Asalto a la democracia
Freddy Sánchez martes 26, Abr 2022Precios y desprecios
Freddy Sánchez
Qué sí y qué no…
Eso justamente hay que definir en cualquier intento por “meterle la mano” al INE con la finalidad de hacerle cambios o inclusive: querer usar “la picota” para su demolición pretendiendo crear algo diferente de lo que se tiene en la actualidad para desarrollar los procesos electorales en México.
Y es que las posturas aparentemente irreconciliables en el sentido de “no tocar” al Instituto Nacional Electoral o “arrancarlo de raíz” del escenario nacional para crear una institución conforme a lo que pudiera ser una propuesta de corte exclusivamente presidencial, obliga a reflexionar varias cosas. La primera y más importante: no existe institución perfecta; de ahí, la necesidad de revisar con cautela las normas legales, las estructuras operativas electorales y el desempeño humano en los quehaceres relacionados con el manejo democrático. Y en ese sentido, todo indica que “es falso de toda falsedad” que el INE sea una institución corrompida y descompuesta que no tiene remedio y hay que construir algo desde cero con nuevas herramientas burocráticas de carácter administrativo, legal y directivo en los asuntos que tienen que ver con el manejo de las elecciones en el país.
Porque, quiénes así lo manifiestan querido que desaparezca todo lo que no es de su agrado, lo más probable es que estén pensando en poner en marcha un plan de sustitución de cualquier parte humana y material que en los procesos electorales no sirva a sus fines de conseguir resultados electorales invariablemente a su conveniencia.
Y por esa sencilla razón, la pretensión de modificar el sistema electoral en México, por ningún motivo debe dejarse al arbitrio unilateral de ningún grupo político, social o económico.
Toda propuesta de cambios en materia constitucional para el futuro control de la democracia en el país, viniendo de una sola parte involucrada en cuestiones electorales, es imaginable que tenga vicios de origen y líneas con claros o soterrados propósitos de adoptar políticas, leyes y métodos de operación dudosamente imparciales.
Así que lo que deba de hacerse con el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación, amerita que los representantes populares en igualdad de circunstancias, considerando que Morena y sus aliados abanderan algo más de la mitad del electorado y el bloque opositor algo menos, que en la misma proporción influyan en decidir qué hace o no hacer en materia de cambios electorales.
Como es recomendable y conveniente en primer orden deberían concretarse acuerdos sobre aquello en lo que comparten criterios coincidentes y en lo que no es así definitivamente desechar cualquier afán de imponer su voluntad y buscar términos medios en las propuestas de renovación para el manejo de las elecciones.
Sobre este punto, bien podría darse el paso inicial descartando la desaparición del Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Federal Electoral, procediendo a formular las sugerencias de qué conservar y qué sustituir en aras de mejorar los procesos electorales.
Y por supuesto que el principal de todos los acuerdos a procurar, necesariamente, tendrá que ver con los consejeros y magistrados electorales y la forma de garantizar que se trate de personas honestas, imparciales, autónomas y debidamente capacitadas, sin que haya modo de que algún actor político importante o sus aliados en sectores sociales o económicos se lleguen a convertir en “dueños” de la voluntad de los nombrados, sean o no mediante elección popular. En ese tenor puede llegarse a la conclusión de que lo asequible será buscar el perfeccionamiento en el modo de operar del INE y el Trife, con leyes más estrictas que favorezcan dicha finalidad hasta convencer a todos los partícipes en asuntos electorales de que ningún grupo de poder podrá estar por encima de los demás, evitando así un asalto a la democracia.
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