Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares debe evitar a justiciables largas peleas: mag. Guerra Álvarez
Cd. de México viernes 11, Mar 2022
- El presidente de la Conatrib así lo planteó en la instalación del Grupo de Trabajo para la Legislación en Materia de Justicia Cotidiana, al seno de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados
El magistrado Rafael Guerra Álvarez enfatizó que la nueva legislación debe dotar a los jueces de herramientas para satisfacer la necesidad de las personas de resolver su situación familiar, defender su patrimonio o buscar reparación adecuada a sus derechos.
Ante legisladores de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, el presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), magistrado Rafael Guerra Álvarez, advirtió que el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares debe facilitar a los justiciables resolver sus conflictos, y evitarles una enorme y larga pelea.
En la instalación del Grupo de Trabajo para la Legislación en Materia de Justicia Cotidiana, enfatizó que el citado código debe dotar a los jueces de mayores y mejores herramientas para satisfacer la necesidad de las personas de resolver su situación familiar, defender su patrimonio o buscar reparación adecuada a la violación a sus derechos.
La decisión que tome el Congreso de la Unión, precisó, debe ser inclusiva de todos los operadores del sistema de impartición de justicia, litigantes y juzgadores, así como de todos los justiciables sin importar edad, sexo, posición social o económica, orientación sexual u otros factores.
Con la presencia del titular de la Comisión de Justicia, diputado Felipe Macías Olvera, de académicos, integrantes de barras de abogados, impartidores de justicia, entre otros, Guerra Álvarez destacó que, al seno de la Conatrib, durante dos años, se elaboró una propuesta de Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, cuya particularidad es que está formulada por jueces y magistrados que aplican el derecho en esas materias.
Afirmó que es de medular importancia que el nuevo código desarrolle y consolide la justicia oral, privilegie y aproveche los medios alternativos de solución de conflictos y dote a los poderes judiciales, federal y locales, de los recursos públicos e infraestructura para aplicar las nuevas disposiciones.
Planteó que en la nueva dinámica del procedimiento adversarial con el que opera la oralidad, desaparezcan prácticas que ponen en juego la imparcialidad de juzgadores; respecto a la importancia de los medios alternos para la solución de controversias, dijo que se trata de una herramienta fundamental para evitar el colapso del sistema de audiencias.
“No debemos perder de vista que, ante el reto de la oralidad, que exige la presencia directa y exclusiva de la persona juzgadora en la solución de conflictos, los medios alternativos de solución de controversias constituyen una herramienta fundamental que evitará el colapso del sistema de audiencias, ante la mayor cantidad de asuntos que se resuelven fuera de juicio con estos mecanismos alternativos”, abundó.
El magistrado centró las propuestas de la Conatrib en nueve puntos, entre los que también destacó la necesidad de que en la etapa de ejecución de sentencias también se aprovechen los beneficios del juicio oral, a fin de que, mediante la celebración de audiencias, se logre el cumplimiento voluntario de las partes, o incluso la ejecución forzosa.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, magistrado Ismael González Parra, en su oportunidad, también destacó el alcance de la propuesta de código formulado por la Conatrib, y dijo que, para su formulación, no sólo se consultó a jueces, magistrados y demás operadores jurisdiccionales del ámbito local, sino los distintos códigos procesales, criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, instrumentos internacionales y acuerdos de colaboración y buenas prácticas.
Se trata, resumió González Parra, de un proyecto garantista, orientado a proteger el derecho de acceso a la justicia, el cual privilegia la igualdad de las partes, establece procedimientos sencillos con lenguaje claro e incluyente, además de que permite ajustes fáciles y razonables para brindar una tutela efectiva a la ciudadanía y particularmente a los grupos más vulnerables.
