Seamos optimistas: tal vez dentro de 30 años se resuelvan homicidios recientes
Miguel Ángel Rivera jueves 23, Jun 2022Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Frente a la desgraciadamente desatada violencia en todo el país, ya tenemos esperanza en que estos y otros delitos se resuelvan en un plazo “perentorio” —un sinónimo es inaplazable— de apenas 50 años.
El tango Volver, de Carlos Gardel y Alfredo la Pera, decía que “veinte años no es nada”. Ahora, con tantos cambios en el mundo y en el país, la cifra se puede multiplicar y dejarla en medio siglo.
Esto porque ayer, en el Campo Militar número Uno, con la presencia de víctimas y familiares de víctimas de la “guerra sucia”, así como parientes de militares caídos entonces, y en lo que definió como un “acto muy fuerte y lleno de significados”, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que con la apertura de archivos de esa época se buscaba cerrar una etapa y dar inicio a otra, a partir de una necesaria reconciliación para el país.
“Nos alivia a todos, es un acto de reconciliación nacional que necesitamos. No se le puede dar vuelta a la hoja así nomás, tenemos que conocer la verdad , toda la verdad y que haya justicia para que no se repitan actos oprobiosos, no vuelva a ver represión, autoritarismo, en nuestro país”, dijo.
El primer mandatario pronunció, muy a su estilo, un largo discurso para explicar la necesidad de la actuación de la Comisión de la Verdad para esclarecer los actos de la “guerra sucia”, entre 1965 y 1990.
De acuerdo con esa narrativa, la llamada “guerra sucia” se inició hace 58 años y llegó a su etapa final hace “tan sólo” 32 años, pero los expedientes no se pueden considerar cerrados. Por el contrario, tanto el presidente López Obrador como su subsecretario de Gobernación, el intachable luchador de izquierda Alejandro Encinas, están dispuestos a llegar al fondo del asunto, exhibir a los presuntos responsables y, en caso de que todavía, estén con vida, someterlos a proceso penal.
Muy al estilo del discurso del actual gobierno de la llamada Cuarta Transformación, los responsables de esos delitos, en términos generales, a reserva de que se denuncie a los culpables en particular, fueron los gobiernos anteriores, etiquetados de “conservadores” y “neoliberales”.
“Eran tiempos difíciles para luchar contra un régimen autoritario”, explicó López Obrador al justificar a los que “lucharon por una patria justa, libre e independiente, o tuvieron la posibilidad de hacerlo más que con los métodos que podían llevar a cabo, con las movilizaciones y en algunos casos, con las armas, porque no había manera de buscar una transformación.”
Un discurso que se contradice con lo expresado por el mismo presidente López Obrador al elogiar el “desarrollo estabilizador” que aplicaron esos gobiernos para impulsar el crecimiento económico de México.
Otra diferencia es que, salvo sucesos ocasionales, la llamada “guerra sucia” causó poco impacto -también se culpa a los medios- para amplias porciones de la sociedad, salvo los sectores siempre bien informados y atentos a la evolución del país, lo que explica que todavía se guarde memoria de tan repudiable persecusiòn a quienes piensan distinto.
Surge una esperanza: dentro de un cuarto de
siglo sabremos quiénes mataron a los jesuitas
Nada de masacres recientes. Se puede concluir que no ocurrieron o no son responsabilidad del actual gobierno.
Es evidente que en fechas actuales la acción de la delincuencia, organizada o no, tiene motivaciones distintas a los fines aparentemente patrióticos de las organizaciones guerrilleras del siglo pasado, pero el hecho es que afectan radicalmente la normalidad de la vida, sin que hasta ahora hayan encontrado respuesta efectiva el gobierno de la llamada Cuarta Transformación.
Es un hecho que la política de “abrazos, no balazos” no ha tenido éxito para contener a los delincuentes que, lejos de actuar con cautela, se exhiben impunemente en las carreteras y las calles y avenidas de muchas ciudades del país.
