PJCDMX acepta el escrutinio como fuente de prestigio y confianza ciudadana: mag. Guerra Álvarez

• El presidente del órgano judicial así lo subrayó al recibir el informe final del proyecto Consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

El magistrado Rafael Guerra Álvarez planteó que es momento de revisar y continuar con ajustes a la estrategia para superar cargas de trabajo rebasadas que actualmente se tienen en el sistema, optimizar las actividades cotidianas de los impartidores de justicia, la medición de los espacios en las salas de audiencia, así como la seguridad, equipo, mobiliario y accesibilidad para las personas con discapacidad.

El Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) acepta el escrutinio, la observación y evaluación como fuentes del prestigio y confianza ciudadana “que nos hemos propuesto inspirar”, afirmó el presidente del órgano judicial, magistrado Rafael Guerra Álvarez.

Al recibir el informe final del proyecto Consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en México, elaborado por el Programa de Prevención del Delito y Justicia Penal de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, enfatizó que la apertura, transparencia y evaluación constante son la esencia de la evolución gradual de las instituciones, que lleva a una paz más duradera y asequible.

Ante Nayely Sánchez Estrada, titular de los programas de esa instancia internacional, recordó que hace tres años se acordó con ese organismo consumar distintos propósitos para identificar el desempeño actual de los operadores del sistema procesal penal acusatorio, así como los estándares que deben cumplir las instalaciones y el desempeño de los tribunales.

Planteó que es momento de revisar y continuar con ajustes a la estrategia para superar cargas de trabajo rebasadas que actualmente se tienen en el sistema, optimizar las actividades cotidianas de los impartidores de justicia, la medición de los espacios en las salas de audiencia, así como la seguridad, equipo, mobiliario y accesibilidad para las personas con discapacidad.

“Agradecemos con sinceridad la evaluación y diagnóstico que será puesto en nuestras manos, porque representa el trabajo diligente y multidisciplinario que se requiere para focalizar recursos humanos y financieros que se reflejen en la vida cotidiana y la paz en nuestra ciudad”, expresó en la sede del PJCDMX.

Con la presencia de magistrados de salas penales, consejeros de la Judicatura de la CDMX y titulares de áreas de administración del órgano judicial,  Guerra Álvarez reconoció que esta labor no será consumada en una sola administración ni por una sola generación, pero ofreció que el invaluable capital humano del Poder Judicial se renueve para estar a la altura de las aspiraciones de la sociedad y la importancia de su causa. En su oportunidad, el asesor senior del proyecto, Héctor Hermoso Larragoiti, recordó que uno de los objetivos del constituyente al reformar el sistema penal era humanizar la justicia, hacerla más próxima al justiciable, y aseguró que en el caso del PJCDMX es notorio el interés de los operadores del mismo por proporcionar un trato digno a las partes, con un lenguaje claro, sencillo, comprensible, libre de formulismos.

A su vez, Nayely Sánchez Estrada adelantó que los resultados contenidos en el informe final tienen el objetivo de que se pase a nuevos niveles, bajo la premisa de que actualmente el sistema en la Ciudad de México tiene todo “el piso” y toda la experiencia construida; el nivel de detalle contenido en el informe, abundó, permite la toma de decisiones para fortalecer el sistema de justicia.

En la entrega del documento estuvieron los magistrados penales Raúl Ayala Casillas,  Eugenio Ramírez Ramírez, Rogelio Magos Morales, Arturo García Salcedo y Armando Sánchez Palacios; las consejeras de la Judicatura Emma Campos Burgos, Esperanza Hernández Valero y Susana Bátiz Zavala, así como el consejero Andrés Linares Carranza.

También, el oficial mayor del órgano judicial capitalino, Sergio Fontes Granados, y la directora ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos, Yolanda Rangel Balmaceda.