“Alito” amenaza con llevar su caso a tribunales internacionales
Miguel Ángel Rivera martes 5, Jul 2022Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Cuando se denuncia a un político de alto nivel como presunto delincuente, siempre surge la duda acerca de si las denuncias están bien fundamentadas y se le persigue solamente por haber violado la ley o sólo porque es un rival incómodo.
Esto no es nuevo, sucedió desde las épocas en que había un partido dominante, el PRI, y la lucha política se daba fundamentalmente dentro de sus filas.
Un caso donde tuve conocimiento directo fue el de Eugenio Méndez Docurro, un político y científico de alto nivel que, entre otros cargos, se desempeñó como secretario de Comunicaciones y Transportes, director del Instituto Politécnico Nacional y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y que oficialmente fue encarcelado una breve temporada, acusado de desviar una partida destinada inicialmente a la empresa estatal de telecomunicaciones Intelsat.
Su encarcelamiento ocurrió en marzo de 1978, cuando arrancaba el segundo año de gobierno de José López Portillo. Duró muy poco, pues oficialmente se informó que el ex funcionario —detenido cuando era subsecretario de Educación— había restituido la cantidad desviada.
Aquí lo importante es que un poco más de dos años antes de su aprehensión, en una noche de bohemia a las que era muy afecto anticipó que sería perseguido desde las mismas filas oficiales. Se quejaba (“de seguro ya le fueron con el chisme”) de la austeridad impuesta por el presidente Luis Echeverría y también hizo comentarios poco agradables acerca del sucesor, el mencionado López Portillo.
Después de ese episodio de han conocido otros muchos procesos contra políticos, casi todos por malos manejos de los recursos oficiales, como lo ex gobernadores de Veracruz, Javier Duarte; de Quintana Roo, Roberto Borge; y de Chihuahua, Horacio César Duarte, por sólo mencionar algunos de los casos que todavía están en proceso.
En el actual sexenio se ha desacreditado mucho al ex gobernador de Michoacán Silvano Aureoles, figura del PRD, quien durante un tiempo fue un duro crítico de la llamada Cuarta Transformación y, a últimas fechas, al también ex mandatario estatal, pero de Campeche, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, quien es pilar de la alianza opositora en la cual participan también el PAN y el PRD, alianza que ha impedido que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador concrete su anhelada reforma energética y, además, mantiene un bloqueo legislativo.
Para ser presidente del PRI, Moreno dejó el gobierno de su estado y para reemplazarlo promovió a Miguel Aysa González, quien fue premiado por la llamada Cuarta Transformación con la embajada de México en la República Dominicana por su “ejemplar” comportamiento durante las elecciones estatales en las que resultó triunfadora la abanderada de Morena, Layda Sansores, ex priista hija de una de las figuras históricas del tricolor, Carlos Sansores Pérez.
No obstante que al arranque del gobierno del presidente López Obrador, el priista Moreno Cárdenas fue tan complaciente con la nueva administración al grado de ser rebautizado como “Amlito”, a raíz de las elecciones de junio de 2021, en las cuales la coalición opositora perdió numerosas plazas, pero pudo presumir una recuperación en la Ciudad de México y en la Cámara de Diputados, la nueva mandataria campechana encabezó una persecución en contra de su paisano y antecesor en el cargo.
“Alito”, acusado de enriquecimiento ilícito
Como en los casos de otros ex gobernadores, el ahora presidente del PRI fue acusado de desvío de recursos oficiales y de operaciones financieras ilegítimas, todo resumido en enriquecimiento ilícito.
Las denuncias contra Moreno Cárdenas tienen como fundamento grabaciones ilegales de conversaciones telefónicas en las cuales aparentemente revela detalles de operaciones clandestinas. Layda Sansores presenta semanalmente en medios de comunicación locales nuevos capítulos de esas cintas obviamente obtenidas fuera de la ley.
