Las asignaturas pendientes de la 4T
Luis Muñoz miércoles 13, Jul 2022Segunda vuelta
Luis Muñoz
Horas antes de viajar a Washington, Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que el sistema de salud mexicano es un desastre y por tanto una asignatura pendiente de su gobierno.
Ojalá y fuera el único tema que preocupa: también está el educativo, el de la violencia, el económico y el de las poblaciones marginadas.
Sobre esto último, la afirmación es contundente: Cada vez se agudiza más la marginación contra indígenas en México; el grupo de Triquis, y otros más desplazados, son vulnerables en sus derechos humanos.
La falta de sensibilidad del gobierno federal hace que se agudice la marginación de las personas que integran las comunidades indígenas del país, sostiene el abogado José Antonio Lara, del Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”.
Y da cifras: En nuestro país, dice, existen más de 15 millones de personas que integran comunidades indígenas a lo largo y ancho del territorio nacional, pero ante la insensibilidad de la autoridad federal en materia de derechos humanos, la actividad social, política y económica de estas comunidades es marginada.
A manera de ejemplo, expuso la situación que 143 familias de la comunidad Triqui de Tierra Blanca, Copala, Oaxaca, que padecen hoy en día la falta de compromiso del gobierno federal para atender un conflicto interno que ha provocado un desplazo forzado desde su tierra natal a la Ciudad de México, en busca de justicia.
Los integrantes de la comunidad Triqui de Oaxaca, explicó, fueron forzados a dejar sus tierras ante un conflicto político que ha provocado que hoy viven en distintos puntos de la ciudad de México en busca de justicia.
Más allá del compromiso del presidente López Obrador de imponer el Estado de derecho en la región oaxaqueña, los integrantes de este grupo indígena han sido recriminados por autoridades del gobierno de Claudia Sheinbaum al reprimirlos y amenazarlos para desistir en sus manifestaciones pacíficas. Ante estos hechos, abundó el abogado, se suman casos como aquellos habitantes de comunidades rurales que han sido atropellados en sus derechos humanos al oponerse al Tren Maya, en el sureste del país; o que se opusieron a la ampliación del aeropuerto militar de Santa Lucía.
Es constante la violación de las garantías individuales y colectivos de personas que integran estas comunidades indígenas u originarias; una población activa y trascendente de la cultura mexicana a la que particulares y servidores públicos vulneran y atropellan cotidianamente. Dijo que la historia contemporánea de México señala que los tres niveles de gobierno, desde el siglo XIX mantienen una “política de exterminio” en contra de las comunidades indígenas
Insistió en que estos grupos son olvidados por el Estado mexicano…Por ello urgió al gobierno federal a dirigir su fuerza y garantizar los derechos humanos de aquellos ciudadanos que integran las comunidades indígenas y originarias del país que, hoy en día, viven los atropellos de proyectos ambiciosos de políticos mediocres.
Abusos de taxistas en L-1
El diputado Aníbal Cañez Morales exigió a la Secretaría de Movilidad e INVEA, ejecutar operativos aleatorios por el servicio colectivo de taxis que prestan su servicio sobre Niños Héroes hacia San Lázaro o al Aeropuerto Benito Juárez, así como en otras partes del mismo corredor que fue cerrado, porque llegan a cobrar entre 70 u 80 pesos por persona, lo cual es claramente un abuso.
Lo anterior en referencia al cierre de la Línea 1 del Metro, cerrada para su modernización, con lo cual deja sin servicio a miles de usuarios que ahora tienen problemas para su traslado.
Por su parte, el diputado Raúl Torres Guerrero lamentó que el GCDMX no haya tomado las previsiones adecuadas y no le hayan dado el mantenimiento debido a la Línea 1 como en otras partes del mundo, donde hay procesos de revisión semanales o mensuales sin interrumpir el servicio de manera tan prolongada.
Creciente violencia en AL
Ante un panorama en el que América Latina cuenta con las 10 ciudades más violentas en el mundo, la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP) inició acercamiento con sus similares en países de la región, a fin de intercambiar conocimientos y experiencias para la prevención y combate a la inseguridad que priva en sus naciones.
El presidente de dicha asociación, Salvador López Contreras, sostuvo que estos encuentros son con el propósito de enriquecer conocimientos y aportar experiencia de otras naciones, a fin de dar soluciones concretas al problema de inseguridad que se vive día a día.
Los encuentros han sido hasta el momento con dirigentes de asociaciones similares de Argentina y Colombia, que también están preocupadas por el notable crecimiento de la delincuencia común y organizada en toda la región de América Latina.
Por la Asociación Colombiana, en su ponencia el licenciado Carlos Alfonso Boshell Norman en representación de su presidente Gabriel Berrío Álvarez, informó que allá, en su tierra, la seguridad privada aporta el 1.2% del PIB y está considerada como una industria de primer nivel.
