Organismos operadores de agua, en “quiebra técnica y financiera”
Luis Muñoz viernes 1, Abr 2022Segunda vuelta
Luis Muñoz
Lamentable situación la que vive el país en materia hídrica. El presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, diputado Rubén Gregorio Muñoz, reveló que el 99% de los organismos operadores de agua “están en quiebra técnica y financiera”.
¿Esto qué significa?
Estar en situación de quiebra técnica es estar en situación de insolvencia, que ya no se puede hacer frente a las deudas y en consecuencia…el problema del agua se agudiza aún más.
Según explicó el legislador federal, sólo 20 organismos operadores, de los dos mil 345 que hay el país, trabajan en números negros, por lo que es fundamental discutir abiertamente con los alcaldes y gobernadores en torno a qué hacer para que estos organismos sean eficientes, así como establecer las sanciones y estímulos necesarios.
Al explicar el programa anual de trabajo 2021-2022 de la Comisión, el cual fue aprobado por unanimidad, apuntó que ante este panorama la instancia legislativa tiene como objetivo hacer que el agua sea considerada un elemento de justicia distributiva nacional.
El planteamiento, dijo, es crear una campaña nacional educativa sobre la sustentabilidad hídrica y sensibilizar al sector agropecuario de la necesidad de iniciar una reconversión agrícola y aprender a producir más consumiendo menos líquido.
Subrayó que también tienen como propósito generar una agenda temática del agua que permita un nuevo marco regulatorio que reglamente el artículo 4° constitucional.
Para ello se ha creado un eje de actividades que promueve la participación de especialistas para saber “qué le duele” al país en materia de agua y en dónde se tiene que invertir en el sector de la infraestructura.
Propuso, además, un plan de trabajo activo para que surja un documento de política pública nacional y donde exista un estudio financiero actuarial del por qué tenemos que llegar al uno por ciento de inversión en recursos hidráulicos.
El diputado de Morena, Casimiro Zamora Valdez, mencionó que es necesario generar un programa de desalinización del agua, a fin de que las entidades que estén cerca del mar se vean beneficiadas.
Mario Mata Carrasco, diputado del PAN, coincidió en que no se puede dejar pasar el tiempo para aprobar la Ley General de Aguas y quitar la incertidumbre del sector agropecuario en torno a que esta legislación los dejará sin el líquido vital.
El también diputado panista, Noé Mata Atilano, señaló que el 70% del agua que se extrae es utilizada para las actividades agropecuarias y planteó que se incluya a este plan de trabajo anual la búsqueda de estrategias que permitan la reutilización del líquido para este sector, mediante la tecnificación y reconversión productiva e impulsar que se destine presupuesto para el desazolve de presas.
A su vez, el legislador Francisco Javier Borrego Adame (Morena) solicitó que el plan de trabajo incluya la revisión de la recaudación de los estados y municipios en materia hídrica e involucrar a la Conagua para que pueda manejar un recurso extra que resuelva los problemas de primera necesidad en el sector.
Exigen protección del Estado
Más de 2 millones de personas en la CDMX con algún tipo de discapacidad, exige atención con la máxima protección del Estado, ya que con esta omisión autoridades responsables incurren en responsabilidad administrativa ante la obligatoriedad de garantizar la accesibilidad en beneficio de todas las personas.
La diputada del PAN en el Congreso capitalino, Gaby Salido, dijo que la falta de reglamento muestra a un Gobierno indolente ante las necesidades y precariedades que existen en el espacio público y se atenta contra el derecho a una ciudad habitable.
Por tanto, urgió a la Jefatura de Gobierno emitir el Reglamento de la Ley de Accesibilidad publicada en enero de 2017, ante una clara omisión que implica responsabilidad administrativa para las autoridades en la materia.
Planteó que el tema de la progresividad de derechos “no debe ser tomado como una moda o algo pasajero, sino como una obligación que tenemos todas las autoridades; y esto, implica asumir los compromisos y responsabilidades en el ejercicio de nuestro encargo.”
“Razón por la cual hoy se realiza un atento exhorto a las autoridades responsables para que en el mismo término establecido originalmente de 120 días, emitan el Reglamento que ha tardado más de 5 años en ver la luz por falta de voluntad o responsabilidad en el encargo.”
“Estamos ante una situación lamentable y vergonzosa, pues sólo vemos en el discurso y en el papel el compromiso hacia estos sectores de la población sin que se dé realmente y en la práctica se vea reflejado un beneficio para ellos, cometiendo, en consecuencia actos de discriminación.”
