INE: famosos que se oponen al Tren Maya no violan ninguna ley
Miguel Ángel Rivera viernes 1, Abr 2022Clase Política
Miguel Ángel Rivera
En su afán de quedar bien con el presidente Andrés Manuel López Obrador, los legisladores del ala dura de Morena y sus rémoras, se esmeraron por crear al vapor una norma —conocida popularmente como el “decretazo”— que aparentemente los libra de las leyes creadas por ellos mismos que prohíben la propaganda oficial durante un proceso electoral.
Los legisladores oficialistas alegaron que ninguna ley les debe impedir ejercer su libertad de expresión, que en este caso les permite hacer propaganda a favor del gobierno del presidente López Obrador, en un intento de allegarle más votos en la ya muy cercana consulta popular para la Revocación (que no ratificación) de Mandato.
Pero, esa libertad que se auto-garantizaron senadores y diputados, se la pretenden negar a otros ciudadanos, particularmente a los que critican las obras y acciones de la llamada Cuarta Transformación. Los que están a favor pueden ejercer sin ninguna limitación su libertad de expresión.
Ese afán de silenciar cualquier manifestación de inconformidad quedó de manifiesto con la demanda interpuesta por el diputado de Morena Alejandro Carvajal Hidalgo ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para que silencie lo que llamó una “campaña negra” contra el jefe del Ejecutivo
El pecado o el delito que cometieron esos ciudadanos a los que pretende acallar el legislador “moreno” por Puebla, consiste en haber protestado por los daños ambientales provocados por las obras del Tren Maya y para el mencionado legislador lo más grave es que esas manifestaciones de inconformidad se produjeron a unos días de la votación para la Revocación (que no ratificación) de Mandato.
La demanda del diputado poblano es en contra de los actores Eugenio Derbez, Natalia Lafourcade, Kate del Castillo, Rubén Albarrán, el medio digital Latinus y demás personajes que han promocionado la iniciativa #SélvameDelTren, la cual va en contra de la construcción del Tramo 5 del Tren Maya, que va de Tulum a Cancún. Esos inconformes ya fueron debidamente maltratados desde la tribuna de Palacio Nacional directamente por el presidente López Obrador.
Es tal la desesperación de los diputados que se sumaron a Carvajal Hidalgo por significarse como defensores de la llamada Cuarta Transformación que recurrieron a una de las instituciones satanizadas por el primer mandatario, quien ha amenazado con desaparecer al INE o, por lo menos, cambiar a los consejeros electorales que no se han sometido a sus designios.
Esa protesta ante el INE fue respaldada por otros legisladores, como la vicecoordinadora de Morena, Aleida Alavés, y Adriana Bustamante. En conferencia de prensa confirmaron haber presentado la denuncia contra la campaña anti Tren Maya, a la cual calificaron de difamatoria, promovida por artistas que, dijeron, pretenden incidir directamente en el proceso de revocación (que no ratificación) de mandato.
Carvajal Hidalgo sostuvo que la difusión de esos mensajes violenta la Constitución.
“La legislación aplicable al procedimiento de revocación es clara: Desde el 4 de febrero y hasta el 10 de abril nos encontramos en un periodo de veda electoral, por lo que ninguna persona física o moral podrá contratar propaganda en medios de comunicación para influir en la opinión de las y los ciudadanos, así como que el INE debe ordenar de manera inmediata la cancelación de cualquier propaganda e iniciar el proceso correspondiente”, argumentó el diputado.
Famosos que se oponen al Tren Maya no violan ninguna ley
Por supuesto, no hizo ninguna referencia al “decretazo” que aprobaron a favor los legisladores oficialistas, supuestamente en defensa de su libertad de expresión y que, por lo visto, no es aplicable al común de los mortales, sino sólo a los funcionarios y “representantes populares” afines a la llamada Cuarta Transformación.
Tal vez al recordar que el INE no goza de las simpatías de “ya sabes quién”, Carvajal Hidalgo se quejó también del propio órgano electoral al señalar que de “manera sospechosa” no ha hecho ningún pronunciamiento al respecto, a pesar de tener la facultad de eliminar la propaganda que influya en el procedimiento de Revocación de Mandato.
