Penas más severas para frenar la criminal acción de talabosques
Luis Muñoz viernes 18, Mar 2022Segunda vuelta
Luis Muñoz
Aumentar las sanciones de 10 a 15 años de prisión para quienes talen, derriben o destruyan árboles sin la autorización correspondiente en la Ciudad de México, es lo que propone el diputado local del PAN, Gonzalo Espina Miranda, en una iniciativa de ley presentada ante el Congreso.
Pero el problema no se reduce a la Ciudad de México. Se da en todo el país.
¿Qué lo propicia?
Entre otras cosas la corrupción, la escasa vigilancia, la impunidad y la presencia del crimen organizado, que han provocado que México pierda cada año una superficie boscosa equivalente a casi 380 bosques de Chapultepec.
Así de grave es la situación a causa de los talamontes y la deforestación ocasionada a lo largo del territorio nacional, afirman autoridades y organizaciones ambientales.
Dice el legislador Espina que con su iniciativa “se manda un mensaje de cero tolerancia, de cero impunidad en contra de los talamontes en capital”.
Sin embargo, nada los ha intimidado, hasta ahora. Por eso el país ha ido perdiendo su cobertura forestal a un ritmo de 260,000 hectáreas por año, debido a la tala clandestina, al cambio de uso de suelo informal y al comercio ilegal de materias primas y productos forestales”, señala la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en el Programa Nacional Forestal 2020-2024, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre del 2020.
Carolina Ruiz, citando declaraciones del director ejecutivo de Greenpeace México, en mayo de 2021, advertía: “Lo que hemos visto es que la capacidad del Estado para vigilar es mínima, porque no se destinan fondos suficientes y la infraestructura para vigilar y hacer cumplir las reglas es casi inexistente”. Las entidades más afectadas por la tala clandestina son: Chihuahua, Sonora y Durango (el Triángulo Dorado); la Ciudad de México, el Estado de México (El Gran Bosque de Agua) y Morelos, Jalisco, Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Veracruz, Puebla, Guerrero, Sinaloa y Querétaro.
El diputado Gonzalo Espina recuerda que en estos meses con la llegada de la primavera comienzan los incendios forestales y, por lo tanto, este Congreso (CDMX) tiene la obligación de legislar a favor de una ciudad más sustentable, que cuide a su medio ambiente y que corrija aquellos incentivos perversos que tienen los delincuentes para violar la ley sin que les pase nada”.
De acuerdo con el sitio de periodismo ambiental independiente, Mongabay, la tala ilegal representa -por lo menos- la mitad de la madera que se comercializa en el país. En su investigación explican que la tala ilegal ya es parte del negocio de los grupos que controlan el tráfico de drogas.
“En el centro, sur y norte de México, además de los grupos de la delincuencia organizada, otros actores -incluso, comunidades completas- han visto en la tala un negocio fácil”.
En el caso de la CDMX, Espina explicó que según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, el 33% del territorio de la capital del país está compuesto por bosques templados, zonas repletas de pinos, encinos y oyameles, lo cual hace “muy tentador” a los grupos de la delincuencia organizada para poder traficar con estos recursos naturales, muchas veces al amparo de la autoridad.
Organizaciones internacionales especializadas en cambio climático han denunciado que la Ciudad de México en un lapso de casi 20 años, ha perdido 26 hectáreas de bosque primario. Tlalpan es la alcaldía más afectada con unas 50 hectáreas, seguida de Milpa Alta con 44 hectáreas.
Las zonas más boscosas de la Ciudad son: Tlalpan, Milpa Alta, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Xochimilco, en conjunto estas alcaldías tienen el 59% de los recursos forestales de la capital. Actualmente, la sanción para quienes cometen este ilícito es de tres meses a cinco años de prisión, con lo cual se ven beneficiados con una suspensión provisional del proceso y ser absuelto, es decir, prácticamente no pasa nada. La ley da incentivos para delinquir, apunta el diputado.
La sanción aquí propuesta, dice el legislador, es mayor a la de la legislación federal; por ende, es una iniciativa enérgica que espera encontrar eco en el resto de las y los legisladores.
Cabe destacar que entre las dependencias que tienen la obligación de llevar a cabo dicho programa, de manera coordinada, están: la Profepa, la Semarnat, la Conafor, la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dio a conocer en abril del año pasado, que reforzaría con miembros de la Guardia Nacional y de la policía capitalina la vigilancia de los bosques de Tlalpan y Milpa Alta, con el fin de evitar la tala clandestina, apoyándose de los propios habitantes de estas comunidades. ¿Y qué ha pasado desde entonces? ¡Nada!
Los talamontes siguen actuando a sus anchas en la ciudad y en todo el territorio nacional.
