Delincuencia organizada ahora se adueña del mercado de alimentos
Seguridad lunes 11, Jul 2022
Impulsa monopolios locales
- Crea nuevo “impuesto”, con el cobro de piso, que recae en los consumidores finales
La delincuencia organizada se está adueñando de mercados legales de alimentos en los municipios más pobres del país, creando monopolios de facto e implantando un “impuesto” que afecta a los consumidores finales, alertó Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).
Además de traficar drogas y personas, controlar el robo de combustibles y de agua, el crimen organizado está sobre la venta de pollo, leche, huevo, refrescos y cervezas, entre otros productos, señaló.
Dijo que los grupos criminales no sólo cobran derecho de piso y cuotas para permitir la distribución, sino, también, los campesinos deben pagar si quieren sembrar determinado alimento, mientras que los comerciantes son obligados a sólo vender la mercancía de ciertos productores.
El Observatorio Nacional Ciudadano tiene denuncias de comerciantes de los 500 municipios más pobres, a quienes les impiden vender sus productos, obligando a los consumidores a comprarle a una sola persona.
Rivas sostuvo que grupos delincuenciales, como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) o el del Pacífico, pero también delincuentes que se apropian del membrete de esas y otras organizaciones criminales para infundir miedo, obligan a los consumidores a comprar productos y artículos a ciertos vendedores a precios impuestos por ellos, sin ningún control y en absoluta impunidad.
“La droga ya no es el negocio que está dando tantos recursos a la delincuencia organizada; tienen el control del robo de combustibles que ahora se conoce como huachicoleo; el control del agua en la Ciudad de México o Sonora está asociado a grupos delictivos y desde hace un tiempo el control de ciertos mercados legales”, dijo Rivas.
Las actividades criminales en México se amplían
Datos oficiales indican que, además del negocio de la droga, las actividades criminales en México se amplían hacia la trata de personas, robo de medicamentos y equipo médico, tala de bosques, reproducción masiva de distintos artículos conocida como piratería, y ahora clones, tráfico de migrantes, cobro de derecho de piso, secuestro, extorsión.
Afirmó también que, en algunas partes de México, los grupos criminales ponen en marcha mecanismos de “peaje”. Y explicó: “Nos hemos encontrado que, en ciertas zonas del país, la distribución de algunos productos (Coca-Cola, pan Bimbo, Sabritas) para poder ser entregados en donde se venden, los repartidores tienen que pagar; no hay de otra, si no pagan, no pasan”.
Comentó que esta situación es conocida en las oficinas de logística y distribución de las diferentes empresas y, eventualmente, también por autoridades competentes, sin que haya consecuencia alguna.
De acuerdo con las declaraciones de titular del ONC, que son a su vez las de empresarios y comerciantes a quienes la organización auxilia en sus procesos de denuncia ante las autoridades, los 500 municipios donde la delincuencia se ha ido apoderando de los mercados legales están en territorio del Estado de México, Hidalgo, Veracruz, Guerrero, Michoacán, Sonora, Baja California y Guanajuato, principalmente, aunque no son los únicos.
Afirmó que los 500 municipios a los que se refiere “están ubicables, están mapeados”, pero que por razones de seguridad para quienes denuncian estos hechos se mantienen en secreto; aunque los ocho estados que menciona no son los únicos donde se presenta este fenómeno que se extiende por todo el país.
Francisco Rivas dijo que “uno de los aspectos que dificultan entender plenamente este tema se debe a que, en muchas ocasiones, la gente está tan acostumbrada a los sistemas imperantes de violencia que ya no se dan cuenta de que son víctimas, en muchos de estos lugares es una forma cotidiana de vivir”.
Afirmó el director del ONC que “es indudable que los mexicanos estamos pagando una serie de sobreprecios relacionados con la delincuencia; incluso, de las grandes empresas que llegan a México y tienen una operación aquí. Por tener esa operación, desde que pagan mordida, derecho de piso o lo que sea, a quien le acaban cobrando esos pagos ilegales es al consumidor final; para ellos no se vuelve una carga, sino se vuelve un impuesto para el consumidor”.
Rivas dijo que lo que han detectado a través de las denuncias hechas por empresarios y comerciantes que “ciertos productos, no son exclusivos, los llamados productos de largo consumo, como cigarros, refresco, cerveza, pollo, huevo, cierto tipo de verduras, como el limón, aguacate, lechuga y espinaca, y que pertenecen al mercado legal, están siendo controlados, en su distribución y venta, por bandas delincuenciales”.
Control de la venta de productos
Como ejemplo del control que la delincuencia tiene sobre ciertos productos, Rivas se refirió a la siembra del jitomate en Sonora, ahí, la gente que quiere sembrar jitomate tiene que pagar cuota, una vez que se cosecha y quieren distribuir, se tiene que pagar cuota y luego cuando se trata de comercializar el jitomate en los mercados se tiene que pagar cuota.
“Eso sucede en Sonora; en Michoacán están los casos de limoneros y aguacateros y hace tiempo sucedía lo mismo con quienes vendían arándanos y zarzamoras”, dijo.
Aseguró que en zonas del Estado de México, Hidalgo, Veracruz, Guerrero y Guanajuato, “además del pago de derecho de piso, también tenemos registrado lo que es el control de los mercados lícitos; ahí no es que pidan derecho de piso. Ahí, lo que se ha documentado es que les dicen a los comerciantes ‘oye, no quiero que tú vendas leche en este negocio; puedes tenerla pero no la puedes vender, porque el único que puede vender leche aquí es don Chuchito’, por ejemplo; y estamos hablando de municipios pequeños. Suponemos, sin poder comprobar nada que hay una colusión entre los vendedores exclusivos y los delincuentes que condicionan esas compras.
