¿Quedarán sin castigo delitos electorales cometidos en la Revocación de Mandato?
Miguel Ángel Rivera jueves 28, Abr 2022Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Parecía inútil, pero las leyes imponen seguir un proceso y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) cumplieron con su obligación y ayer, declararon inválido el proceso de consulta popular para la Revocación de Mandato.
Desde el lunes 11 de abril, cuando el Instituto Nacional Electoral (INE), confirmó que en esa votación participaron sólo 16.5 millones de ciudadanos, cantidad insuficiente para declarar válido un proceso que requería la participación del 40 por ciento de los ciudadanos registrados en la lista nominal de electores, es decir, 37 millones 129 mil 287 de personas, más del doble de los que presentaron ante las urnas.
Las leyes en la materia determinan que, en caso de que no se alcance este porcentaje, los resultados de la consulta de Revocación de Mandato no tendrán ninguna validez.
Por lo tanto, parecía redundante la ratificación por parte del TEPJF, pero como los promotores de esa (innecesaria) consulta se preocuparon por especificarlo en las normas, a los magistrados -que sí tratan de cumplir con la ley- no les quedó más remedio que sesionar para hacer la declaratoria de la “defunción” de la consulta de revocación, que no de ratificación.
Para darle una solemnidad que no se requería para un fallido supuesto ejercicio democático, a la sesión solemne acudieron el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar; el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova.
Hasta allí, todo bien aunque parezca excesivo.
Lo que no queda muy claro es si, al declararse inválido el proceso de consulta popular, también queden sin efecto ni consecuencias todas las acciones que se desarrollaron en su entorno, incluidas evidentes violaciones a la ley, como son la propaganda a cargo de representantes populares y funcionarios públicos que tienen prohibido.
De hecho, en la doble sesión que efectuaron los magistrados electorales, se recordó que durante el proceso de consulta popular se descubrieron varias conductas que posiblemente se puedan calificar de delitos.
Por ejemplo, el magistrado presidente del Tribunal, Reyes Rodríguez Mondragón, enlistó las lecciones que dejó este ejercicio:
1.- Emisión tardía de la Ley Federal de Revocación de Mandato. Esto porque el Congreso incurrió en una omisión legislativa al no atender la disposición constitucional. 2.- Modificaciones a los lineamientos del INE que tuvieron que adaptarse a la ley emitida tardíamente. 3.- Cuando la Cámara de Diputados emitió un decreto de interpretación sobre propaganda gubernamental, generó controversias y cuestionamientos sobre su constitucionalidad y 4.- Entre los desafíos, los ajustes presupuestarios al INE generaron disminución de casillas.
La magistrada Janine Otálora fue todavía más precisa, al calificar el proceso como “un acto fallido de democracia por responsabilidad de actores políticos” y dijo que se puede afirmar que el ejercicio que se dio el 10 de abril dista mucho de lo que establece la Constitución.
“La ley prohíbe la propaganda gubernamental, norma que no fue cumplida. La Corte determinó que la promoción es sólo del INE, lo que fue ignorado. Pensábamos que nuestra democracia estaba blindada, pero aparecen hoy malas prácticas del pasado”, señaló.
La magistrada apuntó que es necesario reivindicar el proceso de neutralidad, “el cual fue violentado por varios actores políticos y este hecho es grave. Tuvieron lugar actos de promoción del proceso desde la recolección de firmas”.
No obstante, señaló que estas malas prácticas no pueden ser sancionadas con la nulidad del proceso de Revocación de Mandato, “lo que no significa que no tenga consecuencias jurídicas”.
Aquí es donde quedan nuevas dudas en torno a este novedoso ejercicio de revocación (que no ratificación) que fue impulsado para agradar al Presidente en funciones, Andrés Manuel López Obrador y durante el cual los seguidores de la llamada Cuarta Transformación incurrieron en actos que, en situaciones normales, pueden ser consideradas como delitos.
