Conclusiones de la Comisión de la Verdad generan más dudas que certezas
Miguel Ángel Rivera jueves 25, Ago 2022Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Así como se inició y como continuó durante todo el receso legislativo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión llegó ayer a su fin, entre intensa polémica entre el oficialismo y la oposición.
Esta vez el tema central de desacuerdo fue el reciente informe de la Comisión de la Verdad acerca de los graves sucesos de la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en Iguala, cuando fueron secuestrados y desaparecidos 43 alumnos de la normal rural de Ayotzinapa.
Como se sabe, a partir de ese informe, la incondicional Fiscalía General de la República, consignó penalmente al ex titular de la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR, ahora FGR) Jesús Murillo Karam y pidió órdenes de aprehensión contra otras 80 personas.
El bloque oficialista, integrado por Morena y sus rémoras del PT y PVEM, presumieron ese informe y consignaciones como un gran logro de la llamada Cuarta Transformación, sobre todo por la conclusión de que fue un crimen de Estado, lo cual dan más elementos al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para señalar la corrupción de los anteriores gobiernos “conservadores” y “neoliberales”, en particular el encabezado por Enrique Peña Nieto, quien a pesar de todo no ha sido inculpado, así como tampoco los altos mandos de las secretarías de la Defensa y de Marina, a pesar de que una veintena de sus subordinados están en la relación de inculpados del “crimen de Estado”.
Por el contrario, los legisladores del frente de oposición, integrado por las bancadas del PAN, PRI y PRD, destacan que las conclusiones de la mencionada Comisión de la Verdad aportan poco acerca de la forma como ocurrió el secuestro y asesinato de los normalistas y, en cambio, se centran en las averiguaciones posteriores, acerca de supuestas torturas y otras irregularidades en las pesquisas, por las cuales ya están libres muchos de los acusados originalmente por la privación de la libertad de los jóvenes y, eventualmente, por su homicidio y posterior “desaparición”.
Como remate, los elementos de la oposición dicen que las denuncias contra el ex procurador Murillo Karam y el resto de los acusados no cumple con el propósito de hacer justicia, sino solamente para dar elementos para la cotidiana propaganda de la llamada Cuarta Transformación, que tiene como punto culminante la “mañanera” presidencial.
Una voz supuestamente imparcial se escuchó en la Permanente
Ante estas posiciones irreconciliables, conviene citar los comentarios del senador independiente Emilio Álvarez Icaza, quien está al margen de posiciones partidistas y tiene como propósito central la defensa de los derechos humanos, actitud que lo llevó a ser presidente de la comisión en la materia en el entonces Distrito Federal y hasta secretario general a nivel Interamericano.
“El informe presentado el jueves es una buena demostración por qué una Comisión de la Verdad no debe ser gubernamental… lo que vimos el jueves es justo la práctica institucional contraria, un servidor público de gobierno que esencialmente presenta la versión del gobierno, dijo Álvarez Icaza, quien agregó:
“Esa metodología tiene por contraste lo que ha pasado en Colombia o en Perú donde son personalidades de reconocido prestigio social y no gubernamental y lo que vimos en esencia es el montaje de una construcción de una nueva verdad oficial.
“Hay así, incluso a observarlo, ya hay hoy día una serie de señalamientos de otros integrantes de la Comisión de la Verdad que han señalado no haber conocido previamente esa información, lo han señalado así, por ejemplo, los padres; lo han señalado así las organizaciones sociales y civiles que forman parte de esta Comisión de la Verdad.
“El jueves, en Palacio Nacional, sólo estuvo el presidente (López Obrador) con el subsecretario de Gobernación, y que, por supuesto, no despeja duda alguna que recibe instrucciones para poder ejecutar esta presentación. Eso lejos de ayudar a esclarecer el derecho a la verdad y a la justicia genera, por supuesto, nuevas dudas fundadas sobre lo que ahí se presentó, indicó el luchador por los derechos humanos.
