Fiscalía capitalina insiste en culpar a equipo de Ebrard por desplome en L-12
Miguel Ángel Rivera viernes 15, Jul 2022Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Después de ser pospuesta varias ocasiones, al fin se realizó la audiencia para juzgar para juzgar a los presuntos responsables del desplome en la Línea 12 del Metro, el 3 de mayo de 2021, que ocasionó la muerte de 26 personas y a pesar de tratarse de un asunto penal, necesariamente debe inscribirse en la lucha por la sucesión presidencial dentro de las filas del partido oficial, Morena.
Veamos por qué:
La denuncia corre a cargo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), cuya titular es Ernestina Godoy, quien a pesar de encabezar un órgano “autónomo”, está íntimamente vinculada —por no decir que es dependiente— con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien no solamente está considerada precandidata, sino que por muchos indicios es considerada la “corcholata” favorita del que será el “destapador”, el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Una de las tesis acerca de esa tragedia indica que se desató por la falta de mantenimiento en los equipos del principal transporte colectivo de la capital de la República.
En tal caso, habría responsabilidad de parte de la actual administración de la CDMX, pero hasta ahora nadie de ese equipo —del cual se supone que forma parte Godoy— ha sido inculpado. La ex directora del Metro, Florencia Serranía, quien admitió públicamente haber sido responsable del mantenimiento por lo menos durante un año de su desempeño como directora general, se libró de comparecer ante el juez de la causa con el pretexto de que llegar ante el tribunal significaría poner en riesgo sus derechos humanos.
La presunción de que hubo deficiencias en el mantenimiento se reforzó por un dictamen de la empresa Noruega DNV, considerada una de las instituciones más respetables en esta clase de estudios, pero cuyas conclusiones simplemente fueron desechadas por el gobierno de Sheinbaum, bajo la sospecha de que hubo influencias externas, pues la primera parte del estudio apuntaba a errores de diseño, lo cual hacía recaer la culpa en el equipo de Ebrard.
En abono de tales presunciones, la jefa de Gobierno dijo que no sólo se ponían en duda las conclusiones de los expertos de DNV, sino que, además, se inició un proceso de rescisión del contrato contra la empresa y una demanda en contra de esa empresa. Sheinbaum calificó el tercer informe sobre el colapso de la Línea 12 como “deficiente, tendencioso y falso”.
La Fiscalía capitalina realizó sus propias averiguaciones y llegó a la conclusión de que el error proviene desde la construcción y por lo mismo consignó a diez ex funcionarios del gobierno de Ebrard, encabezados por el director del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas.
Otros acusados son acusados Moisés Guerrero, director de construcción; Juan Antonio Giral, director de diseño de obras civiles; Héctor Rosas, subdirector de obra civil; Enrique Baker, subdirector de estructuras e ingeniería; Juan Carlos Ramos, presidente de obra; Guillermo Alcázar, director responsable de la obra; Ricardo Pérez, supervisor de seguridad estructural; Fernando Amezcua, director de supervisión de obra, y Fernando Ramiro, coordinador de supervisión de obra.
El hecho es que todos los imputados por la Fiscalía capitalina fueron funcionarios de la administración de Marcelo Ebrard, quien compite con Sheinbaum por la nominación presidencial de Morena y, hasta ahora, la aventaja en las encuestas que, se presume, serán el mecanismo para determinar cuál será la “corcholata” destapada.
Todo está en contra de los acusados
En cambio, ni a Florencia Serranía, directora del Metro al inicio del gobierno de Sheinbaum, ni al resto de su equipo se les tocó ni con el pétalo de una sospecha. De hecho, se le mantuvo en el cargo durante casi dos meses, pero no fue cesada, sino que se le concedió la salida honorable de renunciar, a pesar de que en su expediente pesaban también el incendio en el Centro de Control y el choque de dos trenes en la estación Tacubaya, de la Línea 1, además de otros incidentes.
