Analizan diputados el Programa Escuelas de Tiempo Completo
Luis Muñoz jueves 17, Mar 2022Segunda vuelta
Luis Muñoz
Diputadas y diputados de diversos grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados reconocen ahora la importancia del programa de Escuelas de Tiempo Completo (ETC), eliminado por el gobierno federal hace unas semanas.
Fue a través del Diario Oficial de la Federación que la Secretaría de Educación Pública dio a conocer la medida y anunció las nuevas reglas de operación de La Escuela es Nuestra para el ejercicio 2022.
Con la cancelación de las ETC no se tomó en cuenta que afectaría a millones de estudiantes, como lo denunció la organización Mexicanos Primero, pues eso acabaría con el apoyo en alimentación y educación de 3.6 millones de niños y adolescentes.
Ahora, la Comisión de Educación en San Lázaro, que preside la diputada Flora Tania Cruz Santos (de Morena), instaló la Mesa de Trabajo para Revisar el Programa de Escuelas de Tiempo Completo, e hizo un llamado a no politizar este espacio.
Expresó que la idea es trabajar en equipo y que los coordinadores parlamentarios serán recibidos en la Mesa de Trabajo, donde estarán especialistas, autoridades y actores responsables de la toma de decisiones.
Informó que la Comisión ha establecido comunicación con autoridades educativas para intercambiar puntos de vista que ayuden a encontrar mecanismos para dar viabilidad a los beneficios de las escuelas de tiempo completo.
Agregó que una vez aprobado el calendario, iniciará conversaciones con diversos actores relacionados con este programa para hacer un análisis exhaustivo y que las autoridades responsables encuentren los mecanismos para darle continuidad a los componentes y objetivos del programa.
Reiteró la importancia de que los resolutivos sean vinculantes para la toma de decisiones e informó que la coordinación que preside comunicará por escrito a la Mesa Directiva de la Cámara Baja sobre la instalación de la Mesa de Trabajo.
Por su parte, la diputada Olga Luz Espinosa Morales (del PRD) dijo que lo más importante es saber los motivos para la cancelación y desaparición, conocer las evaluaciones del Coneval y si la Auditoría Superior de la Federación tiene observaciones al mismo; a dónde se destinará el recurso después, y cuáles son los mecanismos para el restablecimiento de sus acciones.
Sobre el tema de las entidades que quieren mantener el Programa, expresó que se debe buscar el mecanismo presupuestal y financiero con el que absorberían el Programa.
El diputado Arturo Bonifacio De la Garza Garza, de Movimiento Ciudadano, consideró que la instalación de esta mesa es una buena noticia “pues la desaparición de las escuelas de tiempo completo es un asunto grave que violenta los derechos de más de 3.6 millones de niñas y niños, muchos de ellos en situaciones de gran marginalidad”.
Para la diputada del PAN, Esther Mandujano Tinajero, con la cancelación del Programa se pierde una garantía para la mujer cabeza de familia, para quien, con lo que gana, no es suficiente para contratar a alguien o llevar a los hijos a una guardería; violenta también derechos de los trabajadores de la educación que tenían ingreso extra, promoviendo valores, deporte, alternativas lúdicas para su desarrollo integral.
Por el PVEM, la diputada María del Carmen Pinete Vargas planteó que las expresiones de las y los participantes clarifican la permanencia y necesidad de mantener el Programa, privilegiando la fuerza de la razón por encima de cualquier otro argumento. Celebró el entendimiento entre todos y que el diálogo, el debate de ideas y la apertura permitirá luchar por el bienestar de la sociedad y velar por que las acciones de gobierno respondan a las necesidades de niñas, niños y jóvenes.
Falta claridad en justicia administrativa
La diputada América Rangel presentó una iniciativa para que haya un orden en la justicia administrativa y en la impartición de la misma, para que sea de manera pronta y expedita.
Lo anterior, porque la Ley de Justicia Administrativa no es clara en cuanto a los plazos y en términos tanto de interposición, como los de resolución, sin hacer a un lado los plazos reales para practicar notificaciones, dejando claramente en estado de indefensión a las y los ciudadanos.
La mayoría de las ocasiones en las que se han interpuesto juicios de amparo, estos han sido desechados, argumentando que pueden ser impugnados vía juicio de nulidad, destacó la legisladora, quien añadió: “Lo cierto es que, de manera real, el juicio de nulidad y el juicio de amparo, no tienen los mismos efectos, pues el primero es incierto respecto a los tiempos de resolución y notificación”.
Eso deja en estado de indefensión a los ciudadanos porque mientras que en un juicio de amparo puedes obtener una suspensión en menos de un semana, en el juicio contencioso administrativo, se obtiene formalmente hasta en seis meses”.