El dirigente priista reviró con otra grabación, de una conversación que tuvo con su “amigo” el también ex gobernador, pero de Chiapas, Manuel Velasco Coello, quien presuntamente fue el mensajero de una amenaza en su contra por parte del gobierno de la llamada Cuarta Transformación.
Al continuar las denuncias, el presidente del PRI volvió a denunciar una persecución política de los gobiernos federal y de Campeche en su contra, exigió que sus demandas se resuelvan conforme a Derecho y anunció que dará inicio su batalla legal que llevará a tribunales y organizaciones internacionales, lo cual seguramente se le facilitará pues, además de su cargo en el tricolor, es el presidente en funciones de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina (COPPPAL), una organización de organizaciones que se dicen socialdemócratas, de la cual el PRI ha sido siempre uno de sus pilares.
En una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por el coordinador de los diputados federales del PRI y ex gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, y de integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de su instituto político, Moreno Cárdenas se quejó ayer de que las agresiones en su contra sobrepasan ya “todo límite legal y constitucional”, indicó que ha presentado diversas demandas legales ante las autoridades competentes, pero los jueces federales que las han recibido “han eludido admitirlas o pronunciarse sobre ellas”.
Señaló que el suyo es un caso “que debe ser ejemplar para impedir los ataques del poder y para que prevalezca la legalidad”, ya que ha quedado claro que la gobernadora Layda Sansores “se burla públicamente del Poder Judicial”.
A pesar de todas las derrotas que ha registrado en los últimos años, dijo que su partido es fuerte, es potente y pilar importante de la coalición Va por México. Agregó que, por eso, el gobierno de Morena lo que quiere es dividir a la coalición, para acabar con la oposición.
“Qué hubiera pasado si hubiéramos acompañado la reforma eléctrica. Prácticamente nos estarían aplaudiendo todos los días los que hoy nos difaman, nos calumnian, nos atacan, nos difaman, pero hay que decirles que no conocen a los priistas. Los vamos a enfrentar de manera clara, de manera directa”, dijo.
De gira por Zihuatanejo, en donde inauguró y realizó la Jornada de Capacitación: “Empoderando Ando”, en el marco del Encuentro Nacional de Mujeres Priistas, el líder priista señaló que las mujeres del partido son un gran ejemplo del valor que tienen las mexicanas y aseguró que su instituto político ha sido el principal impulsor de la participación política de las mujeres en México.
De paso, a pesar de los recientes resultados negativos, Moreno expresó su confianza en que la coalición ganará en los comicios del año que entra.
El factor que desató esta protesta de Moreno fue que la Fiscalía General de Campeche, encabezada por el también ex priista Renato Sales, ejecutó una orden de cateo en su residencia de Campeche.
Medios locales reportaron que el operativo tuvo una duración de diez horas, enfocado en determinar los materiales de los que fue construida la casa y en la búsqueda de objetos de alto valor.
El hecho de que hasta ahora el gobierno de Layda Sansores no haya obtenido una orden de aprehensión o de presentación contra Moreno Cárdenas permite suponer que hasta ahora no se tienen pruebas contundentes de las operaciones ilegales que se presumen a partir de las grabaciones dadas a conocer por la mandataria “morena”.
Iberdrola consigue protección de un juez federal
El presidente López Obrador tendrá nuevamente motivo para repetir las denuncias que ha formulado en contra del Poder Judicial.
Esto porque ayer se informó que un juez federal concedió una suspensión a una subsidiaria de la española Iberdrola contra una multa de 9,145 millones de pesos (466 millones de dólares) que le impuso la Comisión Reguladora de Energía (CRE) presuntamente por irregularidades en el cumplimiento de sus licencias como generador de electricidad.
“Se concede la medida cautelar solicitada para efecto de que no se ejecute el cobro de la multa”, dice la sentencia del juez.
Al imponer la cuantiosa multa, la CRE sostuvo que la filial de Iberdrola entregó energía a sus socios a cambio de una contraprestación económica, lo que constituye una venta, que no está permitida bajo la licencia de autoabasto, le fue concedida por el gobierno mexicano.
