Irreconciliables desacuerdos
Freddy Sánchez jueves 26, May 2022Precios y desprecios
Freddy Sánchez
Qué tan buena disposición tendrán los políticos en México para impulsar una reforma electoral, sean del partido que sean.
Una primera impresión podría llevarnos a pensar que en aras de crear mejores disposiciones legales que permitan garantizar legalidad, transparencia, imparcialidad y honestidad en los procesos electorales, nadie debería estar en desacuerdo.
La cuestión es: Qué cambios legales se requieren en busca de lo anterior, evitando que los interesados en reformar las normas electorales visualicen y propugnen por aquello que más conviene a sus propios fines.
De ahí las dificultades para determinar acciones legales que no se inclinen en ninguna dirección, pretendiendo crear condiciones propicias para la salvaguarda de los intereses de una u otra afiliación partidista.
Cada que se propone un cambio legal en materia electoral suele aparecer el afán de que los abanderados de una organización partidista logren mayores beneficios que los integrantes de otros partidos en competencia electoral.
Por ello es que dependiendo de la situación vigente de las distintas instituciones partidarias se proponen las adecuaciones legales que a su leal saber y entender les permitirán incrementar o por lo menos conservar sus capacidades de poder político y legislativo.
Los que anteriormente no eran oposición, lejos de renunciar a las influencias legislativas como las que tuvieron con su representación en las cámaras de diputados, mostrándose mezquinos en el reparto de beneficios para las minorías partidistas, lógicamente han cambiado su idea de lo que conviene o no hacer en materia electoral.
Al contrario de los que ahora tienen lo que no tenían y no están dispuestos a perder, una vez que probaron las ventajas de ser la mayoría política y legislativa en el país.
Así que cualquier reforma electoral, que solamente privilegie la defensa de intereses de Morena, difícilmente prosperará por requerirse el apoyo legislativo de la oposición para cambios constitucionales. Y lo mismo se puede anticipar si los opositores se proponen que un cambio les signifique beneficiarse mucho más que Morena en los asuntos legislativos y electorales en el país.
De modo que la negociación para una reforma electoral amerita un amplio consenso de los interesados en discutir y acordar las futuras disposiciones legales para regular los procesos electorales en México, bajo la premisa de que habrá que crear las condiciones para un “suelo menos disparejo” en las próximas contiendas electorales.
En varios puntos parecen existir coincidencias como es el caso de reducir las plazas para legisladores, (diputados federales y senadores), modificar los volúmenes de financiamiento oficial para los partidos, crear nuevos criterios para la conformación de las representaciones populares y hasta disminuir el aparato burocrático institucional con el fin de gastar menos en la democracia.
Pero, dos cuestiones se antojan las más complejas y de difícil solución: Cómo elegir a los futuros consejeros del INE y los magistrados del Tribunal Electoral, sin desaparecer al órgano actual que controla y maneja las elecciones en México, además de la segunda vuelta para la elección presidencial.
Y es que mientras Morena lógicamente esperaría que se acepte cuanto proponga en ese aspecto, los opositores en apariencia ya han decidido que si en esos dos puntos no hay consenso y por ende plena conformidad entre las partes (opositores y morenistas), no habrá reforma electoral.
Así las cosas pueden llegar a darse largas jornadas para avalar las distintas propuestas electorales como sucedió con la reforma eléctrica y del mismo modo desechar la iniciativa presidencial o las que presentaron el PRI y PAN por su cuenta si entre los grupos parlamentarios no se resuelven los aparentemente irreconciliables desacuerdos.
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