Con lo que no contaban ese diputado “moreno” y otros que lo secundaron fue que los consejeros electorales intervinieran de inmediato y mucho menos que su respuesta resultara negativa.
En efecto, ayer mismo se dio a conocer que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral desechó la queja de los diputados de Morena en contra de Eugenio Derbez, Natalia Lafourcade, Kate del Castillo y demás participantes en la campaña contra la construcción del Tren Maya.
Los consejeros electorales desestimaron la demanda por no tener sustento, pues los acusados no son actores políticos ni han emitido llamados al voto a favor o en contra.
Para más cólera de los legisladores oficialistas, el rechazo a su protesta lo confirmó uno de los consejeros más censurados por el jefe del Ejecutivo, Ciro Murayam, quien escribió en su cuenta de Twitter: “¿Se imaginan al INE censurando a Damián Alcázar por apoyar al gobierno? Obvio no. Es su derecho. Así de estrambótico sería que el INE censurara a los actores que se oponen al Tren Maya. La queja fue desechada porque los actores no violan ninguna norma electoral”.
Senadores piden que la ministra Loretta Ortiz se
margine de la revisión de la Ley de la Industria Eléctrica
Desde que fue propuesta por el presidente López Obrador para ser investida como ministra de la Suprema Corte de Justicia, la abogada Loretta Ortiz Ahlf fue impugnada por su militancia en Morena, lo que generaba el temor de que sus sentencias pudieran resultar sesgadas.
Fue elegida diputada federal en 2012, postulada por el Partido del Trabajo (PT), pero luego se pasó al recién creado Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que obtuvo su registro oficial en 2014, y del cual una de las figuras sobresalientes es su esposo, el también abogado José Agustín Ortiz Pinchetti, quien había sido secretario general de Gobierno, al lado del ahora Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Al triunfo de Morena en las elecciones de 2018, el candidato vencedor, la nombró coordinadora de uno foros para la pacificación, posición desde la que cometió el desliz de anunciar la participación del papa Francisco, quien no apareció.
Con todo, su amigo el primer mandatario, la incluyó en la primera terna que propuso al Senado para elegir a un ministro de la Suprema Corte, el 6 de diciembre de 2018, por lo cual se apresuró a anunciar su renuncia a Morena, pero no fue suficiente, pues esa decisión se conoció el 17 del mismo mes.
A final de cuentas, los senadores optaron por el jurista Juan Luis González Alcántara Carrancá.
No obstante, el primer mandatario insistió en promoverla y la volvió a incluir en la terna para sustituir al ministro Fernando Franco González Salas. Eso ocurrió a finales de 2021 y Ortiz Ahlf inició como integrante de la Suprema Corte, en diciembre de ese año.
Todos estos antecedentes se han tomado en cuenta por un grupo de senadores de oposición que presentaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación un escrito para que la ministra Loretta Ortiz Ahlf se excuse de conocer y de votar la acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) que se discutirá en los próximos días.
Los legisladores estiman que existe un evidente conflicto de interés, luego de que participó en la emisión general de esta norma impugnada y también tomaron en cuenta que, durante su actuación como diputada votó en contra de la reforma energética promovida por el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto, la cual incluye aspectos que trata de enmendar la LIE, iniciativa del gobierno del presidente López Obrador, aprobada por la mayoría que integran los legisladores de Morena y sus socios.
El asunto se complica porque sus compañeros ministros de la Corte eligieron a Ortiz Ahlf para elaborar la ponencia para determinar si la LIE propuesta por la llamada Cuarta Transformación es o no constitucional.
Los senadores de oposición son los que solicitaron a la Suprema Corte dictaminar sobre la constitucionalidad de esa ley, a la que se han opuesto desde el inicio y por ello demandaron que el dictamen respectivo se dé en un marco de independencia, imparcialidad y objetividad del máximo tribunal del país.
