¿Hubo alguna vez un pacto entre Peña Nieto y López Obrador?
Miguel Ángel Rivera viernes 8, Jul 2022Clase Política
Miguel Ángel Rivera
El anuncio de la investigación en torno a movimientos financieros sospechosos del ex presidente Enrique Peña Nieto provocó admiración en los medios políticos, pero sobre todo generó especulaciones de todo género.
En primer término esta noticia puso en duda una vieja leyenda de la política nacional en el sentido de que el actual primer mandatario, Andrés Manuel López Obrador, pactó con su antecesor no hacerlo objeto de ninguna averiguación. Esto, supuestamente en agradecimiento de que Peña Nieto no interfirió de ninguna manera en las elecciones y aceptó sin ninguna objeción la derrota que él mismo le había impuesto a su partido, el ex secretario de Desarrollo Social, Hacienda y de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade.
Esta presunción se desató prácticamente desde que López Obrador fue declarado vencedor en las elecciones de 2018.
El entonces virtual presidente electo —porque todavía no había declaración oficial del Instituto Nacional Electoral (INE)— reveló el 7 de julio, apenas seis días después de las votaciones, haberle agradecido a Peña Nieto el no haber intervenido en el proceso electoral.
“Agradecí al presidente Peña por actuar de manera respetuosa durante el proceso electoral”, dijo.
En conferencia de prensa en el Salón de Tesorería en Palacio Nacional, que ahora se ha convertido en su escenario favorito, en el cual se desarrolla su casi cotidiana mañanera.
En esa oportunidad, el político tabasqueño también señaló que estas elecciones fueron libres, a diferencia de otras anteriores donde el Jefe del Ejecutivo en turno intervenía.
“Me consta de cuando un Presidente interviene en las elecciones, no hay una auténtica democracia, yo he padecido de ese intervencionismo faccioso que no corresponde a sistemas democráticos”, afirmó.
López Obrador también reveló tener información de que “lo fueron a ver para convencerlo de que se unieran todos en contra mía, porque yo era un peligro para México.
“Y lo fueron a ver los traficantes de influencia, porque ni siquiera en sentido estricto son empresarios, los que se sentían dueños de México”, expuso López Obrador, quien así delineó su estilo agresivo que ha consolidado en las mañaneras y su recurso de lanzar acusaciones.
También comentó que esos “traficantes de influencia” propusieron que renunciara el candidato de la coalición Todos por México, a favor del abanderado del PAN, Ricardo Anaya, quien actualmente mantiene sus aspiraciones, pero ha abandonado el país por considerarse víctima de una persecución de parte de la llamada Cuarta Transformación.
Peña Nieto se negó a tomar partido, relató López Obrador, quien todavía agregó:
“La fuerza de un Presidente, aun siendo un mal gobernante no deja de tener impacto y más si se tiene a la institución y el presupuesto, todo lo que usaron y el Cisen, y todo. Pues sí tengo que reconocer eso.
“Cómo no lo voy a reconocer si yo padecí el fraude electoral orquestado desde Los Pinos”, sentenció López Obrador en otra oportunidad que se refirió a esa supuesta conspiración para impedirle llegar a la Presidencia.
Los rumores acerca de un pacto de los dos mandatarios se reforzó por el hecho de que prácticamente desde que López Obrador ganó los comicios, Peña Nieto se retrajo y prácticamente cedió el poder sin necesidad de ceremonia oficial.
Lozoya Austin denunció supuestos actos de corrupción de Peña Nieto
Uno de los primeros objetivos de la campaña anticorrupción anunciada por López Obrador fue el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin, acusado de recibir sobornos de parte de la empresa brasileña Odebrecht y de operaciones irregulares como la recompra de la empresa Agro Nitrogenados, operación de la cual también fue acusado el empresario Alonso Ancira.
