Combate a organismos electorales se pone a prueba en la CDMX
Miguel Ángel Rivera martes 21, Jun 2022Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Desde el inicio de su mandato, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se ha distinguido por seguir lo más fielmente posible las pautas marcadas por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y todavía esta tendencia se acentuó en cuanto la mandataria se convirtió en “corcholata” oficial, para muchos la favorita para suceder al fundador, líder y guía de Morena.
La más reciente muestra de que sigue, “al pie de la letra” libreto trazado por la llamada Cuarta Transformación, se dio en el Congreso de la Ciudad de México, donde se recortó sustancialmente el presupuesto del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECDMX) y desaparecer varias de sus áreas operativas.
En principio, los legisladores locales intentaron lucirse al ser autores de reformas que empataban con los deseos del gobierno federal de reducir al mínimo y de preferencia eliminar al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que en el caso de la capital del país serían el IECM y el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX).
Sin embargo, por un aparente desliz o tal vez porque la gobernante capitalina deseaba dejar en claro que ella era la que seguía “letra por letra” las indicaciones del gobierno federal, a final de cuentas quedó claro que fue su administración la que promovió las reformas que, obviamente, generaron protestas de la oposición y de los organismos de la sociedad civil que desean preservar al instituto y el tribunal electorales, que hasta ahora han sido garantes de la limpieza de los procesos electorales como en los que resultaron triunfadores los gobierno encabezados por Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo.
Como resultado de la iniciativa del gobierno capitalino, el Congreso local aplicó un recorte sustancial al presupuesto solicitado por el IECDMX.
En su proyecto de presupuesto para 2022, el IECDMX solicitó en diciembre pasado 1,955 millones de pesos; sin embargo, la Secretaría de Finanzas impuso un techo presupuestal en la Ley de Egresos bajo el argumento de la política de austeridad de la administración local.
En concreto, el Congreso de la CDMX determinó que se le otorgaría a este organismo sólo 1,201 millones de pesos, lo que significa un déficit de 754 millones. Luego se aprobó desaparecer cinco áreas técnicas de la dependencia con el consecuente despido de más de 100 trabajadores.
Por esta razón, el IECM apeló la resolución ante el tribunal electoral local.
Para confirmar esa visión que tienen gran parte de los miembros y simpatizantes de la llamada Cuarta Transformación, de que los institutos electorales y los tribunales del ramo son, en la práctica, sus enemigos, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México ordenó al gobierno y al Congreso local incrementar el presupuesto del IECM para el ejercicio 2022 y consideró que ambos poderes se extralimitaron en sus atribuciones al vulnerar las garantías de legalidad de los órganos autónomos con la reducción presupuestal.
Dinero para las prestaciones de los partidos, no para lujos
Además, los magistrados electorales estimaron que no hubo “piso parejo” en la distribución de los recursos entre los órganos autónomos, además que existieron factores externos que influyeron en la toma de decisión del Ejecutivo y Legislativo.
“Entre los órganos autónomos, fue el electoral el más afectado en la asignación de recursos para su funcionamiento, lo expone a influencias políticas externas provenientes del Ejecutivo y Legislativo locales que afectan su imparcialidad, en perjuicio de la sociedad, del sistema democrático y, en última instancia, de la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía”, se lee en la sentencia.
Para el consejero electoral Ernesto Ramos, la sentencia favorable para el IECM confirma con hechos que los recursos solicitados se utilizarán para el pago de prerrogativas a los partidos, así como los ejercicios de presupuesto participativo y consultas y no para gastos o “privilegios” como aseguran las autoridades locales.
“El recorte presupuestal se hizo sin un análisis, sin información objetiva, sin un diálogo con la institución, la jefatura de gobierno puso un tope del presupuesto, el congreso sin un debate de por medio lo aprobó sin siquiera revisar lo que el IECM estaba solicitando”, explicó en entrevista.
Por cierto, el IECDMX en su demanda no solicitaba el presupuesto que habían solicitado a finales de 2021, sino que se “conformaron” con 1,400 millones de pesos, lo mismo que se le asignó como presupuesto en 2019, el primer año de la presente administración.
Pero los legisladores “morenos” no se quedaron conformes, sino que aprobaron nuevas reformas para reformar, derogar y adicionar diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la capital, lo cual impacta en la estructura interna de este organismo autónomo.
El IECDMX determinó promover el referido recurso de impugnación en contra del Decreto aprobado el pasado 27 de mayo por el Congreso Local y publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 2 de junio del año en curso, en virtud de que se considera que la citada reforma vulnera la autonomía de este Instituto.
El juicio electoral promovido por el IECDMX es para solicitar a las personas magistradas de la Sala Superior del TEPJF la inaplicación de dicho decreto, toda vez que, derivado de las reformas a diversas disposiciones del Código, entre otros tópicos, se eliminan cinco unidades técnicas de la estructura técnica de este Instituto, así como la atribución del Consejo General de crear los órganos técnicos que considere necesarios, a pesar de que este Instituto goza constitucionalmente de autonomía en su funcionamiento y la capacidad de determinar su organización interna.
En su protesta, los consejeros electorales capitalinos argumentan que el citado decreto representa una vulneración a la autonomía en el funcionamiento del IECM, en su vertiente de gestión técnica, orgánica administrativa y en su funcionamiento interno, porque a través de la normativa modificada dispone la forma en que este Instituto debe gastar los recursos presupuestales, mediante la prohibición y la limitación de la estructura orgánica.
El documento señala que se afecta la facultad que tiene el IECDMX para autogobernarse, contenida en el artículo 83, fracciones 7 y 8 del Código Electoral, y limita su facultad normativa, al derogar el último párrafo del artículo 98 del referido Código, impidiendo que sean creadas Unidades Técnicas que realizan actividades sustanciales de este Instituto.
Como se ve, lo que se trata es de un experimento para dejar a los órganos electorales bajo el control del Ejecutivo y, si no, de plano desaparecerlos.
Al respecto, el diputado local del PAN Ricardo Rubio aseguró que la desaparición de la Unidad de Fiscalización permitirá que Morena haga lo que “se le dé la gana” durante los procesos electorales.
“Sabemos que era un mandato de la regenta (sic) de esta ciudad el sacar adelante esta inconstitucional reforma para pretender ganar a la mala lo que no van a poder ganar a la buena, porque los que están ya derrotados moralmente son ustedes”, soltó el legislador del albiazul.
Contra esos negativos pronósticos, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) dio a conocer el sábado anterior su fallo en el que ordena al gobierno y al congreso local incrementar el presupuesto del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECDMX) para el ejercicio 2022 y consideró que ambos poderes se extralimitaron en sus atribuciones al vulnerar las garantías de legalidad de los órganos autónomos con la reducción presupuestal.
La resolución del Tribunal Electoral no aplica de manera inmediata, puede ser impugnada por el Ejecutivo y el Legislativo de la Ciudad de México e incluso puede terminar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, batalla legal que se sumará a la que está en curso entre el IECDMX y el Congreso por la reforma que elimina cinco de sus áreas técnicas.
En respuesta, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, consideró que la resolución del Tribunal Electoral es excesiva, pues el Congreso capitalino está facultado para analizar y en su caso aprobar el presupuesto y por tanto habrá una impugnación ante las autoridades jurídicas correspondientes.
