Sánchez Cordero contra la división; propone colaboración de los poderes
Miguel Ángel Rivera viernes 19, Ago 2022Clase Política
Miguel Ángel Rivera
La salud de la democracia mexicana depende, en gran medida, de la intensa, benéfica y respetuosa relación entre los poderes públicos; por ello “debemos apostar por la colaboración entre poderes y las instituciones del Estado mexicano”, afirmó la ex secretaria de Gobernación y ministra de la Suprema Corte de Justicia en retiro, Olga Sánchez Cordero, al rendir su informe como presidenta del Senado durante el último año.
“Nuestro tiempo exige actuar bajo una óptica pluralista y democrática, que permita buscar nuevos caminos de unidad en el ejercicio de las mayorías parlamentarias, para dar respuestas reales al bienestar de la nación”, expresó también la jurista, quien formuló un reconocimiento a la Junta de Coordinación Política, que preside el senador Ricardo Monreal Ávila, ya que gracias “al oficio político y talante democrático de las y los coordinadores de los grupos parlamentarios, pudieron alcanzarse acuerdos por el bien de México”.
Aseguró que, en todo momento, propuso una Presidencia de la Mesa Directiva respetuosa, plural e imparcial con todas las expresiones, que permitiera posicionar las diversas posturas políticas de cada una de las senadoras y senadores, fueran de minoría o de mayoría.
Sánchez Cordero expresó que en el Parlamento debe garantizarse que siempre esté representada la diversidad social, política y cultural de una nación, por lo que negar esta realidad implica cerrar las instituciones al pueblo y cuando eso sucede, la sociedad, inevitablemente las cimbra.
Por otra parte, Sánchez Cordero, quien estuvo muy activa en estos días, planteó una mejor distribución de las partidas presupuestales entre federación, estados y municipios.
Esto último, al participar en los diálogos parlamentarios sobre “Congresos y municipios: federalismo en acción”.
De primera intención, se puede interpretar que la abogada Sánchez Cordero, que ha sido una adelantada de su género en muchos asuntos, ahora se convirtió en una crítica de la oposición, en particular de la decisión del bloque opositor agrupado en Va por México (PAN, PRI y PRD) que ha declarado la moratoria constitucional, que consiste básicamente en contener cualquier reforma constitucional que emprenda el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero que los legisladores oficialistas han presentado como una huelga legislativa.
Sin embargo, también es una crítica no muy velada a la llamada Cuarta Transformación y en especial al presidente López Obrador, quien desde el púlpito de su mañanera se ha dedicado a dividir al país en dos grandes bloques, los que están con él y los que están en contra, a los que permanentemente señala como traidores a la patria y de estar contra del “pueblo sabio”, de ser “neoliberales”, “conservadores” y “aspiracionistas”.
Esta actitud descalificadora y divisionista se ha reflejado en el trabajo legislativo, en donde las mayorías de Morena y sus rémoras del PT y PVEM rechazan de manera tajante cualquier propuesta de la oposición y tratan de imponer, “sin moverle una coma”, las iniciativas presidenciales, con lo cual se convierte al jefe del Ejecutivo en el único legislador del país, pues los legisladores oficialistas se anulan a sí mismos.
En sus comentarios, Sánchez Cordero señaló que la labor legislativa debe ir de la mano del trabajo del buen gobierno, por lo que es necesario fortalecer su coordinación.
La presidenta del Senado planteó una mejor distribución de las partidas presupuestales entre Federación, estados y municipios e indicó que la labor legislativa debe ir de la mano del trabajo del buen gobierno, por lo que es necesario fortalecer su coordinación.
En la medida de que estas dos esferas se acerquen, en una responsabilidad compartida, “lograremos un México mejor, más fuerte, justo, equitativo e igualitario”, expresó.
Subrayó que alcaldes y presidentes municipales deben tener una gran visión, ya que fungen como los responsables políticos más próximos a la población.
