De reanudarse el programa bracero, el gobierno debe cuidar a esos trabajadores
Miguel Ángel Rivera miércoles 13, Jul 2022Clase Política
Miguel Ángel Rivera
De acuerdo con informes oficiales del gobierno mexicano, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso a su homólogo Joe Biden reimplantar o ampliar el programa bracero, por el cual ciudadanos mexicanos pueden trabajar legal y temporalmente en los Estados Unidos.
Biden no dijo ni sí, ni no. Se limitó a comentar que su nación y México tienen que lidiar con la migración, que implica un desafío continental. El propio presidente de la vecina potencia lo tiene muy claro, pues ese fenómeno le representa uno de los principales problemas de política interna, sus opositores del partido Republicano le reprochan errores en el manejo de ese problema, al grado que algunos estados, como Texas, le han arrebatado en la práctica las decisiones en la materia, que según las leyes de la Unión Americana son responsabilidad del gobierno federal.
En la conferencia de prensa que concedió Biden en la Casa Blanca, al término de su encuentro con López Obrador, recordó, por ejemplo, que desde abril a la fecha han sido detenidas más de 3 mil personas en operaciones contra el tráfico de migrantes y alertó que México se ha vuelto destino principal de ellos
En consecuencia, se puede concluir que será muy difícil concretar un acuerdo sobre braceros, pero de cualquier forma el gobierno mexicano, en particular el Presidente, deberá definir muy bien los pasos a seguir, pues la migración, aunque documentada y temporal, podría significar un riesgo para las autoridades nacionales. Esto porque todavía está latente el grave problema social y económico del adeudo del gobierno nacional con los trabajadores que laboraron en los Estados Unidos como parte del anterior programa de braceros, vigente de 1942 a 1967.
Al parecer con buena intención, durante el llamado programa bracero el gobierno mexicano cobró el 10 por ciento de los salarios devengados por nuestros connacionales, con el fin de reintegrarles el fondo a su regreso a México.
El dinero nunca se les devolvió y hoy asciende a miles de millones de pesos. Por esas “artes” de la burocracia, gran parte de ese dinero sencillamente desapareció y nunca llegó a los beneficiarios. Oficialmente, el intermediario financiero, la Wells Fargo, entregó esos recursos al Banco de Crédito Agrícola, que luego se fusionó con otros para dar origen al Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural), que actualmente es la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, conocida simplemente con Financiera Rural.
El fraude, robo, estafa o error, como se le quiera considerar, estalló durante el gobierno de Vicente Fox, que lo heredó a su sucesor, el ahora rival acérrimo de López Obrador, el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, al grado que en algún momento los ex braceros amenazaron con apedrear la casa de su madre, en Morelia.
Se trató de una revuelta política, pero tenía mucho de fondo, pues de acuerdo con un estudio realizado por investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ese dinero “guardado” a los braceros, incluidos réditos, significaba una deuda del gobierno de México por más de 5 billones de pesos, cifra superior a todo el gasto federal para un año. (En 2008, segundo año de Calderón, el gasto neto total aprobado por la Cámara de Diputados ascendió a la cantidad de poco más de 2.5 billones de pesos).
La administración del priista Enrique Peña Nieto no quedó a salvo. En octubre de 2016 la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó un amparo por el cual se obliga al gobierno nacional a pagar el dinero sustraído a los braceros.
Este grave problema llegó hasta la administración de la llamada Cuarta Transformación, pues todavía en septiembre de 2020 hubo manifestaciones de protesta y demandas de que el gobierno del presidente López Obrador se hiciera cargo de devolver el dinero escamoteado a los ex braceros o a sus familias.
Unos días más tarde, en octubre, con el respaldo de sus bancadas mayoritarias en las cámaras de Diputados y de Senadores, el gobierno del presidente López Obrador extinguió 109 fideicomisos, entre los cuales estaba uno bajo el nombre genérico de Fondo de la Financiera Rural.
Así que el actual primer mandatario tiene cercano conocimiento de los riesgos que implica para el gobierno el manejo de un programa de trabajadores migrantes.
Denuncia de diputadas del PRI contra Layda Sansores
Como lo advirtió el presidente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, los dirigentes y militantes de ese partido no se han echado para atrás. Por el contrario, pretende retomar la iniciativa.
Por lo pronto, ayer diputadas federales del PRI, acompañadas por Alejandro Moreno y su coordinador parlamentario, Rubén Moreira, y otros legisladores denunciaron a la gobernadora de Campeche, la “morena” Layda Sansores nada menos que de violencia política en razón de género que se perpetra desde el poder.
Luego de entregar una denuncia formal ante la FGR en contra de la gobernadora de Campeche, las integrantes del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados adelantaron que mañana presentarán quejas en las 32 comisiones estatales y nacional de Derechos Humanos.
Además, harán del conocimiento de las amenazas ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la alta comisionada de la ONU, Michel Bachellet. De igual manera, presentarán denuncias penales y civiles a personas identificadas que desde las redes sociales han agredido a las legisladoras, generando temor por incitar al odio.
En conferencia de prensa, Alejandro Moreno ratificó su respaldo absoluto y solidario de manera incondicional a las legisladoras del tricolor, quienes han sido calumniadas por la gobernadora de Campeche.
El ex mandatario también de Campeche y perseguido por su sucesora de Morena y antes priista, Layda Sansores, aseguró que el gobierno indolente e incapaz de Morena llegó al poder con un discurso de promesas hacia las mujeres y cuatro años después es enemigo de ellas, pues promueve abrazos para aquellos que las asesinan.
El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Rubén Moreira, condenó las calumnias realizadas por la morenista. Criticó que no es justo que se amenace y califique a una mujer con fines de denostar su integridad, además de utilizarla con fines políticos.
La diputada Melissa Vargas Camacho afirmó que las legisladoras federales del PRI rechazan las declaraciones de Sansores no sólo, dijo, porque son falsas, sino porque perpetúan los estereotipos de género y fijan un precedente negativo para las mujeres que en un futuro se desempeñaran en un cargo político.
Isabel Miranda rechaza cargos y demanda
respeto a la presunción de inocencia
La dirigente y fundadora de la organización Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, está bajo una andanada de ataques porque supuestamente presentó pruebas falsas para condenar a los acusados de haber secuestrado y asesinado a su hijo, entre los cuales estuvo la ciudadana francesa Florence Cassez, dejada en libertad por supuestas violaciones al debido proceso.
Miranda de Wallace refutó las acusaciones provenientes del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), dirigido por Netzaí Sandoval Ballesteros, en el cual se hablaba que ella había sido denunciada por “falsedad en declaraciones judiciales y simulación de pruebas”.
La directiva de Alto al Secuestro dijo que esas acusaciones forman parte de “una estrategia para denostarme y desprestigiarme públicamente, además de mantenerme ocupada, según se difundieron en redes sociales las conversaciones entre la ex secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar”.
Es “importante hacer notar que aquellos que defienden el debido proceso y denuncian una supuesta violación a la presunción de inocencia de los imputados (del secuestro de su hijo), en el presente caso contra mí, no la respetaron, pues me acusaron públicamente sin haberme dado la oportunidad de una debida defensa, me condenaron públicamente haciendo afirmaciones sin algún sustento y sin prueba alguna, señalándome de haber cometido un delito que evidentemente no cometí”.
Miranda de Wallace recordó, además, que anteriormente ya había sido investigada por los mismos delitos que ahora se le atribuye fue declarada inocente.
