Con endebles acusaciones, los fiscales arecen estar a favor de Murillo Karam
Miguel Ángel Rivera lunes 22, Ago 2022Clase Política
Miguel Ángel Rivera
“Hay un desorden, no vienen debidamente preparados”, les advirtió el juez encargado de juzgar las nuevas denuncias contra ex funcionarios públicos acusados de irregularidades como parte de las averiguaciones para determinar cómo fueron detenidos y desaparecidos 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, en Iguala, la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014.
Como lo señalamos en anterior columna, las averiguaciones de la llamada Comisión de la Verdad no difieren de la “verdad histórica” que pretendió establecer como conclusión del caso la entonces Procuraduría General de la República (ahora Fiscalía) con la intención de que, una vez por todas, se aceptara que los normalistas de Ayotzinapa habían sido asesinados y sus cuerpos desaparecidos, principalmente mediante el procedimiento de incinerarlos en un basurero y arrojados a un río.
Esa conclusión no ha cambiado radicalmente, pero no se ha logrado establecer sin duda alguna la forma como fueron “desaparecidos” los restos mortales de esos infortunados jóvenes que pretendían conseguir transporte gratuito que los llevara a la Ciudad de México (entonces Distrito Federal) a participar en las protestas por los lamentables acontecimientos del 2 de octubre de 1968, de los cuales ninguno de ellos tenía conocimiento directo, ni tal vez sus padres.
Lo que está bien establecido es que, por algunos enredos, los jóvenes normalistas fueron confundidos con militantes de un grupo criminal, conocidos como Los Rojos, a los cuales perseguían y combatían otro grupo de delincuentes denominados como Guerreros Unidos.
El delito central era la entrega de esos jóvenes estudiantes y su posterior sacrificio y “desaparición” tuvo como conclusión oficial la denominada “verdad histórica” sostenida por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) entonces a cargo del ex gobernador de Hidalgo, Jesús Murillo Karam.
Como parte de la averiguación, iniciada por la Procuraduría de Justicia de Guerrero, encabezada por Iñaki Blanco, se detuvo a decenas de personas entre funcionarios públicos, policías presuntamente al servicio de la delincuencia y miembros de las bandas de delincuentes que se disputaban (o se disputan) el control de una plaza como la ciudad de Iguala, que se considera fundamental para el trasiego de drogas. De hecho, una de las hipótesis que se manejaron durante las pesquisas es que uno de los autobuses de pasajeros involucrados en esa tragedia, supuestamente ocupado por algunos de los normalistas, ocultaba un cargamento de enervantes.
El hecho es que esa “verdad histórica” no gustó a muchos de los deudos de las víctimas, así como tampoco a otros personajes que han hecho un “modus vivendi” de mantener las protestas públicas que, básicamente, se dedican a invalidar la conclusión oficial, con el agregado de sostener que con esa conclusión de trata de proteger a funcionarios públicos que no cumplieron con su deber o que francamente estaban en connivencia con las bandas de delincuentes.
Los delincuentes, libres, por fallas de procedimiento
En paralelo, algunos de los presuntos responsables de la captura y “desaparición” de los normalistas encontraron cobijo en grupos de defensores de los derechos humanos que dieron por válidas sus quejas de haber sido torturados y de errores y fallas en el debido proceso.
En la confusión derivada de que ese acto criminal, el secuestro y desaparición de los normalistas, involucró a diversas instancias del Poder Judicial, en el curso de los casi ocho años desde que ocurrió la desaparición de los normalistas, algunos de los implicados alcanzaron su libertad, con la ventaja adicional de que el nuevo gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, estaba decidido a anular cualquier aparente éxito de sus antecesores y, de ser posible, convertirlo en un error o, mejor, en un delito.
En este ambiente de invalidar todo lo que viene del pasado, nació la Comisión de la Verdad, a la que se agregó el apellido de Acceso a la Justicia, para la cual se nombró como titular al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, el reconocido economista Alejandro Encinas Rodríguez, de quien no se conoce ningún antecedente como investigador judicial. Claro, siempre queda el recurso de rodearse de especialistas que suplan las carencias personales.