“Esto sucede en muchas tiendas de autoservicios, cadenas; todos estos comercio acaban teniendo en refrigerador los productos, pero no los pueden vender, porque si los venden se arriesgan a que el gerente sea levantado, a que les quemen el negocio o que tomen otro tipo de represalias en contra del pequeño propietario o de quien está detrás del mostrador, o sencillamente a que les roben la mercancía por haberse ido por la libre”, aseguró.
Dijo que es así como se van convirtiendo en monopolios de facto; aunque en ningún lugar van a decir o aceptar que son monopolios, pero obviamente que tiene el control del mercado y con ello el control de los precios de los productos. Uno de los aspectos más llamativos de ese nuevo fenómeno que estamos viendo, dijo Rivas, es que “se da en las zonas más pobres, las más aisladas del país”.
Aseguró que además del control de los mercados lícitos de ciertos productos, la delincuencia tiene el control de la extorsión a las autoridades municipales, “como la delincuencia organizada se coló en las elecciones pasadas, obviamente ahorita ellos son los que determinan a quién poner como secretario o, aunque no lo digan, los que mandan son ellos”.
Extorsión discreta
Los cárteles de la droga que operan en Tamaulipas diversificaron sus actividades, desde la internacionalización del trasiego de enervantes hasta someter a micro, empresarios y comerciantes a pagar el cobro de piso de una y mil formas. La extorsión es diferente para cada uno, lo que ha diversificado la manera “eficaz” para que el crimen pueda obtener dinero.
Francisco, empresario en el centro del estado, dijo que de una manera discreta los delincuentes los despojaron de sus ganancias.
Narró que, en una ocasión, un pistolero arribó, se presentó diciendo que pertenecía a Los Zetas Vieja Escuela.
Después les ordenó que todos tendrían que pagar una cuota de 500 pesos por cada camión que saliera cargado. Una familia que pidió el anonimato y lugar donde vive, aseguró que tenía un depósito de cerveza en su casa.
Al poco tiempo, delincuentes llegaron a cobrarle “la cuota” mes por mes.
Sin embargo, cansados por la situación y por miedo a las ejecuciones, la familia dijo que ya no querían vender y que decidieron cerrar.
La respuesta fue una negativa, los criminales se metieron a su casa y se quedaron con el negocio. Ahora, el depósito no es de ellos, siguen viviendo en su casa, pero ahora conviven con la delincuencia.
“Quien no paga, muere”
Para los comerciantes y prestadores de servicios de Celaya, Guanajuato, lo que era un momento de crisis pasó a ser un estado de inestabilidad, en donde el gobierno municipal no tiene ni la voluntad ni la capacidad de dar garantías. Los comerciantes celayenses reciben no solamente llamadas o recados para exigir hasta 50 mil pesos de cuota mensual como tributo de “protección”, sino que también reciben la visita de sujetos armados que piden la cooperación. En caso contrario, los locales son incendiados, baleados o bien, los empleados y propietarios son golpeados, heridos, desaparecidos, torturados o hasta asesinados.
“Quien no paga, muere. Mucha gente prefiere cerrar e irse. Hay ya muchos negocios cerrados. ¿El alcalde? Es un pobre señor inútil que quizá tiene buena voluntad, pero está rebasado”, destacó Gabriel, comerciante de refacciones para coche.
A la crisis que vive Celaya se le suma la de otras ciudades de Guanajuato, como Salamanca, Silao, Irapuato, León e incluso la misma ciudad de Guanajuato y hasta San Miguel de Allende. En pocos casos se tienen resultados positivos para la ciudadanía.
Mejor deciden cerrar
La venta del pollo fresco, tiendas de abarrotes o bases de taxi han sido algunos de los ramos más afectados por el llamado “cobro de derecho de piso” que ejercen grupos de la delincuencia organizada en la zona sur y Valle de Toluca, en el Estado de México.
No son pocos los testimonios y las denuncias en redes sociales que hacen los comerciantes y trabajadores del volante que deben cubrir las cuotas establecidas, para cada uno diferente. En los límites entre Toluca, Calimaya y Metepec, expendedores de pollo fresco han denunciado la presión de estos grupos organizados para que les compren el producto a ellos.
La forma de presionarlos ha ido desde amenazas verbales, presenciales, balear la fachada de sus bodegas, y más recientemente, la de asesinar a dos de sus trabajadores.
Comerciantes de pollo coinciden con el modo de amedrentarlos, llegan en camionetas a sus locales, les dejan una tarjeta con instrucciones, al día siguiente reciben una nueva visita, pero con pollo y la lista de precios a los que deben vender el producto. Bajo anonimato uno de los propietarios de un local narró la experiencia que tuvo en plena pandemia.
“Ya teníamos nuestra mercancía lista para vender y llegaron esos con su mercancía, se bajaron nos dijeron ya traemos su pollo, nosotros no pedimos nada, y dijeron ayer se les pasó a dar un comunicado de lo que tenían que hacer, si no quieren entrarle con nosotros y al mismo momento sacando un arma de fuego, dicen ya es responsabilidad de cada quien, nosotros somos de la Familia Michoacana, seremos los únicos proveedores de pollo en el Valle de Toluca”.