Reaparece el PRIMOR para restarle facultades al Tribunal Electoral Federal
Miguel Ángel Rivera miércoles 2, Mar 2022Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Otra vez, en el salón de plenos de la Cámara de Diputados volvió a aparecer un fantasma que, dicen los legisladores de la llamada Cuarta Transformación, no existe. Se trata del PRIMOR que se presentó nuevamente en el Palacio Legislativo de San Lázaro para quitarle atribuciones al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
El cambio consiste en una iniciativa para adicionar el inciso h del artículo 10 de la Ley General de Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, para instituir la improcedencia de impugnaciones a los actos parlamentarios del Congreso y detener cualquier intromisión de dicho tribunal, el mencionado TEPJF.
La iniciativa fue presentada por la diputada Graciela Sánchez Ortiz, presidenta de la Comisión de Reforma Política-Electoral de la mencionada Cámara de Diputados y, en términos generales, la intención de los legisladores es que los magistrados electorales no puedan intervenir en asunto que consideran exclusivos del Poder Legislativo.
Desde el principio quedó evidente que la iniciativa tenía todo el peso de las principales fuerzas de la Cámara de Diputados, encabezadas por la bancada mayoritaria de Morena, a las que sumaron su rémoras de siempre, el PT y PVEM, así como el PRI, con lo cual resurgió el negado fantasma del PRIMOR (PRI+Morena). Aunque formalmente se trata de una iniciativa de la mencionada Comisión de Reforma Política-Electoral, la propuesta llevaba la firma del presidente de la Mesa Directiva, el diputado de Morena Sergio Carlos Gutiérrez Luna, acompañado del presidente de la Junta de Coordinación Política, el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Ignacio Moreira Valdez.
El argumento central es la defensa de la división de poderes. En concreto, los diputados estiman indebido que el Tribunal Electoral, adscrito al Poder Judicial Federal, se entrometa en asuntos que consideran de la exclusiva competencia del Congreso de la Unión, su Comisión Permanente o cualquiera de sus Cámaras.
Movimiento Ciudadano, excluido de la Comisión Permanente
Para que mejor se aprecie el por qué del comportamiento de los diputados y su interés de quitarse de encima, es necesario hacer un repaso de acontecimientos recientes.
Resulta que al terminar el anterior periodo legislativo (de septiembre a diciembre de 2021), al discutirse la integración de la Comisión Permanente, las fuerzas dominantes en San Lázaro decidieron que Movimiento Ciudadano no tendría representante dentro del grupo de 19 diputados elegidos para el receso de finales de 2021 a enero de 2022, a pesar de ocupar más curules que el PRD, que sí tuvo un sitio. En consecuencia, MC sólo estuvo representado en la Permanente por la senadora Patricia Mercado.
Esta situación causó el disgusto de la dirigencia de MC, partido fundado por el también senador Dante Delgado Rannauro, que se inconformó ante el TEPJF.
Los magistrados electorales (TEPJF) consideraron injustificada la decisión de dejar fuera de la representación de la Cámara de Diputados en la Permanente a MC, pero ya nada se podía hacer pues el fallo se conoció el 26 de enero, cuando ya prácticamente había terminado el receso legislativo. De cualquier forma, la sala superior del TEPJF determinó que ese partido debería formar parte de la representación de la Cámara de Diputados en la próxima Comisión Permanente.
Este fallo provocó la reacción adversa de los diputados, que alegaron una intromisión ilegal de un poder federal (el Judicial) en los asuntos internos de otro (el Legislativo) y por eso promovieron la iniciativa que ayer fue aprobada. Al presentar la iniciativa, la diputada Ortiz Sánchez señaló que el propósito de la misma consiste en “demostrar que la jurisdicción electoral carece de competencia para revisar la constitucionalidad y legalidad de actos parlamentarios emitidos por sus órganos de gobierno, sobre todo, los que se refieran a la integración, organización y funcionamiento interno”.