Agregó que “la segunda observación y muy de fondo tiene que ver con contravenir un principio básico del derecho internacional de los derechos humanos que se refiere a los casos en materia de desaparición forzada de personas.
“El principio internacional que se conoce en estos casos se llama la búsqueda bajo la presunción de vida. Ese es el principio básico que rige el trabajo del Estado en materia de desaparición forzada de personas.
“Lo que se nos informó es que los estudiantes fueron arteramente ultimados. Eso es un sinónimo de haber sido asesinados que contraviene justamente todos los estándares internacionales en materia de la búsqueda de personas bajo la hipótesis de desaparición forzada de personas. Es, por supuesto, un principio que contraviene lo que se conoce como el derecho a la verdad.
“Tercero, me parece muy importante subrayar que en tratándose de un crimen de Estado, como se ha subrayado, cosa que no es nueva, por cierto, tendría entonces que actuarse en consecuencia, tendría que conocerse de los demás niveles de responsabilidad.
“Por ejemplo, quien es hoy secretario almirante, era jefe de la Zona Naval en Acapulco. Sabemos que Tomás Zerón actuó con marinos, por ejemplo, para sembrar evidencias, o al menos así se ha presumido.
“¿Cómo así que Ojeda no supo? ¿Cómo así que el hoy secretario de la Marina no estuvo enterado? Eso, perdón, no es verosímil, ni creíble.
“¿Cómo así que el general Cienfuegos (el entonces secretario de la Defensa) no se enteró? Cuando sabemos ya desde el 2019, por trabajo periodístico, que había un militar infiltrado. ¿Cómo así que Cienfuegos no se enteró? No es verosímil.
“Si hay un crimen de Estado, por supuesto que se tiene que llegar a la responsabilidad que refiere a la participación de las Fuerzas Armadas, con la evidencia cierta que hoy el secretario de Marina estuvo enterado, el anterior secretario de la Defensa estuvo enterado y, por supuesto, el Presidente. Al contrario, pareciere que vamos a un escenario donde hay nuevos intocables y gente que no se toca por un pacto de impunidad”, remató el senador independiente.
Una cosa es denunciar y otra comprobar supuestos delitos
Este principio quedó en evidencia durante la presentación de Murillo Karam, a pesar de que el juez de cargo lo vinculó a proceso por supuestos delitos contra la administración de justicia; tortura y desaparición forzada (reclasificado con base en el Código Penal Federal).
A la hora de escribir estos comentarios, todavía estaba en marcha la audiencia judicial, pero con anterioridad, los abogados defensores del ex procurador sostuvieron que no hay una sola víctima, testigo o documento que señale la presunta responsabilidad del ex funcionario por el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“No hay un sólo indicio razonable para vincularlo a proceso”, enfatizó su defensa legal durante su argumentación en la audiencia en que se definirá si es vinculado a proceso. Además, los abogados del ex titular de la PGR acusaron al Ministerio Público de la Federación de “descontextualizar” frases de conferencias de prensa para acusar a Murillo Karam.
En esencia, se mantiene la presunción de que todas las denuncias contra Murillo se basan en declaraciones de testigos protegidos, pero no hay pruebas contundentes, por lo que se mantienen las presunciones de que se trata de un preso político.
También prevalece el supuesto de que la consignación del ex procurador y los otros acusados es un elemento de distracción del gobierno del presidente López Obrador, para hacer que se olviden otros problemas de la vida nacional.
Para desgracia de la llamada Cuarta Transformación, ayer mismo se supo que la inflación durante la primera quincena de este mes de agosto llegó a 8.62 por ciento, la más alta en 22 años, pues superó la del mes de julio, cuando se registró una inflación de 8.15% interanual, todo de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El organismo no puede ser acusado de parcial contra el gobierno, pue lo dirige la ex secretaria de Economía Graciela Márquez Colín, quien fue propuesta para el cargo por el presidente López Obrador, pero como se aprecia ejerce su autonomía al analizar los indicadores económicos.
