y entonces ese dinero, convertido en miles y miles de millones de pesos, que debiera ir a programas y obras, van a dar a otras cosas muy distintas para lo que se había pensado.
MÁS CUENTAS: Diputados y senadores de todos los partidos pertenecientes a la Comisión Permanente le exigieron ayer al secretario de Seguridad Pública, al loado y alabado ingeniero Genaro García Luna, así como a la titular de la PGR, Marisela Morales rindan un informe exhaustivo sobre la estrategia de seguridad pública aplicada hasta hoy y prevista para lo que resta del sexenio.
Este informe deberá explicar desde el estado de las recomendaciones sobre Derechos Humanos, número de víctimas, cálculo de los daños materiales y las pérdidas económicas derivadas de esta estrategia.
Las crecientes quejas ciudadanas e institucionales nacionales y extranjeras, indicaron los legisladores, requieren de una revisión y respuesta por parte del Congreso y los órganos gubernamentales responsables del área.
Por ello mismo se pedirá a las secretarías de Relaciones Exteriores y a la de Defensa Nacional, informen sobre el número de civiles muertos en enfrentamientos entre el narcotráfico y la milicia y sobre las sentencias que la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos han emitido en contra de México.
En especial, García Luna deberá explicar al Congreso sobre el contenido de los cables 98281 y 93138 de Wikileaks donde se indica que el titular de la SSPF ofreció al gobierno de Estados Unidos el libre acceso a información de inteligencia y seguridad sobre México.
INTENTAN DESCALIFICAR: El diputado federal priísta Alfonso Navarrete Prida, denunció ayer que PAN y PRD están intentando descalificar las elecciones en el Estado de México.
Frente a sus posiciones en las encuestas, donde Alejandro Encinas no pasa de 20 puntos y el panista Bravo Mena va ya en 13, mientras que el priísta Eruviel Ávila gana preferencias y va ya casi en 54 por ciento, dijo, es que los opositores han comenzado a señalar delitos que no existen para sembrar dudas en los ciudadanos.
“Es claro que hay una intentona de parte del PRD y del PAN y sus aliados de intentar descalificar la elección a tres semanas y días de que esta termine con la emisión del voto…
“Y es que no han podido subir en las encuestas y como no se ven favorecidos ahora quieren descalificar todo el proceso”.
El ex procurador indicó que todo esto deriva de un hecho esencial: que el PRI, en su alianza con el PVEM y con el Panal sumó más de 200 millones de pesos de prerrogativas para ser aplicadas en esta campaña. Y ese dinero se nota en un mayor volumen de promocionales y propaganda.
Pero aclaró que precisamente por eso, en previsión de romper límites permitidos, el PRI pidió al Instituto Estatal Electoral del Estado de México una auditoría permanente de la aplicación de recursos y el IEE ha enviado visitadores y vigilantes suyos a todos los actos de Eruviel, a fin de hacer un reporte diario de gastos de campaña.
Por eso mismo saben los coordinadores financieros y políticos de la campaña del candidato tricolor, que no se han violado ni topes ni la aplicación de recursos.
Navarrete Prida dijo que tanto el PRD y su candidato como el PAN y el suyo, saben perfectamente que el IEE no depende del gobierno estatal y que es más, muchos de los funcionarios de este organismo han sido designado por ellos y por lo tanto es uno de los institutos electorales estatales más equilibrados, imparciales y limpios que existen en el país.
Lo demás es una intentona para descalificar a priori el proceso electoral y sembrar la duda en los electores y la opinión pública, duda que caerá por su propio peso una vez concluido el proceso.
EL QUE A HIERRO…: Lo que hoy le ocurre al ex gobernador de Chiapas Pablo Salazar Mendiguchía, quien fue detenido anteayer en Cancún por un peculado por 140 millones de pesos y llevado a prisión a Chiapas, dijo el diputado Roberto Albores Gleason (hijo del ex gobernador Roberto Albores), es casi justicia divina.
Y lo es, explicó, porque durante su sexenio, Salazar Mendiguchía usó todos los elementos del poder y el gobierno para encarcelar a sus opositores políticos, creándoles cargos a veces absurdos.
Eso, recordó el legislador, fue denunciado públicamente en su momento y ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Hoy que Salazar está tras las rejas, dijo, por supuesto que “nosotros aplaudimos se estén tomando cartas en el asunto”. Recordó varios casos, pero uno lo ejemplifica todo: Salazar siendo gobernador reprimió, amedrentó y finalmente encarceló a Conrado de la Cruz Morales, hijo del dueño y director del diario Cuarto Poder, Conrado de la Cruz Jiménez. A ambos les inventó delitos. El primero murió en la cárcel y el segundo de un paro cardiaco en Miami, a donde fue como exiliado junto con su esposa y su hija debido a la persecución ejercida por Salazar en contra de ellos.
A un subprocurador lo acusó por peculado por mil millones de pesos, cuando su subprocuraduría ejercía un presupuesto menor a los 10 millones de pesos.
Y así realizó una cadena de detenciones con base en delitos inventados que al final lo obligaron a huir de Chiapas apenas dejó la gubernatura. Hoy Salazar está encarcelado por un peculado bien documentado por 140 millones de pesos, indicó el diputado Albores.
