A Bonilla le acortaron periodo como gobernador y ahora, como senador
Miguel Ángel Rivera martes 10, May 2022Clase Política
Miguel Ángel Rivera
El artículo 125 de la Constitución General de la República es muy preciso: “ningún individuo podrá desempeñar a la vez dos cargos federales de elección popular, ni uno de la Federación y otro de un estado que sean también de elección; pero el nombrado puede elegir entre ambos, el que quiera desempeñar”.
A pesar de la claridad de lo expresado, este precepto constitucional ha dado motivo a que pierda su sitio en el Senado el ex gobernador de Baja California, el político y empresario Jaime Bonilla Valdez. Además, la aplicación de ese mandato puede ocasionar un enfrentamiento entre poderes federales, concretamente entre el Senado de la República y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), dependiente del Poder Judicial Federal.
Todo se deriva de la aplicación del mencionado artículo 125 constitucional por cuenta de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en atención a dos demandas, una presentada por un ciudadano en forma particular y otra por un dirigente local del PAN en Baja California.
Los magistrados de esa sala regional del TEPJF encontraron que, en efecto, Bonilla no tiene derecho a regresar al Senado, pues en los hechos renunció a su sitio en esa Cámara, al optar por el cargo de gobernador de Baja California.
El afectado, muy cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador, alegó en su defensa que quienes protestaron ante el TEPJF no tienen interés jurídico en el caso y, sobre todo, destacó que no ha desempeñado dos cargos al mismo tiempo, pues pidió licencia al Senado para separarse de su sitial y asumir el gobierno del estado fronterizo y cuando pidió su reincorporación ya había concluido su mandato como gobernador.
No obstante, los magistrados electorales interpretaron que Bonilla tuvo los dos cargos, pues fue elegido gobernador cuando se desempeñaba como senador y que, al pedir licencia a la Cámara, en realidad optó por el cargo de gobernador, lo cual lo separaba en definitiva del Poder Legislativo federal.
Para que los aspectos jurídicos se compliquen todavía más, se debe tener en cuenta que la Constitución establece también que los cargos de elección popular son irrenunciables, por lo que Bonilla, en parte, tiene razón.
De hecho en la historia reciente de nuestro país, hay numerosos casos de senadores o diputados que regresan a sus respectivas cámaras después de desempeñar o de ser postulados para otros cargos, pero difícilmente en el caso de desempeñarse como mandatarios estatales. Esto porque los periodos de unos y otros no se ajustan para ir y volver.
El caso de Bonilla Valdez ha resultado excepcional porque sólo fue elegido para un periodo de dos años, que fue acortado por el Congreso de Baja California para hacer coincidir la renovación del ejecutivo estatal con las elecciones presidenciales.
Bonilla ya enfrentó una sentencia en contra de la Suprema Corte
Precisamente por el breve periodo que le correspondió al frente del estado fronterizo, Bonilla ya tuvo que pasar un largo peregrinaje de litigios y luchas legislativas, con el fallido intento de hacer que se ampliara su mandato.
Primero, maniobró para que los diputados salientes de su estado modificaran a la carrera la Constitución local para extender su periodo a cinco años, pero después de muchas maniobras, la Suprema Corte de Justicia intervino en el asunto y determinó que era inconstitucional la reforma al vapor que beneficiaba a Valdez.
El ahora ex gobernador no tuvo más remedio que entregar el poder a la ahora mandataria Marina del Pilar Ávila. Como alivio a su pena, trascendió que tenía la promesa de su amigo el presidente López Obrador de desempeñar un importante cargo en el gobierno federal.
Pasó el tiempo y el nombramiento no llegó, hasta que se difundió que el ex mandatario retornaba a su Cámara de origen, pero no como uno más, sino con posibilidad de relevar en la coordinación de la bancada de Morena al ahora presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, quien al parecer no goza de pleno respaldo del inquilino de Palacio Nacional, que lo ha marginado de su lista de “corcholatas” o precandidatos presidenciales dada a conocer por el propio jefe del Ejecutivo.
