Los particulares, pero sobre todo el gobierno, obligados a cumplir la ley
Miguel Ángel Rivera martes 31, May 2022Clase Política
Miguel Ángel Rivera
En sus doce años de campaña electoral, el combativo candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador tuvo como uno de sus lemas de campaña el conocido adagio “al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie” y eso lo sostuvo ya como Presidente en funciones en su conferencia mañanera de 31 de enero de 2019. En la actualidad, el principio fundamental de derechos parece olvidado.
“Que a mí no me vengan con que la ley es la ley, que no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley”, dijo el primer mandatario el pasado 6 de abril del presente año, cuando los ministros de la Suprema Corte de Justicia revisaban las demandas de inconstitucionalidad presentadas por legisladores de oposición y otras organizaciones y empresas en contra de su reforma eléctrica.
A final de cuentas, el primer mandatario se declaró vencedor, aunque hubo mayoría de votos de los ministros de la Corte en contra de su ley, pero no se declaró inconstitucional porque no se reunió la mayoría necesaria (8 votos) establecida por la norma que rige al máximo tribunal constitucional.
Aunque una buena parte de los ministros han sido nombrada durante el actual sexenio, a propuesta de López Obrador, no siempre sus resoluciones han resultado del agrado del líder y guía de la llamada Cuarta Transformación, quien por esos resultados negativos ha colocado a una buena parte del Poder Judicial Federal entre los enemigos de su administración.
En la primera línea de los antagonistas de su gobierno, el presidente López Obrador ha colocado, por ejemplo, a los jueces federales que concedieron amparos por los cuales no se pudo aplicar de inmediato su reforma eléctrica.
Otro revés del poder Judicial al jefe del Ejecutivo consistió en invalidar la regla que prohibía a ex funcionarios de gobierno trabajar para las empresas privadas. En esa oportunidad, AMLO dijo que, pese a que hay ministros con dimensión social, la mayoría de ellos son “como abogados patronales” y defensores de las empresas.
A esos jueces a los que el Presidente ha calificado defensores de los intereses de las empresas privadas, particularmente extranjeras, se han sumado recientemente los que, con otros amparos, han detenido los trabajos de otra de sus obras emblemáticas: el Tren Maya.
Adrián Fernando Novelo, Juez Primero de Distrito con sede en Yucatán, concedió la suspensión definitiva a un amparo presentado por grupos ambientalistas que se oponen al trazado que ha definido el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para el paso del ferrrocarril de pasajeros, entre Playa del Carmen y Tulum.
Fue la primera resolución de un juez en torno a al menos otros cuatro amparos que existen contra las obras del Tren Maya en ese tramo. El principal motivo de queja es que no existe declaración de impacto ambiental.
En el ínterin, el primer mandatario se echó encima a un grupo de actores, actrices y músicos que se pronunciaron contra su proyecto, por considerar que el proyecto de AMLO destruirá el sistema de ríos subterráneos más grande del mundo y además la flora y fauna de la región desaparecerá.
Lo mínimo que les dedicó el Presidente fue calificarlos de falsos ambientalistas y luego los plantó, a pesar de haberse concertado una entrevista en Palacio Nacional para confrontar las diversas posiciones.
El revés para la llamada Cuarta Transformación se consolidó cuando el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito de Mérida confirmó la suspensión provisional para las obras del Tramo 5 Sur del Tren Maya, por no contar con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).
En esa oportunidad, el Presidente criticó la decisión de los jueces, además de que no se dio por enterado, pues aseguró que su gobierno no había recibido comunicación oficial de la decisión de los magistrados.
El jefe del Ejecutivo afirmó que hay una campaña en contra de la construcción del Tren Maya, que es financiada por organismos internacionales y empresarios mexicanos y también reveló que no hay una notificación oficial de dicha información.
