¿Heroica o mártir?
¬ Augusto Corro martes 24, May 2011Punto por Punto
Augusto Corro
- Vaya insensibilidad política
- ¿Y las muertas de Juárez?
- Oaxaca, paro magisterial
Pues sí, a Ciudad Juárez, Chihuahua, le cambiaron el nombre y a partir de ya se le conocerá como Heroica Ciudad Juárez. Así lo votó y aprobó el Congreso estatal para celebrar el centenario del papel que dicha ciudad tuvo en la caída del dictador Porfirio Díaz y la revolución posterior.
A partir del último sábado, se iniciaron tres semanas de festejos por el hecho histórico y por la rebautizada para llamar heroica a una ciudad que bien le caería el adjetivo de mártir: Ciudad Juárez Mártir.
¿Por qué el nuevo nombre de heroica, cuando realmente es mártir? ¿A quién se debe responsabilizar de esa insensibilidad política? ¿De qué se trata? ¿Se busca hacer escarnio y burla de una ciudad dañada por la narcobarbarie? ¿Nadie se da cuenta que la sociedad juarense vive aterrada? ¿No saben los gobiernos de los tres niveles que más de 9 mil personas han sido asesinadas desde 2008, en medio de una guerra de los cárteles de la droga que ni la presencia de miles de soldados y policías federales ha logrado aplacar?
Queda demostrada una vez más la demagogia de las autoridades que pretenden erradicar los problemas sociales por decreto. A alguien se le ocurrió la estrategia de cambiar el nombre de aquella ciudad con la idea de que el terror pase a segundo término.
La realidad nos dice que son miles de viudas, huérfanos, desaparecidos y gente que abandonó su terruño que no quieren actos políticos y desfiles militares que buscan desviar la atención de lo que ocurre en esa ciudad mártir. Justicia es lo que anhelan las víctimas de la guerra contra la narcodelincuencia.
¿Quién se encarga de investigar los miles de asesinatos de mujeres registrados durante los últimos años? ¿Las autoridades ya se olvidaron de esas tragedias en la que la mayoría de las muertas eran gente de escasos recursos económicos?
El problema de la corrupción y la impunidad relacionado con los crímenes de Juárez fue denunciado internacionalmente, pero ni así se logró conseguir un ápice de justicia para las infortunadas mujeres a manos de locos, sicarios, asesinos seriales o vaya usted a saber qué. Los expedientes judiciales de miles de casos esperan para ser desempolvados. Ahí seguirán.
Debido al incremento de la violencia en esa ciudad, el tejido social se hizo añicos y aparecieron las masacres contra los jóvenes, en fiestas privadas o en centros de rehabilitación. A esto hay que agregar los asesinatos por todos lados y a cualquier hora. ¿Con qué propósito se cambió el nombre de Ciudad Juárez en una época de verdadera convulsión social?
En medio de la tragedia de los juarenses las autoridades intentan ofrecer circo barato para proyectar una imagen de paz que no existe en la multicitada ciudad, a la que arribará el próximo diez de junio la Marcha por la Paz y la Dignidad, encabezada por el poeta Javier Sicilia.
OAXACA
El nuevo gobernador, Gabino Cué (ya con varios meses en el poder) debe ponerse las pilas, porque los problemas en Oaxaca amenazan con desbordarse. Su cacareado gobierno aliancista no encuentra la manera de destrabar el sinnúmero de conflictos que se centran en las demandas permanentes de los maestros de la Sección 22; en la falta de impartición de justicia en el campo; en la anarquía que priva en los municipios, donde funcionan los usos y costumbres y en la nula atención a los reclamos de las etnias, principalmente la triqui.
Estos problemas vienen de la época en que URO desgobernó Oaxaca, quien el mejor estilo represor controló las manifestaciones de repudio a su gobierno, con acciones que provocaron muertes, desapariciones e injusticias.
Hoy, los oaxaqueños exigen justicia y demandan que URO rinda cuentas.
Y Gabino Cué tiene la oportunidad de empezar a hacer justicia. Resulta que Rufino Juárez Hernández, líder de la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) fue detenido por la policía y llevado ante las autoridades.
Juárez Hernández es acusado de al menos dos homicidios en San Juan Copala, Oaxaca. Amnistía Internacional de Derechos Humanos (AI) considera como un paso significativo en las investigaciones sobre varios asesinatos en la región triqui. Confía en que con esta acción de la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca comience el desmantelamiento de grupos armados ilegales en la región. Espera, también, que la acción judicial inicie el camino que lleve a esclarecer los asesinatos de los defensores de derechos humanos: Albert Bety Cariño y Jyri Antero Jaakkoa, ocurridos el 27 de abril del año pasado. Dichas indagatorias deben llegar a fondo para conocer los presuntos lazos entre autoridades municipales y estatales con grupos armados ilegales como la Ubisort.
Como informamos, la etnia triqui fue diezmada por enemigos políticos que rechazaron que el pueblo de San Juan Copala se convirtiera en municipio autónomo. A raíz de este cambio, los indígenas fueron agredidos permanentemente por el grupo paramilitar Ubisort, apoyado por el gobierno estatal de aquella época, según se dijo.
Por otra parte, el conflicto magisterial crece incontenible. Los maestros demandan incrementos salariales y otras exigencias que el gobierno no quiere o no puede cumplirlas. Por lo tanto, continuarán su paro indefinido que dejará sin clases a un millón 300 mil alumnos.
Para que termine el problema, los mentores exigen a las autoridades estatales, lo siguiente:
La presentación con vida del profesor Carlos René Román Salazar, desaparecido desde el 14 de marzo pasado, y demás luchadores sociales de cuya suerte nada se sabe.
Castigo al ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz y demás responsables de las agresiones al pueblo de Oaxaca durante la represión del 2006.
La salida de Irma Piñeiro Arias de la Secretaría General de Gobierno; Bernardo Vázquez Colmenares Guzmán como director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y Marco Tulio López Escamilla de la Secretaría de Seguridad Pública.
La anulación de la Alianza por la Calidad Educativa, la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), las reformas estructurales y la reforma laboral.