Repartir miles de millones de pesos en “programas sociales” no ha servido para disuadir a los jóvenes de alejarse de la delincuencia y dedicarse a actividades lícitas. Apenas, esa derrama ha servido para que el gobierno de la llamada Cuarta Transformación y su partido oficial, Morena (además de sus rémoras) ganen nuevos espacios de gobierno, pero sin lograr cambios fundamentales.
Con frecuencia, la llegada de nuevas autoridades -aunque muchas apenas se distinguen de sus partidos de origen- se convierte en una maldición. Uno de los casos sobresalientes es Zacatecas, donde la violencia ha llegado a niveles impensados. Por supuesto, debe hacerse la precisión de que mucho de ese deterioro se deriva de la lucha interna en Morena por la candidatura presidencial, pues el ex gobernador Ricardo Monreal, hermano del actual mandatario, David, se rehúsa a retroceder ante las “corcholatas” oficiales dadas a conocer por el presidente López Obrador.
Con todo y esas luchas ya no tan internas, queda la esperanza de que un gobierno futuro abra los expedientes de los delitos atribuidos a la hasta ahora prácticamente intocada delincuencia organizada e imponga los castigos que corresponda a los sobrevivientes, el plazo para actuar, como apuntamos, es muy amplio, puede ir de 60 hasta 30 años, si lo medimos con las acciones para sancionar la “guerra sucia”.
En su emotivo discurso durante la ceremonia en que se anunció la reactivación para juzgar los delitos cometidos durante esa “guerra sucia”, el subsecretario Encinas -luchador de izquierda de toda la vida- sostuvo que en tiempos de transformación es necesario mirar de frente a la historia, reconocernos en ella y abrir ruta de cambio con un pasado doloroso.
En el caso de los delitos por cuenta de la llamada delincuencia organizada no hay justificaciones de tipo ideológico, pero eso no importa a las víctimas ni a sus deudos. Duele lo mismo el mártir por razones ideológicas que la persona inocente, cuyo único delito fue estar a un sitio inadecuado en un momento equivocado o el que se resistió a entregar el patrimonio de su familia a un extraño cuyo único argumento es poseer un arma poderosa.
Los hechos evidencian que la estrategia -si es que existe- del gobierno de la llamada Cuarta Transformación para tratar de reducir o eliminar la delincuencia no ha funcionado.
A pesar de reciente optimista informe de la secretaria de Seguridad Pública del gobierno federal, Rosa Icela Rodríguez, el hecho es que el balance es negativo para el gobierno encabezado por el presidente López Obrador, pues ya superó en el total de homicidios ocurrido durante las administraciones de los ex presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto a los que tanto responsabiliza de la “guerra contra la delincuencia”.
Por desgracia, no parece haber un cambio a corto plazo. La frustrada candidata a gobernadora de Nuevo León, la ex priista Clara Luz Flores Carrales, fue designada por el presidente López Obrador como titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). No se le conoce ningún antecedente en ese sector y, por consiguiente, no se espera que influya en ningún cambio, ni positivo ni negativo.
Flores sustituye al también originalmente priista Leonel Cota Montaño, ex gobernador de Baja California Sur, quien estuvo en el cargo hasta el pasado 19 de abril, tras ser designado director general de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), quien tampoco dejó huella de su paso por el cargo.
Por cierto, respecto de uno de los casos de asesinatos ocurridos recientemente que más impacto han tenido en nuestra sociedad, el homicidio de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, en la Sierra Tarahumara, que es una de las plazas fuertes de la delincuencia organizada.
Al respecto, la secretarìa federal de Seguridad Pública informó que ya está identificado el responsable de los crímenes y se continúa con la investigación para dar con su paradero y no permitir la impunidad.
También aseguró, mediante comunicado, que, por instrucciones del presidente López Obrador, “desde el primer momento se estableció comunicación con las autoridades locales para acordar la coordinación y apoyo que permitan la aprehensión y esclarecimiento del caso.
“Todo en el marco de la política de cero impunidad del gobierno de México”, remata el comunicado.
Pero ya sabemos que hay mucho tiempo a futuro para que se resuelvan los pendientes dejados por anteriores gobiernos.