“Todavía no hay una notificación oficial, no sabemos de qué se trata. Solo lo que ya es de dominio público: hay, con propósitos políticos, no ambientalistas, una campaña en contra del Tren Maya financiada por organismos internacionales y por empresarios mexicanos y están utilizando a pseudoambientalistas”, reafirmó el jefe del Ejecutivo.
El repudio presidencial no amilanó a los juzgadores, pues ayer se conoció que un juez federal en Mérida otorgó una suspensión definitiva a las obras que se realizan en Quintana Roo.
El juez Primero de Distrito en Yucatán, Adrián Fernando Novelo Pérez, otorgó la suspensión definitiva a las obras del Tramo 5 sur del Tren Maya, aunque las partes aún tendrán que acudir el 23 de junio para ofrecer pruebas como parte de la audiencia constitucional de amparo.
El magistrado confirma así su decisión de abril, cuando paralizó de forma provisional la construcción por la falta de permisos ambientales y se inclina a favor del grupo de buzos que presentó una demanda contra el proyecto alegando que provocará un daño irreversible en el complejo sistema de cavernas, cenotes y ríos.
Ese es uno de los aspectos sobresalientes del fallo: a pesar de las descalificación presidencial, se reconoce la personalidad de los ambientalistas para oponerse a las obras por considerar que afectan al medio ambiente.
Las obras del gobierno también tienen que cumplir con la ley
Uno de los principales motivos que el juez Novelo consideró para conceder la suspensión definitiva sobre el proyecto es que no existe la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) necesaria y que el avance de las obras del tramo 5 sur estaban únicamente amparadas por el decreto que el Ejecutivo federal lanzó en noviembre del año pasado, con el cual declaró de interés y seguridad nacional la ejecución de las obras de infraestructura.
Aquí es donde vuelve a surgir el tema del cumplimiento de las leyes. Como decía Andrés Manuel López Obrador candidato de oposición, nadie puede estar por encima ni al margen de la ley.
En este caso, aunque se trate de una obra oficial -la cual según el gobierno será detonante del desarrollo en la Península de Yucatán y estados aledaños- se deben cumplir los requisitos que se exigen a cualquier obra, sea de particulares o del gobierno.
Es probable que algunas obras realizadas en la misma región del Caribe se hayan concretado sin respeto al medio ambiente, sin cumplir con todas las normas, mediante argucias y actos de corrupción, pero eso no puede ser disculpa y menos para el gobierno federal, que a pesar de los reclamos de que “a mí no me vengan con que es la ley”, es el primer obligado a respetar las normas.
En el caso de violaciones probadas, queda el recurso de aplicar sanciones, ya sea a los particulares que evadieron el cumplimiento de las leyes o a los funcionarios públicos que fueron omisos o cómplices de las irregularidades. Puede haber penas de cárcel o reparación de daños, pero hasta ahora no se ha sabido que el gobierno federal emprenda acciones contra los presuntos responsables de delitos ambientales.
En consecuencia, lo obligado es cumplir con todos los requisitos para evitar daños al medio ambiente y a las comunidades que viven allí. En el portal de Internet de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aparecen todos los procedimientos para obtener las licencias.
Lo que debe quedar bien claro es que las licencias se deben tramitar, antes del inicio de las obras. No es válido el llamado “decretazo” del presidente López Obrador con el cual se pretendió eximir a las obras oficiales del cumplimiento de las normas.
Vale insistir: “al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”.
Por otra parte, se mantiene el “suspenso” en torno a la asistencia o no del presidente López Obrador a la Cumbre de las Américas, programada para iniciarse el lunes 6.
El mandatario mexicano condicionó su participación a que el gobierno de Joe Biden invite a todas las naciones de la región, pero dice que no ha recibido respuesta.
Sea cual sea la decisión, se mantiene el dilema para el primer mandatario mexicano: Procurar la buena relación con el principal socio comercial de nuestro país o ser líder latinoamericano inclusive a costa de ser acusado de defender a regímenes autoritarios: Cuba, Nicaragua y Venezuela.
