Ultrajes a la autoridad: abuso policial o civil
¬ Luis Ángel García viernes 4, Mar 2022Por la Derecha..!
Luis Ángel García
La Suprema Corte de Justicia de la Nación decretó la inconstitucionalidad del delito de ultrajes a la autoridad por ser violatorio de los derechos humanos del ciudadano. Efectivamente, el gobierno de Veracruz hizo uso desproporcionado e ilegal de ese recurso para la extorsión, la venganza política, la represión y el menoscabo de garantías civiles como la libertad de expresión. Sin embargo, se deja un vacío jurídico que propicia los excesos en la protesta social.
En el estado costero del Golfo de México se abusó del delito de ultrajes a la autoridad, mediante el cual corporaciones policiales pudieron extorsionar a ciudadanos para no remitirlos al ministerio público o ante un juez; el gobierno mismo de Cuitláhuac García utilizó esta figura para amedrentar, encarcelar a opositores, cobrar venganza política por viejos y nuevos agravios, presionar a grupos de poder contrarios al mandatario, hacer uso faccioso de la ley. Por tal motivo mantiene a más de mil personas en la cárcel.
El Máximo Tribunal del país declaró la inconstitucionalidad del tipo penal, por lo que tendrá que abrogarse de los códigos estatales. Si vemos el evento como abogados del diablo, no necesariamente acabarán los excesos policiales ni el abuso de autoridad, pero dejan una laguna legal que puede ser aprovechada por el ciudadano para cometer agravios en contra de cualquier autoridad sin enfrentar las consecuencias. Recordemos que esta figura punitiva siempre tuvo un fin político, desde su antecedente en el artículo sobre la disolución social, el cual facultaba a la policía a reprimir cualquier manifestación. Luego del movimiento estudiantil de 1968 se derogó el precepto, pero encontraron el sustituto en los ultrajes a la autoridad.
Cierto, ahora tenemos una legislación más laxa, menos represora; pero eso, per se no cambia la conducta del ciudadano ni de la autoridad. Sucede lo mismo que cuando desapareció el Servicio Secreto -instrumento rudimentario de inteligencia para la prevención de la delincuencia -, que cometió muchos excesos y actos de corrupción, pero tenía controlada al hampa. Si hay abusos y corrupción se castiga a los infractores, a los malos elementos, pero no se desaparece una institución.
Lo mismo, creo, sucederá con la abrogación de esta conducta antisocial. Seguirán los malos policías y las ilegales acciones de los gobiernos autoritarios y represores, continuará el uso faccioso de la ley bajo otras normas o nuevas disposiciones. Pero se abrirá la puerta -hay que reconocerlo-, a muchos comportamientos facinerosos y hasta fascistas de los grupos sociales. Se utilizará la protesta para dar rienda suelta a las agresiones a policías, a la destrucción del mobiliario urbano, a monumentos históricos y a la propiedad privada. ¿Qué autoridad querrá enfrentar a esos vándalos? De por sí los anarquistas, las ultra feministas, los grupos de choque de sindicatos y partidos, los radicales de las organizaciones de la sociedad civil enfrentan y agreden a todo tipo de uniformados desde policías hasta militares -como sucedió en Guerrero con el tráiler con que pensaban matar a elementos de las fuerzas armadas-, sabedores de que no serán sancionados. Hoy se debe pensar en una nueva figura que marque límites a la protesta social.
La perversidad del gobernador veracruzano, herido en su amor propio por el revés que dio la SCJN a él y a su obsequioso Congreso, ya anunció que prepara una iniciativa que le dé la vuelta a la disposiciones de los ministros, para mantener ese control sobre los ciudadanos, reprimir la protesta social y contar con un instrumento jurídico que le permita continuar con sus venganzas políticas.
Legisladores, miembros del Poder Judicial, juristas y los gobiernos democráticos deben aprestarse a proponer una nueva legislación que anule los deseos revanchistas de mandatarios como el veracruzano, pero que no deje en estado de indefensión a la autoridad y mucho menos a los policías.
