Nuevas críticas de AMLO contra los ministros de la Suprema Corte
Miguel Ángel Rivera jueves 7, Abr 2022Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Dice un conocido dicho popular que nunca hay que pelearse con la cocinera.
Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador que muchas veces y, con frecuencia lo ha confirmado, ha dicho que “no es igual”, ahora la arremetió contra los ministros de la Suprema Corte de Justicia, a los que presuntamente debería halagar y agasajar, pues ellos tienen que dictaminar muchos asuntos de interés fundamental para la llamada Cuarta Transformación que han sido impugnados por la oposición o por organismos de la sociedad civil.
Entre esa relación de asuntos pendientes está, de manera destacada, la iniciativa de reformas a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la cual fue aprobada por la amplia mayoría oficialista de legisladores -incluidos los de Morena y sus satélites del PT y PVEM- pero que ha sido impugnada por el bloque opositor y, sobre todo, por las empresas afectadas.
Ese tema terminará de revisarse hoy por los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que seguramente no estarán de muy buen humor por los epítetos que les endilgó el primer mandatario. De hecho, al iniciarse la revisión de los amparos que tienen detenida la aplicación de la reforma a la LIE, ya llevaba desventaja la iniciativa presidencial, pues dos de los ministros ya se habían manifestado por la inconstitucionalidad de algunos de los cambios aprobados por los legisladores oficialistas y en contra de la ponencia de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, quien conforme a sus convicciones expresadas, como diputada, en contra de la reforma energética de 2013, propuso declarar constitucionales los cambios propuestos por el Ejecutivo.
En resumen, la votación va 1-2 en contra de los deseos presidenciales.
La culpa es de los ministros, que trabajan para empresas extranjeras
El presiden te López Obrador, que un día antes ya se había lanzado contra los ministros del máximo tribunal por haber declarado inconstitucional su reforma a la Ley de la Administración Pública que impide a ex funcionarios públicos de alto nivel contratarse con empresas privadas antes de diez años de haber dejado sus cargos, volvió a lanzarse ayer contra esos jueces de alto nivel.
Debido a la “toda la información estratégica del país” con la que cuenta un Presidente, debería ser ilegal que éste trabaje al término de su sexenio en empresas privadas, afirmó Andrés Manuel López Obrador para referirse a los casos de los ex mandatarios Felipe Calderón y Ernesto Zedillo.
A esos comentarios, ayer agregó nuevas críticas por el tema de la reforma eléctrica, por no ir al fondo del proyecto, además de calificar a la mayoría de ministros de la Suprema Corte de Justicia como “abogados patronales “y no representan al pueblo, sino a las empresas”.
El jefe del Ejecutivo censuró a los miembros del máximo tribunal del país por no considerar las supuestas motivaciones detrás de la reforma energética aprobada durante el sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto.
“¿Qué no saben los ministros, porque son seres de otro mundo, de que esa reforma se aprobó con sobornos y que hay un juicio en contra del director de Pemex?”
Por ello, advirtió, el debate demostrará si las y los ministros están a favor del interés público o de las empresas.
“Puede más el poder de las empresas y que no me vengan a mí que la ley es la ley. No me vengan con ese cuento, de que la ley es la ley. No, lo que se va a demostrar es si son abogados que defienden el interés público o son abogados patronales”.
Además, el presidente López Obrador aumentó sus censuras del día anterior a los ministros de la Suprema Corte por haber invalidado la prohibición de diez años para que ex servidores públicos puedan trabajar en la iniciativa privada.
“Esto que hicieron pues es avalar la conducta de Zedillo de que privatizó Ferrocarriles Nacionales y se fue a trabajar a la empresa a la que le entregaron los ferrocarriles o lo de Felipe Calderón, que fue secretario de Energía, presidente de México y termina su mandato y se va a trabajar a Iberdrola”.
