La Suprema Corte evita interferir en elecciones, pero valida reclamo del INE
Miguel Ángel Rivera jueves 2, Jun 2022Clase Política
Miguel Ángel Rivera
La legislación electoral establece que la propaganda y toda actividad proselitista deben suspenderse el miércoles previo al día de las votaciones y, ayer, los ministros de la Suprema Corte de Justicia dejaron testimonio de ser respetuosos de las normas, al evitar que alguna de sus acciones o decisiones pueda interpretarse como un intento de favorecer a un partido o afectar a otro.
En ese afán de no influir en los procesos electorales que comprenden seis estados -Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas- los integrantes de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) dejaron pendientes de resolución las controversias constitucionales promovidas por el congreso de Tamaulipas por el desafuero y la orden de aprehensión girada contra el gobernador de esa entidad, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Cualquier decisión de los ministros, ya fuera a favor o en contra del mandatario tamaulipeco, sin duda, hubiera influido en la opinión de los electores de esa entidad fronteriza, pues si bien el nombre del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca no aparece en las boletas, su sombra se proyecta sobre los comicios.
Desde hace tiempo, el gobernador surgido del PAN se ha convertido en uno de los objetivos centrales para la llamada Cuarta Transformación, tanto que los diputados de Morena y sus rémoras no cejaron hasta lograr quitarle el fuero, en un intento por marginarlo del proceso para elegir a su sucesor.
En teoría, García Cabeza de Vaca fue acusado de delitos financieros, como jefe de una presunta red de familiares coludidos para la triangulación de más de 100 millones de pesos en México, a través de empresas inmobiliarias, constructoras y despachos legales, entre otras. Pero en los medios políticos se asegura que su principal fechoría ha sido oponerse radicalmente al avance de Morena en su estado, al contrario de otros mandatarios que le han allanado el camino al partido oficial.
El hecho es que, luego de que la Cámara de Diputados, federal, básicamente la mayoría de Morena y sus corifeos, le retiró el fuero, el Congreso de Tamaulipas, donde los panistas eran mayoría, reclamó el derecho a tener la última decisión de retirar a García Cabeza de Vaca del gobierno y aceptar que se cumpliera la orden de aprehensión en su contra preparada por la Fiscalía General de la República, considerada una dependencia más de la llamada Cuarta Transformación. Por supuesto, los diputados panistas decidieron que su correligionario siguiera al frente del gobierno estatal, mientras quedaba pendiente el cumplimiento de la orden de aprehensión.
En consecuencia, los dos bandos recurrieron a la Suprema Corte de Justicia. Los legisladores federales demandaron que se cumpliera su decisión de retirarle el fuero y los diputados locales que se anulara la decisión de los federales.
El primer recurso de inconstitucionalidad lo recibió la Suprema Corte desde mayo de 2021, así que los ministros han tenido todo un año para reflexionar acerca del tema, pero ya se sabe que en esos altos niveles del Poder Judicial Federal todo se mueve con lentitud.
Tras un año de espera, trascendió que la resolución definitiva se conocería en la sesión de ayer de la primera sala del máximo tribunal.
Antes de que se anunciara el aplazamiento, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas, Félix Fernando García Aguiar, expresó su confianza en que la Suprema Corte de Justicia declarara improcedente el desafuero.
“Tenemos confianza en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dará su fallo a favor de la competencia de este Congreso, respecto a la improcedencia del desafuero de nuestro Gobernador, con lo cual se refrendará la legalidad y la validez de la intervención de la Legislatura 64 y se consolidará la justicia ante la farsa y la persecución política que se orquestó en contra” de García Cabeza de Vaca.
El también coordinador del grupo parlamentario del PAN, lamentó que Morena siga usando el tema del desafuero para denostar al mandatario tamaulipeco, defendiendo políticas públicas indefendibles y a sus actores políticos señalados por actos de corrupción.
“El fuero lo mantiene y lo mantendrá nuestro gobernador, porque la razón nos asiste y sólo era cuestión de tiempo para que se confirme. Por eso los de Morena andan desesperados, nerviosos y actúan con guerra sucia, buscando sacar raja política de esto. Solo que se les olvida que los tamaulipecos los observan y saben de las fechorías de la mal llamada 4T”, indicó.
Pero no sucedió nada. Sin ninguna explicación, el caso fue nuevamente aplazado.
Extraoficialmente, como anotamos arriba, se dijo que los ministros decidieron posponer el dictamen para no influir en las elecciones, pero también hay opiniones en el sentido de que un asunto de tanta trascendencia, establecer los límites entre los poderes federal y estatales debería ser revisado por el pleno de la Suprema Corte y no únicamente por una de sus salas.
El tema será analizado y discutido hasta después de las elecciones del 5 de junio.
Los ministros de la Corte le dan la razón al “odiado” INE
Bajo amenaza de una pronta extinción, los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), tuvieron ayer un éxito importante, pues los ministros de la Suprema Corte les concedieron la razón en sus protestas contra la llamada Cuarta Transformación y en particular contra la Cámara de Diputados por los recortes que le impusieron a su presupuesto.
Fue la propia Primera Sala de la Corte la que validó la demanda del INE interpuesta en contra de la decisión del Legislativo para recortarle 4 mil 913 millones de pesos en su presupuesto original.
Ese recorte es parte de la larga contienda del INE contra la llamada Cuarta Transformación desde que los consejeros electorales se negaron a ajustarse a la política de austeridad impuesta por el primer mandatario y que tiene como aspecto saliente que ningún funcionario público puede ganar más que el presidente de la República.
Los desencuentros se intensificaron a raíz de la denominada consulta popular que promovió el presidente López Obrador para preguntar al “pueblo sabio” si se lleva a juicio a cinco de sus antecesores.
La consulta resultó desairada. La 4T responsabilizó a los consejeros electorales. El disgusto del oficialismo subió de tono por la reciente consulta popular para la Revocación (que no ratificación) del Mandato que tampoco movilizó a los ciudadanos, aunque la llamada Cuarta Transformación movilizó todos sus recursos y cuadros, incluidos altos funcionarios que legalmente estaban impedidos de hacer campaña.
En su defensa, los consejeros electorales destacaron siempre la falta de recursos para poder satisfacer los caprichos del oficialismo.
Ahora viene la sentencia de los integrantes de la primera sala de la Suprema Corte que le concede razón a los reclamos del INE, al invalidar el presupuesto aprobado (con sustancial recorte) a fines del año pasado y ordenó a la Cámara de Diputados que elabore otro, donde justifique plenamente el recorte que se le aplicó al Instituto o, de lo contrario, le otorgue la totalidad del financiamiento que solicitó originalmente, que era de 24 mil 649 millones 593 mil 972 pesos.
En la sesión de ayer, miércoles, la presidenta de la Primera Sala, la ministra Margarita Ríos Farjat, propuso enviar este asunto al pleno de la SCJN, pero la mayoría decidió que debería resolverse en esta instancia.
De esta manera se aprobó, por unanimidad, la ponencia aprobada por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, en la cual “se declara invalidez del decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022, en lo concerniente al presupuesto asignado al Instituto Nacional electoral, anexos 1 y 32, en el Ramo 22 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 201”.
También ordena que “la Cámara de Diputados deberá analizar y determinar en sesión pública lo que corresponda respecto al anteproyecto del Presupuesto de Egresos del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2022 dentro del lapso de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de notificación”.
El ministro González Alcántara llegó a ese cargo propuesto por el presidente López Obrador, así que no puede encasillarse como hostil a la 4T.
