Parece que no hay forma de detener la violencia, advierte la Iglesia católica
Miguel Ángel Rivera miércoles 22, Jun 2022Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Apenas el domingo anterior el semanario Desde la Fe, órgano informativo de la Arquidiócesis de la Ciudad de México, tituló su editorial Todos somos responsables de este infierno.
En seguida, se preguntaba “¿Cómo hemos llegado a este desprecio por la vida humana, a la degradación de los valores, al endiosamiento del poder y del dinero?”.
“Ésta ha sido una semana de terror en México. La violencia crece como la espuma, y parece que no hay forma de detenerla: balaceras, secuestros, asesinatos de líderes sociales, amedrentamientos y terror en comunidades, desapariciones, extorsiones y otros males que lastiman en lo más profundo a nuestro pueblo, dice el mencionado editorial, que, además, apuntó:
“Las raíces sociales se han pervertido, al grado de que algunas autoridades -cuya obligación constitucional es proteger la vida, dar seguridad a la sociedad y salvaguardar los bienes de sus gobernados- están profundamente coludidas con los criminales y las que aún no lo están, temen aplicar la ley, pues está de por medio su vida y la de su familia. ¡Vivimos un infierno!”
“Es claro que las autoridades municipales, estatales y federales se encuentran rebasadas, pues carecen de la capacidad humana, logística, económica, técnica, e incluso moral, para enfrentar a la delincuencia. Basta con ver lo ocurrido esta semana en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde un grupo criminal generó pánico en la comunidad durante varias horas con la intención de hacerse de una plaza, sin que las autoridades actuaran de manera rápida”.
El medio confesional refería sus comentarios y sus análisis a lo sucedido en semanas anteriores. A ese recuento, todavía añadió:
“¿Cómo hemos llegado a este desprecio por la vida humana, a la degradación de los valores, al endiosamiento del poder y del dinero, al imperio de la impunidad, la maldad y el egoísmo? Todos somos responsables.
“Son responsables los padres de familia, que han dejado de educar a sus hijos en los valores y el amor a la vida; son responsables las escuelas, que desde hace años son un botín político y hoy se han convertido en espacios de adoctrinamiento ideológico, más que de conocimiento, y por supuesto, el Estado y los partidos políticos, que son la cuna de la corrupción y la impunidad.
“La Iglesia tampoco está libre de culpas: No hemos sabido responder a esta realidad que todos los días cobra vidas, bajo la mirada cada vez más indiferente de muchos fieles que, por desgracia, han ido perdiendo la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. ¿Cuántos delincuentes no se reconocen como seguidores de Cristo?
En ese enérgico análisis, la Iglesia capitalina, que tiene la condición de primada, es decir, la que encabeza a todo el país, agregó en su editorial:
“Hoy, ante la violencia desatada en el país resultan estériles y hasta vergonzosos los ataques entre la clase política, las descalificaciones, la repartición de culpas y las justificaciones irracionales.
“Esta descomposición social exige un fortalecimiento urgente y decidido de la educación para vivir los valores que pueden sustentar sociedad donde haya justicia, respeto, solidaridad y compromiso con el bien común, pues de lo contrario será imposible reconstruir el país, una tarea a largo plazo que debemos empezar ya, juntos, por el bien nuestra patria amada, que tanto anhela la paz”.
El severo recuento seguramente llegará a un nivel superior esta misma semana. Los comentarios de la Iglesia católica antes mencionados se referían a lo que sucedía antes, cuando sus miembros estaban un poco a salvo y, en ocasiones, han servido de intermediarios entre la delincuencia y las autoridades, pero seguramente en adelante esa actitud seguramente tendrá un giro radical a partir del asesinato ocurrido el domingo anterior dentro del templo de la comunidad de Cerocahui, Chihuahua, de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar.
Mediante un comunicado la comunidad jesuita de México detalló que los cuerpos de las víctimas fueron sustraídos del templo por personas armadas.