Por eso y por los antecedentes de otros legisladores que han ido y regresado —entre ellos la ex secretaria de Gobernación y ahora presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero— pareció “normal” el retorno de Bonilla, ocurrido el 22 de marzo reciente, previo comunicado a la directiva de la Cámara.
El “hijo pródigo” regresó con el beneplácito de los “duros” de Morena
El ex mandatario fue bien recibido por sus compañeros, en particular quienes no comulgan con Monreal, aunque no se materializó la suposición de que sería el nuevo coordinador.
Lo que pocos sabían es que ese “retorno” sería de poca duración, pues ayer se dio a conocer que la directiva del Senado había recibido oficialmente el comunicado de la Sala Regional del TEPJF que declara inválido el retorno del político y empresario al edificio legislativo de Reforma.
“Existe un impedimento legal para que el ciudadano regrese al cargo luego de desempeñarse como gobernador durante la licencia por tiempo indefinido que otorgó la Cámara de senadores, ya que al tomar protesta como mandatario estatal optó por dicho cargo de elección popular y agotó su derecho de elegir entre ambos quedando vacante la senaduría, de ahí que no es posible su reincorporación a esta última”, decidieron los integrantes de la Sala Regional de Guadalajara del TEPJF.
Al confirmar que había recibido la sentencia, la presidenta del Senado, Sánchez Cordero, informó en principio que daría cuenta de lo decidido por los magistrados electorales al pleno de la Comisión Permanente en su sesión del próximo miércoles, así como a sus órganos de gobierno “para los efectos correspondientes”.
Pero unas horas después, la misma presidenta del Senado anunció que su Cámara acata la resolución de los magistrados electorales y, por lo mismo, llamará a Gerardo Novelo Osuna, el suplente de Bonilla, quien había sido el damnificado por el fallido retorno del ex mandatario.
Tal vez, Bonilla ya anticipaba el desenlace, pues en su mensaje en redes sociales cuando conoció la decisión del Tribunal Electoral, escribió a sus paisanos:
“Tengan por seguro que seguiré trabajando siempre por defender este proyecto de nación desde cualquier trinchera en Tijuana y Baja California, y que mis valores y principios de lucha por los que menos tienen seguirán siendo mi mayor motivación”, concluyó en su carta.
Por cierto, Bonilla recibió una compensación de los mismos magistrados electorales.
En la misma sesión donde se decidió la invalidez de su retorno al Sena, el Pleno de la Sala Regional determinó dejar sin validez una sentencia relacionada con una denuncia en materia de violencia política contra las mujeres previamente dictaminada por el Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur, y determinó que elabore un nuevo fallo.
Lo que queda la duda es acerca de la reacción en el Congreso, pues ya se tiene el antecedente de un enfrentamiento reciente de los legisladores contra los magistrados electorales.
Ese desacuerdo fue en torno a la decisión de dejar fuera de la Comisión Permanente a las bancadas del PRD y MC. El Tribunal Electoral ordenó que se diera representación en ese órgano legislativo a todos los grupos parlam
La respuesta de los legisladores de Morena y sus aliados, a los que se sumaron el PRI y hasta el PRD a pesar de haber sido marginado, fue una reforma aprobada a todo vapor para evitar que el Tribunal Electoral se “entrometa” en asuntos que sólo corresponden al Legislativo.
La iniciativa la presentó el diputado Sergio Gutiérrez Luna. En ella se establece que el Poder Judicial no debe tener injerencia en asuntos internos del Legislativo y debe excluirse al Tribunal Electoral del análisis de actos parlamentarios como la integración, organización y funcionamiento de los órganos y comisiones legislativas.
“Se trata de un acto que corresponde exclusivamente al Poder Legislativo en ejercicio de su soberanía y autonomía, por tanto, estamos ante un acto que es inmune al escrutinio judicial para preservar el equilibrio entre los poderes”, señaló el diputado Hamlet García Almaguer, de Morena.
