Libertad de expresión
¬ Augusto Corro jueves 9, Jun 2011Punto por punto
Augusto Corro
- Periodistas, blanco de asesinos
- Nadie se interesa en protegerlos
- Esta vez, la liebre saltó en Chiapas
El 7 de junio se conmemora en México el Día de la Libertad de Expresión.
A partir de los sexenios panistas, los comunicadores se convirtieron en blanco del crimen organizado o de las autoridades.
Así lo demuestran las cifras: 30 periodistas asesinados durante el gobierno foxista y 38 en el de Felipe Calderón Hinojosa (FCH). Se deben agregar las desapariciones de 13 comunicadores y 21 atentados a instalaciones de diarios y televisoras.
En la mayoría de los casos, predomina la impunidad. Es decir que los asesinos se encuentran libres. Esto refleja que las autoridades, en los tres niveles, no tienen el menor interés de resolver los crímenes contra los comunicadores.
Recientemente comentamos que México es catalogado como el país más peligroso para el ejercicio del periodismo en América, y el segundo lugar en el mundo.
Los comunicadores son víctimas de la delincuencia organizada y de los caciques que gobiernan en pueblos y estados en el interior del país. A los sicarios de los cárteles y a los funcionarios públicos no les agradan los medios de comunicación.
Los periodistas padecen también un número indeterminado de vejaciones, intimidaciones, represiones, censuras y secuestros.
Por eso, en algunas ciudades norteñas, los periódicos publican únicamente lo que ordena la narcodelincuencia. No es raro tampoco que la autocensura se practique para evitar represalias por parte de los hampones o dizque de las autoridades.
Es desolador el panorama del periodismo en México. Queda muy claro que con la narcoviolencia, aumentaron los índices de acciones criminales contra los representantes de los medios de comunicación.
A pesar de esos hechos tan obvios de agresiones contra los comunicadores, las autoridades se niegan a implementar medidas apropiadas para protegerlos. De vez en cuando, los defensores de los derechos humanos alzan la voz para exigir justicia en tal o cual caso, pero nada más.
Por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el asesinato del periodista Noel López Olguín a manos de los narcotraficantes, en Veracruz. El reportero desapareció el 8 de marzo del presente año y apareció en una fosa clandestina el 31 de mayo.
Con la confesión de un sicario, se logró saber el destino fatal de Noel López Olguín.
La CIDH instó a las autoridades mexicanas a sancionar en forma adecuada a los responsables de ese crimen e implementar una política integral de protección y procuración de justicia, “ante el contexto de violencia que sufren periodistas y medios de comunicación en México”.
Este organismo internacional cumplió su función en la manera más tibia posible. Tenga usted, amable lector, que nadie escuchará su petición o sugerencia.
Otra vez, el 7 de junio Día de la Libertad de Expresión del 2011, la situación de los periodistas no varía. Seguirán sin leyes que los protejan, siempre expuestos a padecer todo tipo de agresiones de los delincuentes o de las autoridades que para el caso es lo mismo.
SALTÓ LA LIEBRE EN CHIAPAS
¿Qué ex gobernador priísta será llevado ante la justicia a rendir cuentas? Esta pregunta se escuchó por todas partes, en los últimos días. Todo mundo pensaba que Ulises Ruiz Ortiz, ex mandatario de Oaxaca: o el de Tamaulipas, Eugenio Hernández; o Mario Marín de Puebla y otros más, podrían ser detenidos en cualquier momento para ser juzgados. La historia de esos políticos al frente de gobiernos estatales es rica en brutalidades y abusos de poder.
Sin embargo, la liebre saltó en Chiapas y no se trató de un ex mandatario con expediente negro, sino de otro ex mandatario estatal muy parecido a los citados. Nos referimos a Pablo Salazar Mendiguchía, ex gobernador chiapaneco, quien fue detenido la tarde del martes por policías ministeriales en el aeropuerto de Cancún. Las autoridades le imputan cuatro delitos entre ellos: peculado y asociación delictuosa, abuso de la función pública por la contratación de un seguro por 104 millones de pesos, sin fundamento jurídico para ello y lo que surja.
Se ignora si con la detención de Salazar Mendiguchía empieza o termina su pleito con el gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero. En el fondo, según los conocedores, se trata de una pugna de comadres que buscan anularse políticamente: una guerra de ambiciones personales.
El ahora detenido responsabilizó al gobernador de un robo que sufrió en su oficina. Los ladrones sustrajeron documentos en los que el ex mandatario se defendía de señalamientos sobre un supuesto desvío de decenas de millones de pesos cuando ocurrió el problema del huracán “Stan” en 2005. Parece que esto desencadenó la ira de Sabines Guerrero.
Salazar Mendiguchía no es una blanca paloma. Cuando fungió como mandatario estatal se distinguió por su persecución a los periodistas críticos y a activistas sociales. Nadie podría criticarlo porque se convertía en enemigo. Era todo un dictadorzuelo de horca y cuchillo.
En fin, Sabines Guerrero abrió el expediente penal contra el multicitado Salazar Mendiguchía, su enemigo jurado, al que por la gravedad de los delitos que se le acusa, no podrá salir bajo fianza. Entre otras cosas, el ahora detenido tendrá que explicar el origen de su riqueza. Y como está de moda utilizar el poder para satisfacer venganzas personales, en Chiapas se sigue el mal ejemplo.
PUNTOS SUSPENSIVOS… Nuevos hechos sangrientos vuelven a conmocionar a la opinión pública. En Torreón, en un centro de rehabilitación para alcohólicos, 11 personas perdieron la vida y dos más resultaron heridas. Esas masacres contra gente que busca rehabilitarse ya se registraron en Ciudad Juárez y en Gómez Palacio, Durango, 2l y 26 de junio de 2010, un comando ingresó a un centro de rehabilitación y mató a nueve adictos en recuperación. El obispo Raúl Vera condenó el asesinato colectivo mencionado que ocurrió momentos después de que la Caravana por la Paz pasó por ahí con destino a Monterrey, Nuevo León…