“Demandamos que de forma inmediata se adopten todas las medidas de protección para salvaguardar la vida de nuestros hermanos jesuitas, religiosas, laicos y de toda la comunidad de Cerocahui”, puntualizó la comunidad jesuita.
Además, la comunidad jesuita señaló en el documento que la sierra tarahumara, como muchas otras regiones del país, enfrenta condiciones de violencia y olvido que no han sido revertidas.
“Todos los días hombres y mujeres son privados arbitrariamente de la vida, como hoy fueron asesinados nuestros hermanos”, dice el comunicado.
Al comentar ese atentado, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ya se tiene información de los presuntos responsables del asesinato de los dos sacerdotes.
Sin embargo, este grave acontecimiento pone, otra vez, en duda la efectividad de la política contra la violencia de la llamada Cuarta Transformación.
Un día antes, la secretaria federal de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, había informado desde Palacio Nacional que los delitos como homicidios dolosos, extorsiones y secuestros crecieron en mayo.
“En general, en los delitos del fuero común se ha bajado en la mayoría de los delitos, excepto el delito de extorsión que tiene un incremento de más de 28 por ciento (…) con respecto al delito de secuestro, se ha tenido una baja de 58.3 por ciento en esta administración y, en el último mes, se tuvo un incremento relacionado con los migrantes, con la población migrante, que se tienen secuestros exprés”, dijo la funcionaria federal.
Rodríguez comentó que “en relación con el homicidio doloso aumentó entre el pasado mes de abril y mayo, sin embargo, este mayo de 2022 es el más bajo desde hace cinco años.
La funcionaria indicó que los delitos del fuero federal han disminuido desde el inicio de la administración actual, para llegar a su nivel más bajo en cuatro años.
No hay información oficial precisa acerca de secuestros
Todo lo positivo de ese reporte quedó anulado por el asesinato de los sacerdotes, que antes eran intocables.Tiene razón la Arquidiócesis metropolitana: “Todos somos responsables de este infierno”.
A propósito de uno de los delitos graves mencionados por la secretaria Rosa Icela Rodríguez, la organización Alto al Secuestro encuentra un panorama poco plausible en ese terreno.
En uno de sus más recientes informes, la organización que encabeza Isabel Miranda, destacó que “los gobiernos estatales no logran consolidar la cifra de secuestro que reportan de manera mensual con los reportes de casos de secuestro, de los que mensualmente dan cuenta los medios de comunicación. Tan sólo en el mes de abril de 2022, las cifras oficiales NO contaron con el 68% de las víctimas de secuestro, cuya información fue proporcionada por diversos medios de comunicación locales.
“Es urgente que se reestructuren las unidades antisecuestro y se les devuelva la especialidad que perdieron, que el personal esté capacitado para actuar de inmediato con ayuda de equipo tecnológico y que se gane la confianza ciudadana para que las víctimas acudan a denunciar este delito. Este conjunto de factores nos acercarán a la meta que es ERRADICAR el secuestro en México”, dijo el organismo de la sociedad civil.
Alto al Secuestro reveló que, en la estadística reportada de manera mensual al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el estado de Querétaro agregó 1 carpeta de investigación a las reportadas en el mes de marzo, asimismo 5 casos localizados en medios de comunicación por Alto al Secuestro fueron integrados en carpetas de investigación por las entidades federativas.
Alto al Secuestro reconoció que hubo una disminución de 22.2% en las carpetas de investigación iniciadas en abril por el delito de secuestro. En dicho mes hay registro de 70 carpetas, en comparación con las 90 del pasado mes de marzo.
Como complemento, se registró un descenso de 16.8% en el número de víctimas que sufrieron este delito, ya que durante el mes de abril de 2022 hubo 104 víctimas, mientras que en marzo fueron 125.
Además, se registró una disminución de 29.3% en el número de detenidos relacionados al delito de secuestro, debido a que en abril de 2022 fueron detenidas 65 personas por este delito mientras que en marzo fueron detenidos 92 presuntos responsables.