Acabar con la asignación discrecional del presupuesto federal
Aquí se encuentra otra crítica al gobierno de la llamada Cuarta Transformación, pues no ha aceptado los cambios en la distribución de los recursos federales que han demandado inútilmente los gobernadores y los presidentes municipales, fundamentalmente los que surgieron de partidos de oposición y que consideran inequitativa la asignación del dinero, pues queda al arbitrio del gobierno federal.
Al respecto, el presidente de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, Luis David Ortíz Salinas, del también opositor Movimiento Ciudadano (MC), destacó que se debe llevar a cabo una nueva agenda federalista, así como un replanteamiento de la distribución de competencias, exclusivas y concurrentes, para fortalecer el municipalismo, la gobernanza metropolitana y un nuevo pacto fiscal más justo.
Dijo que se deben etiquetar los recursos para programas específicos, a efecto de destinarlos a las cuestiones básicas que requiere un Estado de bienestar, porque actualmente no hay una articulación de éstos.
En tanto, el senador del PRI Ángel García Yáñez subrayó que en la agenda legislativa del Grupo Parlamentario del PRI se busca renovar el marco jurídico en materia de federalismo y desarrollo municipal, “por lo que estaremos atentos a cualquier reforma que permita un fortalecimiento en la materia”.
Los 32 estados y los dos mil 471 municipios, agregó, juegan un papel fundamental en el desarrollo democrático de México, porque el sistema federal es una decisión fundamental del pueblo mexicano.
Gran descubrimiento de la 4T: los normalistas
de Ayotzinapa secuestrados ya están muertos
Casi para cumplirse ocho años del terrible suceso del secuestro y desaparición de 47 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, la comisión especial creada por la llamada Cuarta Transformación para investigar lo sucedido llegó a una sorprendente conclusión: es casi seguro que los jóvenes víctimas ya estén muertos.
La asombrosa deducción la dio a conocer el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y titular de la Comisión de la Verdad creada por el gobierno del presidente López Obrador para llegar “ahora sí” al fondo de lo ocurrido en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en Iguala y poblaciones cercanas del estado de Guerrero, pero sobre todo para invalidar la “verdad histórica” a la que llegó la entonces Procuraduría General de la República a cargo del ex gobernador de Hidalgo Jesús Murillo Karam, durante el sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto.
Uno de los puntos centrales del informe del subsecretario Encinas consistió en reafirmar que la desaparición de los normalistas “fue un crimen de Estado entre Guerreros Unidos y agentes del Estado mexicano. No hay indicios de que los normalistas estén vivos”.
Con todo respeto, para el subsecretario, esa afirmación no significa ningún avance. Desde las primeras investigaciones, durante el sexenio anterior, primero a cargo de la Fiscalía de Guerrero y luego de la entonces PGR, se estableció con toda claridad que los jóvenes normalistas fueron interceptados por policías municipales de Iguala y entregados a pistoleros la banda de delincuentes denominada “Guerreros Unidos”, que luego los desaparecieron.
También indicó que, en la reconstrucción de los hechos de la desaparición de los estudiantes, los 3 niveles de gobierno tuvieron conocimiento de los hechos. Esto también se conoció desde el sexenio pasado, pero algunos interesados, vinculados a las familias de los jóvenes desaparecidos, han intentado que con esos datos se incrimine a instituciones federales, en particular al Ejército, lo cual ha sido retomado por figuras de la llamada Cuarta Transformación ansiosas por presentar evidencias de los crímenes que le atribuyen a los anteriores gobiernos “conservadores” y “neoliberales”.
Lo que se puede considerar un tanto novedoso es lo señalado por Encinas en el sentido de que 26 personas “clave” —es decir que tenían información relevante— han fallecido o han sido asesinadas durante la investigación del caso.
En resumen, nada relevante, aunque el presidente López Obrador anticipó desde el pasado 30 de julio. “ya sabemos lo que pasó” y aseguró que este mismo año quedará resuelto el caso.
¿Será que se guarda la noticia para el octavo aniversario?