Al avanzar el juicio, el juez ordenó a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México citar a Florencia Serranía para que declare en torno a la tragedia de la Línea 12 del Metro, pero como mencionamos antes, la FGJCDMX decidió no llamar a declarar a la ex directora del Metro por considerar que se podrían violar sus derechos fundamentales.
“No puedo creer que la Ministerio Público nos esté pidiendo justificar el por qué pedimos la comparecencia de Florencia Serranía, ya que dice que estamos actuando en detrimento a sus derechos humanos, entonces yo le pregunto a la Ministerio Público: ¿Las víctimas no tienen derechos humanos? ¿De qué lado está la Ministerio Público, del lado de la justicia, de su política o de no molestar a la amiga de su jefa?” escribió el abogado de las víctimas del desplome de la Línea 12, Teófilo Benítez.
El defensor dijo que no existía ninguna ilegalidad en solicitar la comparecencia y que para llegar a la verdad Serranía “tiene mucho que explicar, puesto que al momento del desplome ella fungía, no sólo como directora general del Metro, sino además como subdirectora de Mantenimiento”.
Por el contrario, los diez acusados, encabezados por el ex director del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas, fueron imputados por los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad culposos.
La audiencia varias veces aplazada se efectuó ayer y, como ocurre en estos casos, llevó varias horas, por lo cual para el cierre de esta columna no fue posible esperar a que se conociera la decisión del juez, pero se anticipan sentencias contra los acusados.
En cambio, no hay ningún cargo en contra de la empresa que recibió la concesión para construir el tramo colapsado, Carso Infraestructura y Construcción (CICSA) del Grupo Carso, propiedad del multimillonario Carlos Slim, el cual llegó a un convenio con el gobierno de la Ciudad y la mayoría de las víctimas para llegar a un acuerdo reparatorio.
El acuerdo con el gobierno implica que el Grupo Carso realice las reparaciones sin cobrar un solo centavo, pero a condición de que no hubiera ninguna demanda penal en su contra.
Iberdrola recibió amparo para no pagar multimillonaria multa
El gobierno de la llamada Cuarta Transformación tiene abiertos varios frentes en el terreno judicial y uno de los que más tiene impacto es la lucha contra la empresa española Iberdrola, a la que se ha acusado de irregularidades en la generación y venta de electricidad.
Este caso es sumamente significativo porque el gobierno federal lo ha puesto como ejemplo del “saqueo” propiciado por los anteriores gobiernos “conservadores” y “neoliberales”, al cual se pretende poner freno con la todavía inconclusa reforma energética.
En este caso, no fue directamente el gobierno federal el que se enfrentó con Iberdrola, sino uno de los repudiados organismos autónomos, la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que en mayo pasado sancionó a la trasnacional española con 9 mil 145 millones de pesos por vender a terceros en forma ilegal energía generada bajo la figura de autoabastecimiento.
Parecía un éxito completo para la llamada Cuarta Transformación, pues los motivos de esta sanción justificaban las protestas del Ejecutivo federal en el sentido de que los anteriores gobiernos habían facilitado la depredación de la industria eléctrica nacional, en agravio fundamentalmente de la Comisión Federal de Electricidad, a la que se trata de devolver el monopolio de la generación y distribución de la energía.
De paso, este asunto sirvió para que el presidente Andrés Manuel López Obrador y su equipo justificaran su aversión y sus críticas contra algunos organismos del Poder Judicial Federal a los que acusan de estar al servicio de los grandes consorcios, nacionales y, lo peor, extranjeros.
Pero contra todas esas recriminaciones, se dio a conocer que el
Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica , Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, le concedió la suspensión definitiva a la trasnacional Iberdrola Energía Monterrey (IEM) contra la resolución de la Comisión Reguladora de Energía (CRE),
Como resultado de esta sentencia, no se puede ejecutar el cobro de la multa histórica que se le interpuso a Iberdrola, pero el consorcio tuvo que garantizar el monto de la sanción.
