Acusaciones por el caso Ayotzinapa repercuten en la sucesión presidencial
Miguel Ángel Rivera martes 23, Ago 2022Clase Política
Miguel Ángel Rivera
La consignación del ex procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, y de ochenta personas más —destacadamente una veintena de oficiales y soldados del Ejército Nacional— por el terrible caso de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, además de implicar un gran esfuerzo para comprobar culpabilidades, podría significar un serio revés para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en su propósito de militarizar la Guardia Nacional y mantener a las fuerzas armadas a cargo de las labores de policía.
Primero lo primero: La tarea central de la llamada Cuarta Transformación y de la “autónoma” Fiscalía General de la República (FGR) consiste en comprobar que hubo una conjura de funcionarios de todos los niveles de gobierno para ocultar o presentar modificada la realidad de lo ocurrido la trágica noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en Iguala y otros poblados cercanos, cuando fueron secuestrados y desaparecidos 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Lo primero que ha pregonado la llamada Cuarta Transformación, a partir de un informe de la Comisión de la Verdad, presidida por el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, es la demolición de la llamada “verdad histórica” que consiste básicamente en la presunción de que los normalistas fueron detenidos por policías corruptos y entregados a una banda de delincuentes conocida como Guerreros Unidos, que ejecutaron a los jóvenes e incineraron sus cadáveres.
Los padres de los desaparecidos y sus asesores jurídicos desde un principio sostuvieron que hubo otras autoridades involucradas, principalmente militares, por lo cual han sostenido siempre que fue un crimen de Estado.
La entonces oposición y ahora gobierno hizo suya la protesta, sobre todo cuando el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), contratado para dar veracidad a las investigaciones, en vez de eso descalificó la “verdad histórica” y dio cabida a las versiones de militares implicados.
Tales descalificaciones fueron retomadas y validadas por el informe de la Comisión de la Verdad que sirve de base para las consignaciones decididas por la FGR, lo que hasta ahora se desconoce es la nueva versión de cómo se supone que ocurrieron los graves acontecimientos de esa aciaga noche.
Los presuntos confabulados niegan su participación
El problema para la FGR y, en general, para toda la llamada Cuarta Transformación es demostrar que esos rumores son ciertos y presentar ante los jueces las evidencias de que hubo ese “compló”.
No se trata de una tarea fácil. De hecho, además de Murillo Karam, dos de los supuestos participantes en la reunión para consolidar la llamada “verdad histórica” han declarado que no hubo tal encuentro.
Uno de los presuntos implicados, el ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, negó su participación en una supuesta reunión en Iguala para construir la “verdad histórica”, como acusó la Fiscalía General de la República (FGR) durante la primera audiencia del detenido ex procurador Jesús Murillo Karam.
Aguirre Rivero, quien dejó el gobierno de Guerrero a raíz de los acontecimientos en Iguala, reveló inclusive estar en Acapulco y dirigirse a “mi querido Ometepec”, pues aseguró que no se va a esconder, ni mucho menos.
“La vida me ha enseñado que en los momentos más difíciles es cuando más debemos de mostrar el temple y el carácter”, dijo el ex gobernador en un comunicado.
Para ser postulado para las elecciones de 2011, Aguirre Rivero renunció al PRI, que postuló a su primo Manuel Añorve y recibió el respaldo de una coalición en la que participaron los partido Convergencia (ahora MC), el PT y el PRD, el antecedente directo del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), pero nunca ha sido considerado plenamente afiliado a la llamada Cuarta Transformación.
Por esos antecedentes, lo que diga o haga Aguirre Rivero no tiene mayor repercusión en las filas del partido oficial o del gobierno federal.
En cambio, el otro personaje involucrado en la supuesta conspiración para cimentar la mencionada “verdad histórica”, el actual secretario de Seguridad Pública del gobierno de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, tiene un peso considerable dentro de la llamada Cuarta Transformación, por el trabajo realizado que beneficia a una de las “corcholatas” del presidente López Obrador, la jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum Pardo.
Es decir, las acusaciones y eventual consignación de García Harfuch repercutiría en la lucha dentro de las filas de Morena y asociados para decidir quiénes serán sus candidatos para las elecciones presidenciales de 2024 y para el gobierno de la capital del país, pues el actual secretario de Seguridad es mencionado con insistencia para sustituir a su jefa en el llamado Palacio del Ayuntamiento.
“Rechazo la versión absurda de haber participado en una reunión para fraguar la verdad histórica; ojalá quienes llevan las investigaciones detengan a quien hizo daño a los jóvenes en lugar de arruinar vidas y reputaciones de los que sí hacemos algo por nuestro país todos los días”, declaró García Harfuch, con lo cual invalida la hipótesis de la Comisión de la Verdad y de la FGR, en el sentido de que hubo un “compló” para dar por válida la conclusión a la que llegó la PGR durante el mandato de Murillo Karam.
Por si hiciera falta, el desmentido del secretario capitalino de Seguridad recibió el inmediato respaldo de su jefa, Claudia Sheinbaum, a quien muchos dan por segura candidata presidencial, por las manifestaciones favorables de parte del presidente López Obrador, quien será el encargado de “destapar” a la “corcholata” que será elevada a lo más alto del gobierno federal.
Sheinbaum declaró que García Harfuch seguirá al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a pesar de que su nombre fuera vinculado al caso Ayotzinapa, pues en la capital del país “ha desempeñado un papel sumamente importante”.
“Religión y fueros”, el grito que se vuelve a escuchar
Si involucrar a García Harfuch para validar la llamada “verdad histórica” resulta muy difícil, más lo será comprobar y lograr que un juez declare culpables a militares que presumiblemente protegieron a los delincuentes que secuestraron y desaparecieron a los normalistas o que no hicieron nada para evitar esa tragedia.
El pasado jueves, la FGR informó que el Juez Segundo de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, concedió 83 órdenes de aprehensión en contra de autoridades, funcionarios y policías, de los tres órdenes de Gobierno, así como de integrantes de grupos del crimen organizado.
En lo que respecta a los militares, sus eventuales juicios serán conforme al fuero común, como si se tratara de civiles y no por el fuero militar.
Aquí viene otro problema, por la situación especial en que se encuentran muchos militares que al mismo tiempo desempeñan labores de policías.
Ese dilema ya fue expuesto por uno de los historiadores preferidos de la llamada Cuarta Transformación, Pedro Salmerón, quien perdió el cargo de embajador en Panamá por acusaciones de acoso sexual, pero que conserva un amplio reconocimiento por su trabajo académico.
El martes 15 de diciembre de 2015, cuando ya se especulaba acerca de acciones ilegales o de omisiones por parte de elementos de las fuerzas armadas que facilitaron el secuestro y desaparición de los normalistas, Salmerón publicó en el diario La Jornada un artículo acerca de la resistencia en las filas militares para que sus elementos fueran juzgados por su participación o inacción en la tragedia de Iguala.
Salmerón dio cuenta de que el entonces secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos Zepeda, se opuso tajantemente a que el grupo de expertos de la CIDH interrogara a los soldados del 27 Batallón de infantería sobre la desaparición de los 43 normalistas.
“No tienen por qué declarar los soldados. Primero, porque no hay un señalamiento claro de algún involucramiento” en contra de ninguno (¿¡!?). Y añadió: No “puedo permitir que interroguen a mis soldados”.
“Él lo dice, cosa juzgada”, sentenció Salmerón.
