Darán seguimiento a investigación contra Sheinbaum
Luis Muñoz viernes 22, Abr 2022Segunda vuelta
Luis Muñoz
El secretario de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Aníbal Cañez Morales, expresó su plena confianza al trabajo judicial de la Fiscalía General de la República (FGR) en torno a las carpetas de investigación en contra de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum; hasta el momento se ha logrado acreditar que sí violó la veda electoral durante el proceso de Revocación de Mandato.
Sostiene Cañez que si las autoridades judiciales actúan de forma imparcial, “encontrarán los elementos suficientes para imponer sanciones a la Jefa de Gobierno y otros funcionarios públicos por delitos electorales”.
Recordó que durante el tiempo destinado a la veda electoral que comprendió del viernes 4 de febrero hasta domingo 10 de abril, se debió suspender la difusión de toda la propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno, que incluye toda aquella información o posicionamientos que difundan los servidores públicos sobre obras o logros en los medios de comunicación, como internet, redes sociales y contenidos impresos, con excepción de la información relacionada con los servicios de salud, educativos y de protección civil en casos de emergencia.
No obstante, dijo el legislador, la misma jefa de Gobierno fue objeto de medidas cautelares impuestas por el Instituto Nacional Electoral, como consecuencia de denuncias hechas por la violación sistemática de las normas de veda electoral previstas en el artículo Séptimo de la Constitución federal y en la Ley Federal de Revocación de Mandato, obligando a eliminar publicaciones en sus redes sociales que hizo en su calidad de funcionaria pública en 5 ocasiones.
La primera medida cautelar dictada por el INE hacia la jefa de Gobierno fue el pasado 13 de febrero, la segunda, el 18 de febrero, la tercera se dio el 21 de marzo por sus expresiones en la conferencia de prensa “mañanera” emitida en la inauguración del AIFA, la cuarta y la quinta se impusieron por parte de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral el viernes 8 de abril.
Lo anterior, sin contar con la evidencia presentada por la convocatoria a una manifestación el día 6 de abril bajo el pretexto de defender la Reforma Eléctrica de AMLO, lo que se considera incluso violatorio de las normas electorales al hacer uso de vehículos, mobiliario y medios de comunicación oficiales en horario laboral para fines distintos.
Cabe recordar que el coordinador Christian Von Roehrich solicitó en su momento que la Contraloría de la CDMX emitir las observaciones correspondientes a funcionarios locales y alcaldes de Morena por no cumplir con sus horarios laborales el 6 de abril, fecha en la que acudieron a un mitin político de Sheinbaum y la 4T.
Von Roehrich exigió a la Contraloría que se descuente el día o se aplique la amonestación debida a los servidores públicos que estaban haciendo campaña en un día y horario laboral, sin que hasta el momento el contralor se haya pronunciado al respecto.
Justicia, piden ferrocarrileros
El martes de esta semana diversas organizaciones de ex trabajadores y jubilados ferrocarrileros del país solicitaron la intervención del presidente con el fin de propiciar el resarcimiento del daño que causó la privatización de Ferrocarriles Nacionales de México (FNM) a miles de trabajadores y sus familias.
En un comunicado, la Gran Comisión Nacional Ferrocarrilera y el Frente Ferrocarrilero de Reconstrucción Sindical (Ferro), expusieron lo anterior, y solicitaron que, además, se aplique la justicia social que promete este gobierno de la 4T, así como revisar con transparencia los actos de corrupción generados al interior del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrilero y de los cuales las autoridades federales ya tienen amplio conocimiento sin que se atrevan a proceder hasta el momento conforme sus atribuciones.
En reunión con funcionarios de Gobernación, así como de Seguimiento Institucional, los dirigentes de los organismos que agrupan a trabajadores y ex trabajadores ferrocarrileros, denunciaron las irregularidades en el Sindicato. Eduardo Canales, presidente de Ferro, dijo que urge el resarcimiento del daño causado a todos los ex trabajadores “ante los actos de inmoralidad y corrupción cometidos por el líder ferrocarrilero a partir de la privatización de este sector”.
Canales explicó que se hizo un planteamiento en la dependencia para acabar con los problemas generados por Víctor Flores y exigieron la intervención del mandatario del país, por lo que las pláticas con Gobernación continuarán en caso de ser necesario hasta lograr los objetivos buscados por los liquidados, no liquidados y jubilados de la extinta Ferrocarriles Nacionales de México.
Omar Enrique Flores, ex trabajador ferrocarrilero del estado de Sonora, y miembro de Ferro, despedido como resultado de la privatización, dijo que se abrió la posibilidad de una negociación que permita hacer justicia a los miles de ex trabajadores que no recibieron su jubilación en tiempo y forma, y que cuyos derechos han sido violentados durante muchos años.
