El Tribunal Electoral previene a Morena: no más actos anticipados de campaña
Miguel Ángel Rivera miércoles 20, Jul 2022Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Al igual que lo hicieron antes los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificaron que no temen a la ira de Morena y satélites.
Esto porque, por mayoría de votos, el pleno de la Sala Superior del TEPJF confirmó la decisión del INE de prohibir a Morena y servidores públicos miembros de este partido realizar y/o participar en asambleas como la del pasado 26 de junio, en Coahuila, por considerar “que podría generar un riesgo inminente a los principios que rigen los comicios”.
A propuesta del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, la Sala Superior confirmó las medidas cautelares por lo que hace a Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación; Ricardo Monreal Ávila, coordinador de los senadores de Morena; Moisés Ignacio Mier Velazco, coordinador de los diputados federales del mismo partido oficial; Aleida Alavez Ruíz, diputada federal; Evelyn Salgado Pineda, gobernadora de Guerrero, y Mario Martín Delgado Carrillo, presidente nacional de Morena, quienes participaron de forma activa en el evento motivo de la queja presentada por el PRD.
La queja del PRD se debió a presuntos actos anticipados de campaña de quienes son señalados como aspirantes a la contienda presidencial de 2024, así como de las elecciones locales en 2023 en Coahuila y en el Estado de México.
El antecedente es una resolución del INE del 5 de julio pasado del INE, por la cual los consejeros electorales aprobaron una “tutela preventiva” frente al riesgo de repetición de este tipo de actos, a los cuales calificaron como posiblemente ilícitos y parte de una estrategia proselitista adelantada.
En consecuencia, este martes, con los votos en contra de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso y de los magistrados Felipe Alfredo Fuentes Barrera y José Luis Vargas Valdez, la Sala Superior confirmó parcialmente el acuerdo dictado por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE en el que ordenó a los dirigentes y precandidatos “morenos” abstenerse de organizar, convocar y realizar eventos proselitistas iguales o similares a los celebrados el 12 y 26 de junio en el Estado de México y Coahuila.
Como se aprecia, los magistrados electorales incluyeron en la lista de los funcionarios advertidos de no realizar actos anticipados de campaña incluye a dos de las “corcholatas” del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, así como una “no corcholata”, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, quien fue invitado a Coahuila, luego de ser excluido de la primera asamblea, efectuada en la plaza principal de Toluca. Por el contrario, el tercer “corcholata”, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, no estuvo en Coahuila, contagiado de Covid, pero no puede considerarse excluido de la advertencia de los consejeros y magistrados electorales.
En este sentido se debe tener en cuenta que el proceso electoral de 2024, en el que estará en juego la Presidencia de la República, iniciará hasta septiembre de 2023, es decir luego de que concluyan las elecciones en Estado de México y Coahuila, de los cuales tampoco se ha lanzado aún la convocatoria.
En este sentido se debe tener en cuenta que el proceso electoral de 2024, en el que estará en juego la Presidencia de la República, iniciará hasta septiembre del 2023, es decir luego de que concluyan las elecciones en Estado de México y Coahuila, de los cuales tampoco se ha lanzado aún la convocatoria.
Por actos anticipados de campaña,
los candidatos pueden perder su registro
Realizar actos anticipados de campaña no es un asunto menor, de acuerdo con artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que “las personas aspirantes, precandidatas o candidatas a cargos de elección popular” que incurran en tal clase de faltas podrán ser sancionadas con: “I.- Con amonestación pública; II.- Con multa de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, y III.- Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido político no podrá registrarlo como candidato”.
Aunque los consejeros y magistrados electorales han demostrado su compromiso con hacer cumplir la ley, se considera muy difícil que, en caso de reincidencia, quien resulte nominado candidato presidencial del partido oficial pueda llegar a ser sancionado con la pérdida de su registro. Ya se tiene antecedentes, por la cancelación del registro a los candidatos “morenos” a los gobiernos de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, y de Michoacán, Raúl Morón, pero las reacciones fueron intensas, por lo cual se estima muy poco probable que ocurra algo semejante en la lucha por la Presidencia de la República.
Lo que sí, esta mera posibilidad lleva a otro tema de fondo, la embestida que ha lanzado desde hace tiempo la llamada Cuarta Transformación, encabezada por el presidente López Obrador, en contra del INE y del TEPJF, al grado que está pendiente de dictamen en la Cámara de Diputados una iniciativa presidencial para transformar esos organismos, encaminada fundamentalmente a deshacerse de consejeros y magistrados incómodos.
La propuesta de López Obrador de reforma electoral tiene pocos visos de ser aprobada, pues el Bloque Opositor —integrado por PAN, PRI y PRD— ha dicho que no la dejará pasar. Esa coalición, a la que eventualmente se suman los votos de MC, no suma la mayoría para imponer sus propuestas, pero sí tiene el número suficiente de legisladores para evitar cualquier reforma constitucional.
En tanto, el dirigente formal de Morena, Mario Delgado Carrillo, ha negado las acusaciones de actos anticipados de campaña. Aseguró que su partido respeta la ley, por lo que los actos de Coahuila y el Estado de México no pueden ser considerados como tales.
Delgado inclusive aprovechó para burlarse de la oposición, pues indicó que no tienen capacidad para organizar eventos semejantes ni tienen figuras para poder competir por la Presidencia de la República.
La única posibilidad de avance es la negociación
Aunque figuras de Morena como el senador Monreal han advertido que la única forma de concretar las reformas que desea la llamada Cuarta Transformación es negociar con la oposición, la “línea dura” del partido guinda se mantiene en la confrontación.
Como parte de ese enfrentamiento, en la Cámara de Diputados, los legisladores de Morena y sus rémoras del PT y PVEM no se han presentado a las reuniones de trabajo de la Comisión de Gobernación, la cual preside el también presidente del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, quien además resiente una embestida de parte de la gobernadora ex priista de Campeche, Layda Sansores, quien durante varias semanas difundió grabaciones ilegales de conversaciones telefónicas de dirigente del tricolor, con presuntas revelaciones de actos ilegales.
Acompañado del coordinador de la bancada de su partido en San Lázaro, Rubén Moreira, el presidente del PRI criticó a la fracción mayoritaria de incumplir su quehacer legislativo y de no trabajar para los mexicanos. Aseguró que la comisión legislativa que preside mantiene las puertas abiertas para cumplir los compromisos que se tienen ante los mexicanos, sin importar las diferencias entre colores partidistas.
“En nosotros no existe ningún obstáculo que impida cumplir el mandato de la ciudadanía, porque hoy los ciudadanos nos exigen resultados, respuestas, para que juntos podamos construir un gran país”, declaró Moreno.
En cambio, “Alito” tuvo una buena noticia: el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México admitió a trámite el juicio de amparo que promovió para impedir que Layda Sansores continúe con sus denuncias.