Encarrerado en sus críticas, el Presidente se lanzó contra los Estados Unidos, a los que acusó de “hacer lobbying” contra la ley eléctrica e incluso denunció que funcionarios de ese país tienen reuniones con opositores para el mismo fin.
“Es muy claro que hay intereses de las empresas y que están metidos haciendo, ¿como le llaman? lobbying; en la Cámara de Diputados, de Senadores y en el Poder Judicial, las empresas extranjeras y gobiernos extranjeros, por eso es importante dar seguimiento a estos asuntos porque no son nada más de orden jurídico”,
El jefe del Ejecutivo se interrogó: “¿Qué gobiernos están haciendo este cabildeo?” y se respondió: básicamente Estados Unidos.
“Me consta que han venido a eso: A plantearnos que no están de acuerdo, incluso a insinuar que se viola el tratado (de libre comercio) cuando, no es cierto y hay reuniones de los opositores con funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Nosotros respetamos a todos, nada más que actuamos con independencia y soberanía”, dijo el primer mandatario, quien, según confesión propia, no se atrevió decir “no” al enviado de del gobierno estadunidense, John Kerry, a quien acompañó el embajador Ken Salazar, quien también ha expresado protestas contra la reforma eléctrica.
También, el presidente López Obrador pidió al Poder Judicial investigar al juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien frenó de manera temporal la entrada en vigor de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, que tiene como uno de sus objetivos principales fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Según el mandatario, detrás de la promoción del recurso de amparo contra la reforma eléctrica hay un buró de abogados que defienden a compañías como Iberdrola y personajes como el ex presidente Felipe Calderón y el ministro en retiro José Ramón Cossío, quienes se acostumbraron al influyentismo y la corrupción y, ahora, buscan frenar las modificaciones que impulsa su gobierno.
López Obrador solicitó que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), determine si al juez “le correspondía o no aplicar de manera oficiosa la suspensión a quienes no lo solicitaron y si es de su competencia o no resolver sobre este caso”.
La exigencia presidencial se formalizó en una carta dirigida al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en la que López Obrador hizo manifiesta su desconfianza respecto a la suspensión provisional concedida en favor de quienes no promovieron el juicio de amparo.
“De manera respetuosa y en observancia al principio de separación de poderes, le solicito que el consejo que usted preside determine e informe si a la autoridad judicial mencionada le correspondía o no aplicar de manera oficiosa la suspensión a quienes no lo solicitaron y si es de su competencia o no resolver sobre este caso”, escribió López Obrador en su carta con fecha del 15 de marzo de este año.
¿De qué sirve una ley si no la aplican?
Con gran revuelo se anunció que el Congreso de la Unión aprobó una iniciativa para castigar hasta con siete años de prisión a quienes bloquean autopistas y se apoderan de casetas de pago. La ley se publicó en El Diario Oficial de la Federación el 22 de febrero.
La reforma al artículo 533 Ley de Vías Gen ministros de la Suprema Corte de justicia de la Nación (SCJN), al calificar a la mayoría erales de Comunicación, establece que las sanciones van de 3 meses a 7 años de prisión, con multas de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, es decir de 9 mil 622 a 48 mil 110 pesos.
La sanción también aplicará para quienes interrumpan la construcción de dichas vías, que interrumpan total o parcialmente, o deterioren los demás servicios que operen en las vías generales de comunicación.
Pero, si la ley no se aplica, no sirve para nada.
Apenas el pasado día cinco se registró un terrible bloqueo en el Periférico norte que afectó una gran área de la zona metropolitana de la Ciudad de México y, ayer, para no variar, se registró un nuevo corte a la circulación en Chilpancingo, sobre la autopista que va a Acapulco.
Ninguna sanción, los que bloquearon el Periférico recibieron la promesa de que se castigará a los culpables de un homicidio por el cual protestaron y en Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado ofreció recibir a los inconformes.
¿Detenidos o consignados?
Ninguno.