Aunque la adición a la Ley General de Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral está directamente vinculada con esa sentencia de los magistrados electorales, no puede considerarse aislada de la embestida que desde la Presidencia de la República se ha lanzado contra los órganos legislativos como el multimencionado TEPJF y el Instituto Nacional Electoral, que inclusive están amenazados con la desaparición.
En la Cámara de Diputados la inconformidad con la reforma finalmente aprobada la sostuvo la bancada de Movimiento Ciudadano.
A nombre de ese grupo parlamentario, la diputada Mirza Flores Gómez presentó una moción suspensiva, por considerar que no había sido suficientemente revisada (se presentó apenas el pasado día 3 de febrero) y, además, sostuvo que se violan los derechos de tres y medio millones de ciudadanos que votaron por su instituto político.
Además, Jorge Álvarez Máynez, también de MC, destacó que “evidentemente se le está tratando de hacer el vacío a un atraco como el que se está a punto de votar. Que no tengan cuidado. Lo primero que les quiero decir es que esta ley, si se llegara a concretar en el Senado de la República, les vamos a volver a ganar en un tribunal constitucional, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que va a defender la división de poderes, el Estado constitucional de derecho y que no va a permitir que se haga algo como lo que se pretende. El equilibrio de poderes, la revisión intrapoderes, los pesos y contrapesos de los poderes constitucionales no los pueden borrar por decreto”.
El gobernador de Veracruz busca la forma de burlar a la Suprema Corte
En el Senado estuvo a discusión otro intento de burlar una sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Se trata del intento de los diputados de Veracruz, inspirados por el gobernador surgido de Morena, Cuitláhuac García, de mantener vigente la ley que castiga el “ultraje a la autoridad”, que el mandatario ha utilizado para enviar a su críticos y opositores a la cárcel.
Esa ley ha sido repudiada inclusive dentro de las filas de Morena, como es el caso del coordinador de los senadores del partido guinda, Ricardo Monreal, que inclusive logró rescatar a unos jóvenes injustamente acusados.
Ayer, en el Senado, integrantes del grupo parlamentario del PAN calificaron como una “burla” para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, prepare una iniciativa de ley en para cambiar el nombre de delito de ultrajes a la autoridad que fue invalidado por los ministros.
El coordinador del PAN, el también veracruzano Julen Rementería, consideró que “es verdaderamente increíble que el gobernador diga: ‘Bueno, como tipificaron el delito y el nombre es el que incomoda, pues le voy a cambiar el nombre’, porque, en síntesis, es lo que está proponiendo”.
“Dejar, digamos, la misma acción, pero ahora con diferente nombre. Es una burla para la Corte lo que está planteando el gobernador”, agregó el senador.
El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, exigió al gobernador “que acate las resoluciones correspondientes, corrija de manera inmediata ese tema y se atenga a las consecuencias”. “Con la ley no se juega, mucho muchos cuando está de por medio la libertad de las personas. El gobernador no tiene remedio, todos los días da muestras de su ineptitud y no le tiene miedo al ridículo”.
El coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, mencionó que “el nombre se puede cambiar, lo que no se puede hacer es repetir las inconsistencias e inconstitucionalidades de que estaba revestido, si se corrige todo eso se puede crear cualquier tipo penal, pero no se puede repetir la ilegalidad”.
Por su parte, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, quien, como mencionamos ha tenido desacuerdos con el gobernador veracruzano, comentó que el Senado no se considera un ganador tras dicha decisión de la Corte y pidió al gobernador García “meditar y privilegiar el respeto a los derechos humanos”.
Mientras tanto, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado exhortó al gobierno de México a que proponga a todas las potencias nucleares involucradas en el conflicto de Ucrania, suscribir de manera urgente un Acuerdo que proscriba de manera absoluta el uso de armas de destrucción masiva en cualquier escenario que pueda derivar de la actual crisis.
