Incongruencias y paradojas del federalismo
Luis Muñoz miércoles 1, Jun 2011Segunda vuelta
Luis Muñoz
Por un sistema tributario que tome en cuenta a los municipios para lograr un verdadero pacto federal, se pronunció la Federación Nacional de Municipios de México (Fenamm).
Su presidenta, la munícipe Angélica Araujo Lara, hizo este pronunciamiento al recibir en el Ayuntamiento de Mérida a los participantes en el 75 aniversario de la creación del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
La funcionaria recalcó la importancia de contar con un sistema fiscal moderno para enfrentar los retos del siglo XXI.
“Tenemos que empezar por fortalecer los lazos de cooperación institucional, que nos permitan que todos los niveles de gobierno, trabajemos y desarrollemos nuestras acciones en un verdadero pacto federal, que de fin a muchas incongruencias y paradojas del federalismo mexicano”, dijo.
“Paradojas de un sistema federal que, aunque reconoce que los municipios somos los primeros en atender las necesidades de la gente, casi siempre nos deja como los últimos en materia de recursos y de responsabilidades de ejecución de políticas públicas”, puntualizó.
“Paradojas de un sistema federal, que aunque reconoce la diversidad existente entre los municipios de México, todavía diseña respuestas homogéneas y de escritorio para realidades diversas, cambiantes y heterogéneas”, señaló ante los funcionarios de justicia fiscal.
En la reunión, la alcaldesa Angélica Araujo Lara declaró: como “meridanos distinguidos y huéspedes de honor de la ciudad de Mérida” a seis magistrados y fiscales del citado tribunal por su respaldo a la justicia social y administrativa para el fortalecimiento de la paz social en los municipios.
Como parte del 75 aniversario de la creación del tribunal, fueron reconocidos los magistrados Rafael Anzores Uribe, Luis Humberto Delgadillo, Juan Manuel Jiménez Illescas; el procurador fiscal de la Federación, Javier Laynez Potisek, y los conferencistas Miguel Ángel Vázquez Robles y Augusto Fernández Sagard.
Araujo Lara expuso ante los funcionarios federales que uno de los grandes temas pendientes en nuestro país es consolidar un sistema impositivo verdaderamente federal en su funcionamiento, mediante una reforma que detone el crecimiento y desarrollo económico del país.
Mencionó que en China, la gran clave que permitió que esta economía pasara de ser una de las más pobres a las más desarrolladas del mundo, fue darle una verdadera autonomía a los municipios y provincias en materia de recaudación y en el ejercicio de los recursos fiscales.
Eso permitió eficientar los procesos, incrementar la recaudación y, por consiguiente, conseguir que los municipios pudieran ejercer más recursos ahí donde más se necesitaba.
Reconoció que en México todavía estamos lejos de alcanzar esos acuerdos y esos pactos. “Creo firmemente que es momento de iniciar con ese camino y hacer realidad acciones, programas y beneficios que se traduzcan en mayores niveles bienestar en los ciudadanos”, expuso ante los magistrados.
El presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal, Juan Manuel Jiménez Illescas, agradeció el reconocimiento recibido de la alcaldesa en representación de los 2 mil 569 trabajadores de la institución. Los lazos institucionales y de amistad con el ayuntamiento de Mérida quedan de esta manera fortalecidos, dijo.
“Es importante saber dónde está localizado nuestro corazón y hacia dónde enfocamos nuestros esfuerzos, nuestros trabajos. Quienes trabajan junto con Angélica ubican su corazón hacia un trabajo próspero y fructífero para nuestra querida Patria”, resaltó el magistrado.
Por cierto, los cuatro principios que su código establece, son una traducción de las expectativas que la sociedad tiene de sus juzgadores:
– La independencia, que es la actitud de todo juez de resolver sin tomar en cuenta las presiones o los intereses que sean extraños al Derecho.
– La imparcialidad, que significa juzgar sin inclinación o designio previo, a favor de alguna de las partes.
– La objetividad, que se traduce en tomar en cuenta sólo las razones que el derecho proporciona.
– Y finalmente, el profesionalismo, que es el ejercicio responsable y serio de nuestra función, y que conlleva la disposición a prepararnos con constancia y dedicación.
La actualización de estos principios es un doble proceso: por un lado, es endógeno, porque requiere del esfuerzo de todos nosotros, como juzgadores e integrantes de un órgano que dicta el Derecho. Pero también es exógeno, porque como autoridad, debemos conminar a los litigantes a que desempeñen su oficio con total probidad.
Debemos actuar convencidos de la dignidad e importancia de nuestra tarea, y actuar con visión moral.
Pero en este propósito, queremos contar con el apoyo del foro: que los litigantes, los abogados, las autoridades actúen con seriedad ética dentro del juicio, para que aquellos cuatro principios que enuncié, sean una realidad.
MEJORAR CONDICIONES DE MUJERES INDÍGENAS
Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y en general para la sociedad, mejorar las condiciones de vida de 8.1 millones de mujeres indígenas debe ser un asunto de primer orden en la agenda nacional.
Según estadísticas, sólo el 2.9 por ciento de las mujeres indígenas de nuestro país han tenido acceso a la educación de nivel superior.
La probabilidad de que mueran en el embarazo es casi cuatro veces mayor, debido a carencias de servicios de seguridad social.
En zonas predominantemente indígenas se registran 30 defunciones maternas por cada 10 mil nacimientos.
En consecuencia, la CNDH lleva a cabo la parte que le corresponde para atender esta situación y desarrolla el Programa de Promoción de los Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas.
Se promueve el derecho que tienen las mujeres a estar protegidas, a hablar su lengua, a que se reconozca su trabajo, a elegir el método anticonceptivo más adecuado, así como a vivir de acuerdo con las tradiciones de su comunidad.
Realiza talleres, pláticas y conferencias dirigidos a servidores públicos, a fin de que se trate con respeto y dignidad a los 15.7 millones de indígenas, hombres y mujeres.
La Comisión Nacional considera que además de impulsar leyes para favorecer el desarrollo de los pueblos indígenas, es indispensable crear instrumentos legales que protejan especialmente los derechos humanos de sus mujeres.
Asegurar un trabajo digno, salud y educación para este sector de la población debe ser uno de los principales ejes rectores de las políticas públicas en la materia.