Para evitar sanciones graves, Lozoya Austin, que durante algún tiempo fue considerado uno de los funcionarios consentidos de Peña Nieto, aceptó convertirse en delator (testigo colaborador o protegido) y entre los nombres que incluyó en la lista de supuestos comprometidos en actos de corrupción al mismo ex presidente Peña. Sin embargo, la llamada Cuarta Transformación no emprendió ninguna acción penal contra el ex mandatario.
Tal vez la acción más severa en contra del ex mandatario fue el incluir su nombre en la fallida consulta popular en donde se consultó al “pueblo sabio” si deseaba que el actual gobierno llevara a juicio a cinco ex presidentes de la República.
También desde hace mucho tiempo se sabe que Peña Nieto ha fijado su residencia en España —donde estuvo refugiado Lozoya Austin— y fuera de algunas críticas y memes en las redes sociales no hubo ninguna acción en su contra.
Todavía en febrero de 2020, el entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, negó que el ex presidente Enrique Peña Nieto estuviese siendo investigando y afirmó que no tiene conocimiento de dónde salió la información que al respecto publicó el diario The Wall Street Journal (WSJ).
Nieto Castillo, quien recientemente se incorporó al equipo de transición del gobernador electo de Hidalgo, postulado por Morena, Julio Menchaca, insinuó que tal vez esa versión había sido producto de alguna filtración del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, con quien tuvo muchas diferencias.
El hecho es que no se confirmó la supuesta investigación en contra del político mexiquense.
Por eso resulta más sorpresivo el anuncio del nuevo titular de la UIF, el experimentado ex diputado Pablo Gómez Álvarez, de que se revisan operaciones financieras sospechosas de Peña Nieto y parientes suyos.
Lo que surge es la duda acerca de si Gómez Álvarez, uno de los más enconados críticos del largo periodo de dominio del PRI, se lanzó por cuenta propia contra el ex presidente y abrió la investigación que, al parecer, ahora ya está a cargo de la Fiscalía General de la República, supuestamente “autónoma”, pero sigue muy bien el ritmo que le marcan desde Palacio Nacional.
Si la pesquisa recibió el visto bueno del presidente López Obrador, ya habría concluido la tan comentada tregua.
En la mañanera de ayer, el presidente López Obrador afirmó que la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) contra Peña Nieto por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, no es para acusarlo, todavía, de lavado de dinero, porque su gobierno no va a fabricar delitos.
“No es para salir a decir se acusa al ex presidente Peña de lavado de dinero, no, se tiene información de operaciones que llevó a cabo por 26 millones de pesos que recibió de 2019 a la fecha de manera directa y eso requirió una investigación sobre el origen de ese dinero”, dijo.
Peña Nieto acusó recibo casi de inmediato. En mensajes en redes sociales, aseguró que su patrimonio es legal, por lo cual refrendó su confianza en las instituciones y autoridades que le permitirán aclarar cualquier cuestionamiento.
“Estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo”, indicó a través de su cuenta de Twitter en la cual reapareció luego de que el pasado 4 de febrero fuera su última publicación.
“Expreso mi confianza en las instituciones de procuración y administración de justicia”, agregó.
La Suprema Corte ordena a la UIF revelar acuerdos
Muy ligado al tema de las investigaciones de presuntas irregularidad por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) resulta un dictamen de la Suprema Corte de Justicia, que ordena a esa dependencia del Ejecutivo hacer públicos los acuerdos por los que resolvió dejar de bloquear las cuentas bancarias de diversas personas, entre los años 2014 a 2020, información que se había negado a entregar alegando razones de seguridad nacional.
El pleno aprobó por unanimidad el proyecto presentado por la ministra Margarita Ríos Farjat, al declarar infundado el recurso de revisión que promovió la Consejería Jurídica de la Presidencia contra la resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) con la que le ordenó a la UIF entregar una copia de los documentos solicitados.
“Se concluye que, en este caso, no se pone en riesgo la seguridad nacional”, determinaron los ministros.