Entonces, como la consulta fue declarada nula, vamos a un “borrón y cuenta nueva”?
TFJA resuelve que TV Azteca debe pagar 2 mil 447 mdp al SAT
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) resolvió que TV Azteca debe pagar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) 2 mil 447 millones 748 mil 540 pesos por concepto de impuesto sobre la renta (ISR), multas y recargos, derivado de ganancias por venta de acciones, dice una nota publicada por el diario La Jornada.
Al conocerse esta decisión, Grupo Salinas anunció que continuará ante instancias superiores el proceso legal respecto a la resolución.
El comunicado de la empresa es el siguiente:
Ante la resolución de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJA) por la ejecutoria dictada del amparo directo 145/2020 relacionado con el juicio contencioso 3970/18-17-11-5/77/19-S1-04-04 promovido por TV Azteca y que ha empezado a ser cubierto por algunos medios, aclarar que este es un proceso legal, desde hace más de una década, que continúa y en el cual seguiremos ejerciendo nuestro derecho a defendernos de lo que consideramos cobros erróneos y excesivos, mismos que parten de una estimación de base ilegal e injusta.
TV Azteca y Grupo Salinas, como cualquier empresa en México, contamos con pleno derecho a discrepar con las autoridades. Por lo tanto, en estricto apego a la ley, recurriremos a las múltiples instancias correspondientes que nuestro marco legal contempla para así dirimir nuestras diferencias con las autoridades fiscales.
Lo hemos dicho antes y hoy lo reiteramos: En Grupo Salinas estamos convencidos de que los instrumentos legales, tanto nacionales como internacionales, son parte fundamental de la democracia; hacer uso de ellos es una manera no solo de defender nuestras empresas y negocios, sino a nuestros colaboradores y nuestra convicción de pleno respeto al libre mercado y el Estado de Derecho.
Por el momento, archivada la cancelación de horario de verano
En marzo anterior, el presidente López Obrador reiteró su inconformidad con el llamado horario de verano, por el cual se cambia una hora el reloj, durante gran parte del año, en este 2022 a partir del pasado 3 de abril.
En una de sus conferencias mañaneras, el primer mandatario informó que se analizará a fondo el horario de verano con la intención de eliminarlo, pues en su opinión, cuando se puso en práctica no se consultó a los mexicanos, lo que generó malestar social.
“Se está haciendo una revisión y sí lo vamos a analizar a fondo y pronto ya vamos a tener una respuesta para explicarle bien a la gente, porque desde que estábamos nosotros en la oposición hay este malestar en la gente porque no se consultó”, dijo el mandatario federal.
El siempre solícito diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña lo tomó como una orden y promovió que su Cámara diera marcha atrás contra ese programa que se supone aplicado para evitar un gasto innecesario de electricidad.
Sin embargo, la aparente buena voluntad del legislador de la llamada Cuarta Transformación no estuvo acompañada con un trabajo efectivo para tener una iniciativa de reforma a las leyes en la materia y eso ha dado como resultado que la cancelación del horario de verano quedará para mejor ocasión. En este caso no se puede decir ni siquiera que la propuesta fue a la “congeladora”, pues no se registró una propuesta formal.
A un día de la clausura del periodo ordinario de sesiones, el coordinador de la bancada del PRI y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Rubén Moreira, confirmó que esa propuesta quedará pendiente, pues no existe dictamen sobre el que se pueda trabajar.
Declaró que para la bancada del PRI es preferible analizar este tema con mayor detenimiento.
En particular, dijo que es importante checar si llegaron las informaciones que solicitamos a la Secretaría de Economía, Energía, a la CFE, para tomar esa determinación.
Algunos en lo particular simpatizamos con el cambio de horario, pero tenemos que ser responsables con los tratados comerciales o con los efectos comerciales más bien, con los efectos turísticos, con todos los efectos de la movilidad de las personas, remató el legislador.