Sea como haya sido —“haiga sido”, dijo el clásico— el hecho es que la investigación se centró en los funcionarios y ex que supuestamente incurrieron en omisiones o francas irregularidades. Los presuntos autores materiales del secuestro y desaparición pasaron a segundo plano, pues se dieron como válidas sus quejas por supuestas torturas y hasta se les ha convertido en testigos de cargo, protegidos por el llamado criterio o principio de confianza, copiado del sistema sajón de los “testigos protegidos”.
Esos testigos que presuntamente fueron víctimas de torturas para inculparse, obviamente están dispuestos a denunciar a quienes fueron sus torturadores, pero también existe la posibilidad de que mientan para salvarse definitivamente de las denuncias en su contra.
Por eso, el sólo testimonio de los testigos protegidos no constituye una prueba definitiva ante un tribunal. Se requieren otras pruebas definitivas y contundentes.
Esta es la situación ante la que nos encontramos actualmente.
De acuerdo con las informaciones recabadas por la mencionada Comisión de la Verdad y por la Fiscalía General de la República, encabezada por el “autónomo” Alejandro Gertz Manero, el ex titular de la PGR y autor de la “verdad histórica”, el mencionado Jesús Murillo Karam, convocó a una veintena de entonces funcionarios públicos, estatales y federales, para convencerlos de hacer válida dicha conclusión y así dar por cerrado el caso.
Hasta ahora, no se han presentado pruebas de que se haya dado tal confabulación. A lo más que se llega es a la presunción de que uno de los presentes en ese cónclave formuló la denuncia, pero ante un juzgado verdaderamente autónomo hace falta mucho más que las palabras de un supuesto testigo y, mucho más, si ese testigo es uno de los que originalmente fueron acusados de participar en el secuestro y desaparición de los normalistas.
Falta de preparación de fiscales queda en evidencia
Como se ha mencionado, el resultado de las pesquisas de la Comisión de la Verdad y de la Fiscalía General de la República, fue detenido y consignado el ex titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, quien compareció ante un juez para el inicio del proceso en su contra.
Sin embargo, lejos de lo que es de suponer, la presentación de Murillo Karam ante un juez en lugar de servir para consolidar las denuncias en su contra, resultó en desdoro del trabajo de los fiscales que lo persiguen.
“Desorganización, falta de preparación y desconocimiento, puntos esenciales de la carpeta de investigación con lo que se procedería formalmente a la imputación de varios delitos al ex procurador Murillo Karam, por el caso Ayotzinapa, fue lo que exhibieron los representantes de la Fiscalía General de la República (FGR) durante la audiencia inicial del proceso que se lleva a cabo en el Reclusorio Norte, lo que les valió una reprimenda por parte del juez de control”, dicen las notas informativas del diario La Crónica y del portal Head Topics, acerca de esta primera presentación del ex funcionario.
La fiscal Lidia Bustamante intentó justificarse, al ofrecer una disculpa, por no estar bien preparada y argumentó también que no estaba con ellos la fiscal Paola Berenice Reyes Sánchez, quien sí conoce plenamente la carpeta de investigación del caso Murillo Karam. Esta última apareció después, pero tampoco cumplió con las expectativas del juez.
Estas deficiencias justifican lo afirmado por la dirigencia nacional del PRI en el sentido de que “la detención del ex procurador General de la República, Jesús Murillo Karam responde más a un tema político, que de justicia, ya que con ello no se da respuesta a las familias de las víctimas. Demandó castigar a los verdaderos responsables de esta tragedia.
El Comité Ejecutivo Nacional del tricolor, encabezado por Alejandro Moreno Cárdenas, expresó su respaldo absoluto al ex procurador y advirtió que “no nos quedaremos callados ante un gobierno que utiliza el aparato de Estado en contra de los opositores”.
